Un giro de guion inesperado. La aprobación de una enmienda en el Senado ha retrasado este martes la aprobación definitiva de la conocida como ley del ‘solo sí es sí. Se trata de una modificación presentada por Junts y que modifica una letra de una palabra del texto, a la que se han sumado el resto del grupo nacionalista, el Partido Popular, tres senadores de Ciudadanos, los senadores de la Izquierda Confederal y el Grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

Una vez finalizado el debate y después de que el presidente de la cámara, Ander Gil, haya anunciado que la ley debía volver al Congreso tras el respaldo de la enmienda, la confusión se ha extendido por los pasillos del Senado. Los letrados han estado estudiando qué hacer porque la enmienda apenas cambia el texto, pero según fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, finalmente han decidido que deberá volver al Congreso, por lo que habrá que esperar a ver la aprobación definitiva de uno de los proyectos más relevantes del Gobierno y que daba por hecho este martes. La Cámara Baja, sin embargo, no tiene plenos extraordinarios convocados por ahora, por lo que puede ser que el trámite se alargue hasta septiembre.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual pretende cubrir la ausencia de políticas públicas en España para combatir la violencia sexual y diseña un marco de medidas integrales al estilo del que ya existe desde 2004 para las de violencia de género. PP y Vox, que han votado en contra de la norma, han intentado tumbarla a través de los vetos, pero han sido rechazados. Aún así, los populares han conseguido sumándose a la enmienda de que la norma no se apruebe aún. De hecho, el senador Javier Maroto ha celebrado en Twitter que tenga que volver al Congreso.

La enmienda, que se refiere a un párrafo del preámbulo de la ley, modifica el género de una palabra. En concreto, pasa de rezar «detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosas» a «detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos». Según explica el senador de Junts, Josep Lluis Cleries, uno de los autores de la enmienda, la intención del partido era sustituir la palabra «forzosas» por «forzosos» con el objetivo de englobar también al aborto, no solo las esterilizaciones para «responder al artículo 39 del Convenio de Estambul, que lo recoge así». El literal de la enmienda es el siguiente:

«En tanto el capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos». La norma que llegó del Congreso, y que ya había incorporado este texto en forma de enmienda, sustituía esta última palabra por «forzosas».

Sin embargo, su aprobación ha sido inesperada, se preveía que la ley ya pasara a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrara en vigor a los 30 días. Sobre todo porque la Comisión de Igualdad del Senado, que es el paso previo, no respaldó enmiendas la semana pasada. De hecho, fuentes de algunos de los grupos de izquierda que han votado a favor reconocían su confusión y confiaban en que la norma no se devolviera. Sin embargo, la normativa obliga a que cualquier modificación que se produzca en el Senado, por pequeño que sea, sea revisado por el Congreso.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asistido al pleno pensando que se aprobaría definitivamente. Ha agradecido su empuje al movimiento feminista, del que ha dicho, el Gobierno recibió el mandato de convertir el ‘hermana yo si te creo’ y el ‘no es abuso, es violación’ en una ley «que fuera capaz de proteger eficazmente a todas las mujeres». Montero ha reconocido que «queda mucho camino por recorrer para acabar con las violencias machistas» y ha asegurado que el Ejecutivo «no es autocomplaciente», pero ha asegurado que con la norma, España «da un paso decisivo para combatir las violencias sexuales», que «nos coloca, al igual que lo hizo la de 2004, a la vanguardia internacional».

Las derechas han intentado una vez más que la ley no salga adelante a través de la defensa de sus vetos, que han sido rechazadas. La extrema derecha de Vox ha vuelto a replicar el mensaje negacionista que ya enarboló en el Congreso y la ha tildado de «ley ideológica» que pretende «criminalizar» y «fomentar el odio a los hombres y el adoctrinamiento de nuestros hijos», ha asegurado José Manuel Marín. Por su parte, la popular Adela Pedrosa ha acusado al Gobierno de «utilizar a las víctimas» que «no van a mejorar su protección» y ha cargado contra la «técnica jurídica» y la «cuestionable constitucionalidad» del texto.

