Pedro Sánchez ha anunciado una reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de zanjar el escándalo del espionaje. Aunque ha llegado prácticamente al final, ha sido la principal novedad en el discurso del presidente del Gobierno en la comparecencia a la que se vio forzado por el PP y varios de sus aliados parlamentarios para rendir cuentas por el ‘caso Pegasus’. También ha planteado acelerar los cambios en la ley de secretos oficiales que, a pesar de llevar años bloqueada en el Congreso, donde el PNV impulsó una iniciativa, se ha convertido en algo «impostergable» para Sánchez. «Con este Gobierno, no hay espacio para la actuación ilegal de servicios del Estado. No hay espacio para el uso indigno, como sí se dio en el pasado, de esos servicios, de esas instituciones públicas», ha aseverado tras reconocer que, aunque los servicios secretos hayan cumplido con la legalidad, se deben tomar medidas en aras de la transparencia. 

La intervención del socialista ha comenzado relatando el uso que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refiriéndose en concreto a la Operación Kitchen. «Con este Gobierno no hay bula para apropiarse del dinero público. Con este Gobierno no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a los partidos rivales», ha expresado el presidente, que ha dedicado los primeros 17 primeros minutos de su discurso a atizar al PP, al que ha acusado de utilizar a 70 agentes para «obstaculizar» las investigaciones por corrupción que afectaban a Génova. «¿Cómo podemos estar seguros de que esas conductas no van a volver a repetirse si tienen oportunidad de hacerlo en el futuro?», se ha preguntado en un momento en el que las encuestas dan mayoría al PP y Vox. «Las fuerzas y cuerpos del Estado están actuando. La Fiscalía y la judicatura están actuando. El Gobierno, tengan la certeza, colabora con transparencia y rigor con la Justicia cuando así es requerido. Pese a sus defectos, nuestra democracia es sólida puesto que aquellos actos delictivos no quedan impunes», ha sentenciado.

A partir de ahí, ha entrado en el asunto del espionaje y ha asegurado desde la tribuna que el Gobierno «ni conoce ni decide» las cuestiones operativas de los servicios de inteligencia en referencia al desconocimiento que tenía Moncloa de qué líderes independentistas estaban siendo vigilados, entre ellos el hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Lo que sí ha defendido Sánchez es que tanto en 2017 como en 2019 la situación en Catalunya supusiera una amenaza para la seguridad nacional.

«En esta comparecencia no voy a entrar rar las relaciones comprometidas de determinados líderes catalanes con dirigentes de otros países, que ahora sabemos a ciencia cierta que perseguían la desestabilización de las democracias europeas y la propagación de noticias falsas para confundir a la opinión pública de nuestros países. No lo voy a hacer», ha dicho en una alusión a los contactos del entorno de Carles Puigdemont con el régimen de Vladímir Putin. El presidente también ha mencionado las «dudas razonables» sobre la metodología del informe de Citizen Lab, que apuntó a que los dispositivos de 65 líderes independentistas fueron infectados con Pegasus: «El propio informe reconoce la imposibilidad de atribuir de manera concluyente las operaciones de hackeo a una entidad específica. Debatimos deducciones de una investigación académica, y en ningún caso hechos probados». El Gobierno solo se responsabiliza de 18 de ellos. Sánchez ha emplazado de nuevo a todos los demás a recurrir a la justicia por haber sido víctimas de un delito.

El Gobierno daba por finiquitado el “control interno en el CNI” que anunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con las explicaciones que dio la ya exdirectora de los servicios de inteligencia en la comisión de secretos oficiales unos días antes de su destitución. Sin embargo, ni su cabeza ni las explicaciones que ha dado hasta ahora el Ejecutivo han satisfecho a sus aliados parlamentarios, especialmente a ERC, que mantiene la tirantez con los socialistas y amenaza con no apoyar varios proyectos legislativos, según reconocen en el propio gabinete. 

El paso de Sánchez persigue contentar también al PNV, que ha exigido una reforma de la ley de secretos oficiales que lleva años bloqueada en el Congreso, así como una modernización de la norma que regula el CNI, que data de 2002. “Le pido también que, además de reformar ya de una vez la Ley sobre Secretos Oficiales, vote también a favor de la ley de reforma del CNI y del control judicial del CNI que mi grupo ha presentado”, le dijo el portavoz, Aitor Esteban, a Sánchez en la última sesión de control. El presidente le recordó que el Ejecutivo pretende modificar la ley de secretos oficiales (de 1968), tal y como establece el Plan Anual Normativo para 2022, aunque los trabajos son muy incipientes, y se abrió a estudiar la iniciativa de reforma del CNI. 

El camino a la modificación de la normativa que regula el CNI lo había allanado el Defensor del Pueblo, que en su informe sobre el espionaje -además de avalar la actuación de los servicios de inteligencia respecto a 18 de los cerca de 65 investigados- apuntaba a la necesidad de “abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente, ahora y en lo por venir”. “La interceptación de las comunicaciones no significa lo mismo en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años”, rezaba el texto rubricado por Ángel Gabilondo.

“Por ello, y sin que proceda tampoco proponer fórmulas concretas, lo que debiera corresponder a otros sujetos del Estado de Derecho a través de mayorías muy amplias, al tratarse de verdaderas cuestiones de Estado, considera el Defensor del Pueblo que debieran explorarse las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial, por cuanto conviene tener en cuenta las reflexiones de la doctrina científica que se ocupa de temas de seguridad e inteligencia y las preocupaciones de algunos ciudadanos y organizaciones, así como las consideraciones que pudiera formular el Parlamento europeo sobre el programa Pegasus (sobre el que actualmente existe una comisión parlamentaria de investigación en ese Parlamento) en cuanto al control judicial”, apostillaba el informe. 

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