Las claves de la decisión del juez para archivar la causa contra Mónica OltraLucas Marcoel abril 2, 2024 a las 11:55 am

Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana el 21 de junio del 2022 tras su imputación en la causa que investigaba la gestión de su departamento en relación a la denuncia por abusos de una menor tutelada contra el educador Luis R. I., exmarido de la dirigente de Compromís. Casi dos años después de su dimisión, el juez instructor ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para Oltra y el resto de investigados.

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València sostiene que “no existen en suma indicios de la comisión de delito alguno» contra Oltra y su equipo en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Los hechos que propiciaron esta compleja instrucción se remontan a 2017. Aquel año, Maite T., menor tutelada por la Generalitat Valenciana, denunció por abusos a Luis Eduardo R. I., exmarido de Oltra y educador en el centro concertado Niño Jesús. Aunque en un primer momento varios psicólogos y responsables del centro no dieron verosimilitud a la denuncia, tras una encuentro casual con agentes de la Policía Nacional, la chica, entonces de 14 años, reiteró su denuncia y la Fiscalía de Menores abrió diligencias.

La Conselleria de Igualdad tramitó un expediente interno sobre la denuncia cuando la Fiscalía de Menores mantenía abiertas diligencias. Las conclusiones de la información reservada desacreditaban la versión de la menor.

El 28 de noviembre del 2019, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Luis Eduardo R. I. a cinco anos de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años. La defensa del condenado presentó un escrito aludiendo a la información reservada que no se había incorporado al juicio oral. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) estimó el recurso del exmarido de Oltra, anuló la sentencia y ordenó repetir parcialmente el juicio. 

Tras la nueva vista, habiéndose incorporado los informes, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a la misma pena al educador, un fallo confirmado posteriormente por el TSJ-CV y por el Tribunal Supremo en casación. La segunda sentencia valoraba muy negativamente la actuación del departamento de Oltra.

Así, la defensa de la menor, que ejerce el abogado ultra José Luis Roberto, denunció la gestión de la Conselleria de Igualdad. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València abrió una investigación que trataba de dilucidar si el departamento de Oltra maniobró para beneficiar la situación procesal de su exmarido.

Aunque en un primer momento el juez Vicente Ríos rechazó abrir una causa, la Audiencia Provincial de València obligó al instructor a investigar los hechos. Tras una primera fase de la instrucción, en la que declararon funcionarios y miembros del gabinete de la Conselleria de Igualdad, el juez pidió en 2022 al TSJ-CV la imputación de Oltra, entonces aforada al ser vicepresidenta de la Generalitat Valenciana con el Pacte del Botànic, firmado por el PSPV-PSOE y Compromís.

Un duro escrito de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, allanó el terreno para que Oltra tirara la toalla. Después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV decidiera imputar a Oltra, la dirigente de Compromís comunicó su dimisión en una dura rueda de prensa en la que denunció ser víctima de un supuesto ‘lawfare’ (el uso de la justicia con fines políticos). La dimisión supuso la pérdida del aforamiento y el retorno de la instrucción a manos del juez Vicente Ríos.

A la causa, además de la acusación particular que ejerce el neofascista José Luis Roberto, se sumó Vox y la agitadora ultra Cristina Seguí, como acusaciones populares. La acusación que ejerce Seguí pidió reiteradamente que se investigaran los correos electrónicos intercambiados entre Oltra y su equipo en distintos periodos de 2017. Sin embargo, tras el análisis policial decenas de miles de ‘e-mails’, no se halló rastro de orden alguna por parte de Mónica Oltra para beneficiar a su exmarido.

Además de la vertiente penal, la causa propició un terremoto político con la dimisión de Oltra y ahondó las disensiones internas en el seno del Pacte del Botànic, formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem. De rebote, descabezó a Compromís de su principal activo político desde su fundación. En las últimas elecciones autonómicas, los dos partidos progresistas perdieron los comicios y el popular Carlos Mazón pactó con Vox para gobernar en el Palau de la Generalitat.

Oltra volvió a ejercer de abogada, especializada en mediación, mientras la instrucción, que mantenía imputados a varios cargos de confianza, avanzaba conforme las acusaciones populares solicitaban la práctica de diligencias adicionales. Tras los informes policiales sobre el análisis de los correos electrónicos, la instrucción estaba prácticamente cerrada.

Este martes (primer día laborable en València tras las vacaciones de Pascua), el instructor ha dictado un auto que acuerda el sobreseimiento provisional “respecto a la totalidad de los investigados” al “no haberse justificado la perpetración de delito alguno por parte de los mismos”.

La resolución alega que “no existen en suma indicios de la comisión de delito alguno». El instructor señala que “en ningún caso existió una directriz o consigna”, dictada por Mónica Oltra o por cualquier cargo de la Conselleria de Igualdad, “orientada a desacreditar a la menor o a favorecer” al exmarido de la líder de Compromís.

Casi dos años después de su dimisión, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa. Paradójicamente, las diligencias solicitadas por las acusaciones populares en relación a los ‘e-mails’, han propiciado el abrupto final de la instrucción. El instructor ha dictado el sobreseimiento después de las conclusiones sobre los correos electrónicos.

Queda en el aire el futuro político de Mónica Oltra en un momento en que la extrema derecha gobierna con el PP de Carlos Mazón.

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