Es un «manzanas traigo» de libro.
Todos los países menos uno hablan del embargo al petróleo ruso desde hace un mes. Pero Viktor Orbán piensa en sus fondos Next GenerationEU de recuperación bloqueados por su deriva autoritaria y por los problemas de corrupción detectados por la Comisión Europea en la gestión del dinero comunitario.
Todos los países quieren imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales, en línea con lo acordado en la OCDE por más de 130 países. Pero Mateusz Morawiecki piensa, como Orbán, en sus fondos europeos bloqueados por el asalto al sistema judicial polaco por parte de su Gobierno, además de las legislaciones homófobas.
Pero sin Orbán no se aprueban las sanciones a Rusia, porque requieren unanimidad. Y sin Morawiecki no se aprueba el impuesto mínimo del 15%, porque también requiere del sí de los 27.
Mientras Polonia se ha visto privada de los fondos del plan de recuperación europeo que le corresponden (23.900 millones de euros en subvenciones y 12.100 millones de euros en préstamos), ha ido poniendo palos en las ruedas con múltiples dosieres, desde las conclusiones a la cumbre UE-Unión Africana, hasta los desarrollos del Pacto Verde Europeo. Y en las mismas se ha situado Hungría, que aspira a 7.200 millones del plan de recuperación.
En efecto, no es la primera vez que se vive una situación así. Ya a finales de 2020 los dos protagonistas secuestraron los 750.000 millones de los fondos de recuperación Next Generation de la pandemia y el presupuesto plurianual par 2021-207 de 1,074 billones porque se negaban a dar vía libre al mecanismo de condicionalidad que vinculaba el dinero europeo al Estado de derecho. Y no les faltaba razón, porque ahora se está aplicando, precisamente, contra Hungría.
Pero hizo falta un acuerdo para rebajar el alcance del mecanismo, y un compromiso de la Comisión Europea de no aplicarlo hasta que hubiera una sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al final llegó.
Ahora la historia se repite. El país que más beligerancia reclama contra Rusia, Polonia, está a la vez gestionando la mayor parte de los seis millones de refugiados ucranianos. Pero, también, tiene una montaña de pleitos y multas abiertas con Bruselas por su asalto a la independencia judicial en el país, así como por las legislaciones homófobas.
Sin embargo, parece que, en su caso, quizá precisamente por su papel protagonista en la gestión del éxodo ucraniano, la Comisión Europea se dispone a desbloquear sus fondos de recuperación la próxima semana.
Así lo ha anunciado la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant, quien ha comunicado que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, viajará a Polonia el 2 de junio.
«La Comisión Europea trabaja con Polonia la puesta en práctica del plan de recuperación y resiliencia», decía este martes el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, tras la reunión del Ecofin en Bruselas, en la que mostraba su confianza de que pudiera aprobarse el impuesto mínimo del 15% en la siguiente reunión de ministros de Economía de la UE: «Y estoy convencido de que podremos celebrar un acuerdo el 17 de junio, tanto con Hungría como con Polonia. Creo que estamos eliminando los obstáculos que persistían de cara a un consenso sobre la imposición mínima de las empresas. Esta medida es fundamental, redunda en interés de todos evitar esta optimización fiscal que fragiliza la construcción europea y que legítimamente suscita la cólera de buena parte de nuestros conciudadanos, en Italia, en Polonia, en Hungría o en Francia».
Eso sí, tanto Polonia como Hungría camuflan su chantaje con cuestiones técnicas. En el caso del impuesto a las multinacionales, Le Maire explicaba el martes los argumentos técnicos polacos: «Uno de los objetivos clave del gobierno polaco es que haya una auténtica relación entre el pilar uno y el dos. El problema es que es muy difícil establecer ese vínculo jurídico porque el pilar uno se basa en un acuerdo internacional y el pilar dos se basa en una directiva europea, y por esta razón no será un vínculo jurídicamente vinculante, pero sí políticamente vinculante entre estos dos pilares. No estamos lejos de dar con la terminología adecuada y encontrar la forma de llegar a un consenso».
En efecto, la propuesta de la OCDE de octubre pasado consistía en dos pilares.
