El acuerdo entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura recoge un buen número de medidas que, en realidad, no se pueden llevar a cabo porque no son competencia de un ejecutivo autonómico. Son iniciativas de ámbito estatal, como la modificación de la ley de extranjería para que puedan imponer sin trabas la “prioridad nacional”, es decir, que los españoles tengan acceso prioritario a ayudas o vivienda social frente a los migrantes.

Ambas formaciones son conscientes de su falta de competencias y lo sortean en el documento pactado con fórmulas como “se exigirá al Gobierno” o “se instará a modificar la ley”. Por ejemplo, mencionan reformar la ley de extranjería y “otras disposiciones estatales que dificulten” la aplicación del principio de “prioridad nacional”. Lo que quiere Vox es “restringir o priorizar el acceso” a viviendas protegidas, ayudas, subvenciones y servicios sociales a los españoles, como ha apuntado en diversas ocasiones, pero eso choca contra la legislación nacional actual.

En el texto afirman que se inspirarán “en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente” y no hablan de priorizar a los españoles sino a quienes tengan “un arraigo verificable y duradero en el territorio”. Lo enmarcan, en el caso de la vivienda, en “mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler”. Santiago Abascal sí ha señalado claramente cuál es su intención, que sería ilegal: “En Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y la vivienda social”, dijo en un mitin este jueves. Su partido ya defendió hace unas semanas una moción en el Congreso para pedir “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y el PP se abstuvo.

La ley estatal que Vox querría modificar establece la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España. También que los extranjeros residentes en España tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles, igual que con los servicios y las prestaciones sociales.

El documento acordado en Extremadura recoge asimismo la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos “en el ámbito de sus competencias”. Lo justifican “por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia”. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, añaden. El Supremo ya se posicionó sobre estas competencias en 2013, cuando declaró nula la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos que había acordado tres años antes el pleno del Ayuntamiento de Lleida.

El principal motivo que llevó al Supremo a anular la ordenanza fue la ausencia de una ley que autorizara al Ayuntamiento a limitar el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la libertad religiosa. Aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, los jueces concluyeron que la regulación mediante ley estatal es un requisito para la imposición de límites al ejercicio de este derecho. En febrero PP y Vox apoyaron en el Congreso esta prohibición, pero decayó por el ‘no’ de Junts. Hace unos días ocurrió lo mismo, pero a la inversa: el rechazo de PP y Vox a ceder competencias migratorias a Catalunya tumbó el intento de Junts de prohibir el burka.

El Gobierno: “Quien piense en incumplir la ley, sabe las consecuencias”

El texto pactado habla de un “rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central” y asegura que la Junta se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avisado este viernes al PP y a Vox de que no podrán cumplir ese pacto “racista” porque es “incumplir la ley”. “Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado”, ha espetado Rego.

En el apartado de impuestos, PP y Vox hablan de “impulsar y apoyar” una proposición de ley en las Cortes Generales para modificar el régimen jurídico aplicable al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). El objetivo es permitir que el pago por la adquisición de una vivienda habitual se pueda fraccionar hasta en 10 años.

Además, el documento incluye también de “exigir” al Gobierno de España modificar la ley para “impedir el uso fraudulento del padrón municipal”, puesto que ellos no pueden hacerlo. De nuevo, la fórmula que escogen PP y Vox para sortear este escollo es “impulsar una proposición de ley” para que la inscripción en el padrón de personas sin título habilitante de ocupación de la vivienda “sea considerada nula”.

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