Bruselas ha obligado a España a reformar la tarifa semirregulada de electricidad para desvincularla de la cotización horaria del mercado mayorista de electricidad. Según confirman fuentes del Gobierno, se trata de una exigencia de la Comisión Europea para dar luz verde al tope ibérico al gas que han aprobado este viernes por España y Portugal. El mecanismo ya ha sido aprobado por ambos gobiernos y ahora necesita el visto bueno definitivo de Bruselas, lo que puede llevar hasta «dos semanas», según la vicepresidenta Teresa Ribera.

El cambio en la metodología de cálculo del PVPC va a tener que implementarse “a principios de 2023”, como explica uno de los borradores del Real Decreto-Ley que se va a publicar este sábado en el BOE.

“Una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)”, indica el texto.

Según confirman fuentes del Gobierno, es “una de las cuestiones que nos ha establecido la Comisión Europea en el proceso de prenotificación” del mecanismo y permite “una convergencia de una manera razonable” con otros países protegiendo a los consumidores de cara al próximo invierno y ante “lo que puede ocurrir” con los mercados del gas, en alusión a un posible corte del suministro ruso. También permite dar “más liquidez” a los mercados a plazo. 

El borrador al que ha tenido acceso elDiario.es señala que “la subida de precios del mercado diario e intradiario y su alta volatilidad han perjudicado especialmente a los pequeños consumidores domésticos con potencia contratada menor o igual 10 kW, que se encuentra acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor, entre los que se encuentran los consumidores vulnerables con derecho a la aplicación del bono social”, recuerda el texto.

“Esta traslación directa de la volatilidad y del elevado precio del mercado diario e intradiario al PVPC se debe a que la metodología para establecer el coste de la energía emplea exclusivamente el precio del mercado diario e intradiario en cada hora”.

Este sistema lo introdujo el Gobierno del PP en 2014 y ha recibido fuertes críticas de las compañías eléctricas, que llevan años pidiendo su eliminación. Al estar directamente indexado al mercado mayorista, el PVPC comporta una fuerte volatilidad, aunque muchos expertos creen que traslada plenamente la señal de precio al consumidor. Pero la exponencial subida del mercado mayorista de electricidad a partir del pasado verano ya llevó al Ministerio para la Transición Ecológica a abrir una consulta pública el pasado octubre, con el objetivo de recabar propuestas para la reforma de esta tarifa.

Para “reducir la volatilidad” del PVPC, el Gobierno deberá “introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando una componente de precio basada en una cesta de productos de mercados a plazo -anuales, trimestrales y mensuales- y una componente de precio del mercado diario e intradiario de tal forma que la nueva fórmula de fijación del coste de la energía del PVPC pueda empezar a aplicarse a principios de 2023”. El sistema se asemejaría más al sistema de fijación de la tarifa regulada en Portugal.

Así, antes del próximo 1 de octubre de 2022, el Gobierno deberá introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando en la formulación de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor “una componente de precio basada en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario”.

“La cesta de productos incluirá productos de mercados a plazo, entre ellos, podrán utilizarse futuros anuales, futuros trimestrales y futuros mensuales, e incluirá una componente de precio del mercado diario e intradiario que garantice una cierta exposición de estos consumidores a la señal de precio de corto plazo e incentive la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda”, dice el borrador.

“Reglamentariamente se establecerán los coeficientes de ponderación de cada uno de los productos de la cesta que se considerarán en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor”, añade el texto.

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