El primer pilar fija que el 25% de los beneficios de las empresas con una facturación superior a los 20.000 millones de dólares (unos 19.000 millones de euros) y una rentabilidad superior al 10% tendrían que pagar impuestos en los países en los que tienen su actividad. Según la OCDE, el pilar uno afectaría a cerca de las 100 mayores multinacionales –Google, Facebook, tecnológicas, etc– y generaría unos 125.000 millones de dólares (119.000 millones de euros) en ingresos anuales a los países y territorios afectados.
El segundo pilar introduce un tipo mínimo global del 15%, que se aplicaría a empresas con ingresos superiores a los 750 millones de euros. El Observatorio Fiscal de la UE calculó que los países de la UE podrían ingresar unos 80.000 millones de euros anuales con la reforma.
El caso de Hungría es algo distinto. No tiene visos de que su plan de recuperación vaya a aprobarse tan pronto como el polaco. Además, ya tiene activado el mecanismo de condicionalidad por casos de corrupción vinculados a su gestión de los fondos europeos, y su peso en la UE no es como el de Polonia –10 millones de habitantes frente a 40–, su papel en la guerra de Ucrania tampoco está siendo tan protagonista como el de Varsovia en la gestión de los refugiados, por ejemplo; y los fondos pendientes son una tercera parte de los polacos.
Pero el manual es el mismo: ejerce el derecho de veto en algo delicado como táctica para conseguir otras cosas. Eso sí, con argumentos técnicos.
En este caso, el problema –real– que argumenta Hungría es que no tiene salida al mar ni manera de sustituir la dependencia energética rusa, que le llega por oleoductos y gasoductos. Y que si se corta el petróleo, no tiene alternativas. Y para eso pide dinero: primero se circuló una cifra en torno a 700 millones de euros, pero luego apareció otra mucho mayor, de hasta 15.000 millones, para construir oleoductos con países vecinos y poner al día refinerías. «Cortar ahora el petróleo ruso sería como tirar una bomba nuclear en la economía húngara», ha dicho varias veces Orbán.
Pero, ¿cuál es el problema añadido? Que el plan de aceleración de la independencia energética de la UE con respecto a Rusia, el REPowerEU, plantea un trasvase de dinero dentro de los fondos europeos de recuperación. Y, claro, Hungría no tiene esos fondos Next Generation aprobados, por lo que difícilmente podría llegarle el dinero que pide a través del REPowerEU.
No obstante, en Bruselas siempre hay soluciones para todo si hay suficiente impulso político.
Orbán ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que le pide que no se aborde el debate sobre el sexto paquete de sanciones a Rusia en la cumbre del 30 y 31 de mayo. “Discutir el paquete de sanciones a nivel de líderes en ausencia de un consenso sería contraproducente”, escribió Orbán en la carta enviada a Charles Michel y cuyo contenido ha sido revelado por el Financial Times. “Solo resaltaría nuestras divisiones internas sin ofrecer una oportunidad realista de resolver las diferencias. Por lo tanto, propongo no abordar este tema en el próximo Consejo Europeo”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha descartado llegar a un acuerdo sobre la prohibición de las importaciones de petróleo ruso en el Consejo Europeo del lunes y el martes. En una entrevista con Politico, Von der Leyen ha dicho que no quería generar “falsas expectativas” de que se llegara a un acuerdo la próxima semana: “Creo que no es un tema apropiado para ser resuelto en el Consejo Europeo porque es muy técnico lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de países sin costas que necesitan suministro alternativo por oleoducto, por lo que hay que hablar de la inversión en los oleoductos para aumentar el suministro, y de refinerías que hay que actualizar, así como de inversión y energías renovables”.
Sin embargo, Michel afirmó este miércoles desde Suecia que sí veía posibilidades de un acuerdo antes del Consejo Europeo: «Estamos trabajando mucho para resolver el tema. Hay una propuesta puesta sobre la mesa por parte de la Comisión. Hemos comenzado hace unas semanas a abordar la cuestión de las sanciones al petróleo ruso. Tengo muchos contactos con diferentes líderes de la UE y sigo confiando en que podamos resolver el asunto antes del Consejo Europeo. Requiere mucho diálogo, mucho esfuerzo político y estamos trabajando muy duro para poder permanecer unidos, que es extremadamente importante para quebrar la maquinaria de guerra rusa y tratar de presionar al Kremlin para poner fin a la guerra».
Este domingo se vuelven a reunir en Bruselas los embajadores de los 27 ante la UE, en lo que podría ser la última oportunidad de desbloquear las sanciones al petróleo ruso antes de que los líderes se sienten el lunes frente a frente.
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