A ello han respondido el resto de grupos, que han lamentado «el discurso machista basado en la desigualdad» de Vox, según la senadora socialista Elena Diego, que ha advertido a la ultraderecha: «Tengan cuidado, están haciendo mucho daño con su discurso porque llegan de forma fácil a los jóvenes, lo saben y lo hacen». «El feminismo no sostiene la supremacía de las mujeres frente a los hombres, sino que en su centro está la vida y la igualdad frente al fascismo», ha respondido Pilar González, de la Izquierda Confederal, que ha reivindicado la necesidad de la ley como «un primer paso, no una meta».

Buena parte de las intervenciones han servido para confrontar los discursos de las derechas. Así lo ha hecho también el Grupo Parlamentario ERC-Bildu en boca de la senadora Sara Bailac, que ha lamentado el uso que hace la extrema derecha del delito para perseguir el comúnmente conocido como acoso callejero que introduce en la ley. «Nos acusan de perseguir los piropos y se van a buscar la caricatura, pero yo cuando lo leo [este artículo de la ley] pienso en mis amigas encerradas en su coche viendo como un tipo se masturba en la ventanilla y situaciones similares que hemos tenido que soportar las mujeres y que han quedado impunes».

Algunos de los grupos han lamentado la dilatación de la ley y las desavenencias que generó en el seno del Gobierno, tanto al salir del Consejo de Ministros como al final del trámite a cuenta de la prostitución, lo que provocó que finalmente los artículos relativos a esta cuestión quedaran fuera. Sin embargo, el germen de la norma se remonta a hace seis años. Fue la violación cometida por ‘la manada’ en los Sanfermines de 2016 y, sobre todo, la sentencia que dos años después falló que había sido un abuso sexual y no una agresión, la que abrió un debate en España sin precedentes que se hizo clamor feminista.

El caso funcionó como un catalizador para que miles de mujeres rompieran el silencio sobre la violencia sexual y ayudó a denunciar su revictimización y poner el foco en la justicia y el Código Penal, que la ley reforma. El objetivo es inaugurar un cambio de paradigma en línea con lo que exige el Convenio de Estambul: los abusos sexuales dejarán de existir; todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. Habrá un tipo atenuado atendiendo a la menor gravedad del hecho y también varios agravantes como el uso de fármacos, si el agresor es pareja o expareja de la víctima, si es grupal o si se da una «violencia de extrema gravedad» o «actos especialmente vejatorios».

Esto implica que ya no hará falta acreditar violencia e intimidación, que es la condición que exige la ley para que haya una agresión sexual, y que es frecuente que los tribunales interpreten de modo estricto. Prueba de ello son las viscitudes judiciales de la violación de ‘la manada’. Unos mismos hechos fueron interpretados como abuso sexual, es decir, sin violencia e intimidación, por la Audiencia Provincial de Navarra, como sexo consentido por el juez Ricardo González, que puso en duda la credibilidad de la víctima, y finalmente como agresión sexual por el Tribunal Supremo.

Con el mismo Código Penal en la mano, el actual, hay jueces que ven violencia y otros que no, y el margen para la interpretación seguirá existiendo, pero la ley pretende apuntalar un modo de juzgar la violencia sexual basado en el «solo sí es sí» y evitar la exigencia de una resistencia activa de la víctima para decretar que hubo una agresión sexual. Y en esta línea, la ley incorpora una definición de consentimiento. De fondo, esta nueva forma de entenderlo apunta a que el silencio no es un sí, si no hay una expresión clara de la voluntad de mantener relaciones sexuales, no hay consentimiento y la ausencia de voluntad o movimiento, no equivale a que sí lo haya.

Pero la ley va mucho más allá de la reforma penal. El objetivo es que la violencia sexual sea concebida en España como un problema social y estructural que afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Para ello, despliega un abanico de medidas en todos los ámbitos, entre ellas, la especialización continua de todos los operadores jurídicos o la creación de una red de centros de atención integral 24 horas. Contempla, además, políticas públicas de prevención y sensibilización, educación sexual en las aulas y protocolos para prevenir y detectar estas violencias.

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