El Gobierno pretende que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. Y para ello, lo ha impuesto a las Comunidades Autónomas como condición indispensable del Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros, que prevé una inversión de 7.000 millones hasta 2030, el triple que en el periodo anterior. No es la única condición que impone a la hora de aprobar las transferencias territoriales que deben impulsar la vivienda pública en España.

Además, el Gobierno exige a las Comunidades que compartan más datos sobre vivienda y faciliten información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real. Además, les exige que cofinancien en un 40% este plan e incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante. La cláusula “estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”.

Por ahora, la primera Comunidad Autónoma en oponerse a este plan ha sido Madrid, cuyo consejero de Vivienda, ha rechazado los requisitos, ha asegurado que el Ministerio “invade competencias” y ha lamentado que “o haces lo que el Gobierno dice, o no hay dinero”. Sin embargo, fuentes de la Comunidad aseguran que “el voto no se dirimirá hasta que no se celebre la conferencia sectorial” de presidentes autonómicos el próximo mes de mayo.

¿Cuánto irá destinado a vivienda pública?

El principal objetivo del plan pasa por fomentar la vivienda pública, con una inversión prevista de 2.800 millones, el 40% de toda la inversión, destinada a este fin. Gran parte de estos fondos irán a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), mediante colaboración público-privada, puesto que el Estado contratará a las constructoras y les cederá suelo para esta ampliación. Una parte se destinará también a habilitar vivienda vacía. Estos 2.800 millones serán ejecutados por las Comunidades Autónomas, ya que la construcción de vivienda pública a cargo del Estado la centralizará Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda que se debe autofinanciar con fondos propios.

Del resto de inversión, un 30% se dedicará a la rehabilitación de vivienda, o sea, unos 2.100 millones de euros para mejorar el estado y la eficiencia energética de las viviendas. Los 2.100 millones restantes se repartirán en otras partidas como las que destinarán ayudas de hasta 8.000 euros para actuaciones estructurales en vivienda, de 13.000 para mejorar la accesibilidad. El Gobierno premiará también a los propietarios que cedan vivienda al alquiler asequible e invertirá 12.000 euros en la reforma de esta vivienda y 18.000 más para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

También se repartirán ayudas para construir vivienda pública de venta en municipios de menos de 10.000 habitantes con el objetivo de repoblar zonas rurales. Y, por último, se concederán ayudas para vivienda a familias vulnerables y a víctimas de violencia machista.

Cuánto irá a cada Comunidad

El nuevo plan ha hecho una estimación de, con una aportación del 60% del Estado y un 40% de las comunidades, cuánto debe invertir cada Comunidad en vivienda hasta 2030. Andalucía será la que contará con más fondos si se acoge al Plan, con 1.197 millones, 876 millones más que en el plan 2022-2025, mientras que la Comunidad de Madrid se acerca mucho a estas cifras con 1.113 millones que suponen 815 millones más. Catalunya es la tercera comunidad que más fondos recibirá, con 1.015 millones de euros, 473 millones más que en el anterior plan.

La Comunidad Valenciana recibirá 798 millones (557 más), Galicia 399 (292 más); Castilla y León, 378 millones (276 millones más); Canarias, 371 millones (271 millones más); Murcia, 308 millones (257 millones); Castilla-La Mancha, 280 millones (205 millones más); y Aragón, 266 millones (195 millones más). Para Asturias irán 231 millones (174,7 millones más que en el plan anterior); para Extremadura, 210 millones (153,7 millones más), a las Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (97,3 millones más) y La Rioja, 119 millones, (85,4 millones más).

Una de las novedades que presenta este Plan Estatal es que las transferencias a las Comunidades Autónomas se harán con base en unos objetivos a cumplir, unos mínimos que los territorios deben garantizar para recibir su parte. La primera de las tres condiciones es que la vivienda que se construya o proteja con estos fondos deberá estar permanentemente protegida, con tal de que no se dediquen a la especulación. La segunda condición es que las comunidades se comprometan a aportar un 40% de los fondos necesarios para la vivienda asequible. Y la tercera es que los territorios se comprometan a ofrecer datos fiables sobre el mercado de la vivienda en todos sus sentidos.

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