La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo para la causa contra la expresidenta madrileña por el caso de la financiación irregular del PP de Madrid en el caso Púnica. En su escrito de conclusiones, Anticorrupción concluye que no hay motivos para solicitar el ‘procesamiento’ de Aguirre, que permanecía imputada desde septiembre de 2019. Ahora será el juez Manuel García Castellón, tras recibir los informes del resto de las partes, quien decida si propone juzgar a Aguirre o no.

Las fiscales del caso desde su origen, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, se han negado a firmar el escrito de conclusiones, que solo lleva la rúbrica de Alejandro Cabaleiro, y quien lleva tan solo dos años en la Fiscalía Anticorrupción, informan a elDiario.es fuentes fiscales. Poco después se incorporó al caso por orden del fiscal jefe Alejandro Luzón. Las mismas fuentes apuntan a que el fiscal que firma el escrito alega la prescripción de los hechos para exonerar a Aguirre.

En su auto de imputación, el juez situó a Aguirre en reuniones clave donde presuntamente se urdió la caja B del partido. En concreto, resaltaba que la “supervisión” y el “control” de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de las diferentes consejerías en sus contratos de publicidad se centralizó “al más alto nivel” del gobierno regional, desde donde se diseñó un “plan” para poner las partidas de publicidad “al servicio del partido”. A ella le atribuye el rol de supervisora, mientras que sus colaboradores Beltrán Gutiérrez, Ignacio González y Francisco Granados se encargaban del “control directo” y ejecutaban las decisiones de la presidenta.

Los documentos sobre los que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción recordaban que bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) se cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que supuestamente se usaban para mover las donaciones de las empresas hacia la caja B del partido. De todo ello hay pruebas en el sumario de la trama Púnica, que incluye la declaración de algunos empresarios que admitieron pagos irregulares a la formación.

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