El Partido Popular ha recurrido este jueves a una larga retahíla de reproches y descalificaciones contra el Gobierno progresista para justificar su rechazo a la convalidación del real decreto ley de ahorro energético que se ha debatido en el Congreso de los Diputados, en un Pleno extraordinario. Pese a la actitud del principal partido de la oposición, la norma será avalada en la primera sesión parlamentaria del curso político por una amplia mayoría de la Cámara Baja gracias al apoyo de los socios habituales del Ejecutivo que, no obstante, han reprochado a PSOE y Unidas Podemos que negociaran esos respaldos en el último minuto.

El debate sobre la iniciativa ha comenzado con la intervención de la ministra de Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que, tras resumir todas las medidas incluidas en el decreto –entre ellas, las limitaciones en la climatización, el apagado de edificios administrativos y escaparates, pero también las ayudas al transporte y el aumento de las becas de estudio–, ha pedido al PP, en un último intento que ha resultado frustrado, que cambiara su posicionamiento y apoyara la convalidación.

Tras recordar que las medidas tienen como objetivo «hacer frente al chantaje de Putin» y «combatir la amenaza del cambio climático», la ministra ha apelado a la unidad política para dar luz verde a unas iniciativas de ahorro consensuadas en el seno de la Unión Europea. «Asuntos tan importantes deben concertar consenso y no actitudes obstruccionistas», aseguraba, dirigiéndose al PP, al que pedía defender el «interés general frente a intereses partidistas». De no hacerlo, añadía Sánchez, «a quienes estarían golpeando es a miles de ciudadanos que están sufragando el transporte público, a las empresas de transporte de viajeros y mercancías, a los autónomos y a miles de jóvenes que necesitan complementar sus becas. Piensen en ellos cuando voten», les pedía, sin éxito.

La ministra ha recordado que las medidas ya se han reflejado en un ahorro energético del 9,5% en la última semana y del 8,5% respecto al año pasado. «Piensen en los efectos que ya han producido», les decía a los diputados del PP, antes de enfatizar que los ciudadanos están actuando como «responsables y solidarios, justo lo contrario que las formaciones de derecha». «Existen dos tipos de conservadurismo, el retrógrado y negacionista que se sienta entre nosotros y la derecha moderna europea que allí donde gobierna está adoptando medidas similares a las nuestras. Este decreto ley es Europa, es compromiso y es solidaridad, es sentido común», añadía.

Una y otra vez, Sánchez ha pedido al PP que «recapacite», pero la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, no solo no se ha movido del ‘no’ anunciado por su partido, sino que ha profundizado en las acusaciones al Gobierno. Para ella, el real decreto ley «es indefendible» y para justificar esa afirmación ha asegurado que el actual es «el Gobierno más caro de la historia» con una política económica que, a su juicio, «es un fracaso y un lastre para los españoles». «No respaldaremos parches que tienen consecuencias negativas para los españoles. Para hacer cosas serias tienen el apoyo del PP, para improvisaciones y el ordeno y mando, no», apuntaba, confirmando ese rechazo al decreto.

Gamarra se ha quejado de no haber recibido «ni una sola llamada» del Ejecutivo para negociar el texto. Por eso ha hablado de «imposiciones» de Moncloa y de que las medidas son un «ejemplo de desprecio a los españoles». La ‘número dos’ del PP ha reivindicado la «planificación» de su partido «frente a la intransigencia» del Gobierno, a quien le ha pedido «dejar del lado la ideología y el sectarismo y pensar en lo que les interesa a los españoles».

Por contra, socios habituales del Ejecutivo como ERC, PNV, EH Bildu y Más País han confirmado su apoyo al texto, aunque con críticas al Gobierno. «Lo han vuelto a hacer. Vuelven a mezclar churras con merinas», les reprochaba a los miembros del Ejecutivo el diputado de ERC Joan Capdevila, que ha asegurado compartir «algunas» de las medidas del decreto, «otras no» y otras «a medias».

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, aseguró, por su parte, que sus cinco diputadas votaban «a favor por responsabilidad con el planeta» y por compartir «dos de los pilares» del decreto: el fomento de la sostenibilidad y el transporte público. No obstante, durante su intervención, Aizpurua ha considerado que frente a las medidas adoptadas, que tienen fecha de caducidad en noviembre de 2023, se deberían adoptar iniciativas «estructurales» y «permanentes», fomentando, por ejemplo, la «transformación» del sistema energético. «Esta responsabilidad debe estar por encima de cálculos partidistas y políticos hasta que adquiramos la consciencia climática que necesitamos», ha remachado, para reclamar, a continuación, «un nuevo paradigma que tenga en cuenta los límites del planeta».

Para ella, la forma en que se ha negociado por parte del Gobierno, en el último minuto, horas antes del debate en el Congreso, «no es la mejor fórmula para engrasar la mayoría progresista». 

«Nos colocan en la disyuntiva entre el todo o el nada», resumía, en la misma línea, sus críticas al Gobierno Idoia Sagastizabal, diputada del PNV, otro de los apoyos del Gobierno este jueves. Ella ha lamentado que esa estrategia «viene siendo habitual» por parte del Ejecutivo, al que le ha lanzado una petición: «No esperen hasta el último momento porque llegará el momento en el que las cuentas no van a salir». Íñigo Errejón, de Más País, ha compartido además la necesidad de que las medidas de ahorro energético sean «estructurales».

Vox y Ciudadanos, igual que el PP, han utilizado sus intervenciones para acusar al Gobierno de actuar «por decretazo» y le han reprochado, una vez más, que sus apoyos sean de fuerzas nacionalistas e independentistas.

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