Crisis bursátil en la banca española tras anunciarse un nuevo impuesto sobre sus beneficios extraordinarios. Los seis bancos cotizados cosechan caídas generalizadas desde minutos después de que se conociera la creación de este nuevo tributo, anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso durante el debate sobre el estado de la nación. «Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores», ha defendido el presidente del Gobierno en el ecuador de su discurso.

Estas palabras han tenido un impacto inmediato en la cotización de las principales entidades financieras, que se ha ido agravando. La principal damnificada ha sido CaixaBank, precisamente el grupo que está participado por el Estado. Se trata del banco más expuesto al negocio en España, al ser la principal entidad del país y suponer un gran porcentaje de todo su negocio, que también incluye su presencia en Portugal. Al filo de las 14 horas, CaixaBank retrocede en el mercado un 9%.

La otra entidad que se anota un desplome considerable en Bolsa es Banco Sabadell. El grupo catalán cae en ese mismo momento un 7,8%. También es significativo el desplome de Bankinter, que retrocede más de un 6,7%.

En el lado opuesto se encuentran Santander y BBVA. Son los dos grandes bancos españoles pero en ninguno de los dos casos su negocio en España es el que más aporta a su actividad. Pese a ello, no esquivan las pérdidas, aunque más moderadas que sus competidores. En el caso del Banco Santander la caída es del 4,4%, aunque ha llegado a ser superior en los instantes siguientes al anuncio. También ha moderado su caída BBVA, que se deja un 5,5%.

Estos cinco bancos cotizan en el Ibex 35, que cae un 1,3%. Los bancos encabezan las caídas en el mercado cuando se alcanza el ecuador de la sesión. Fuera del Ibex 35 únicamente hay un banco, Unicaja, que es la quinta entidad del país. Su caída es muy distinta a la de sus competidores y apenas se deja un 1,6%.

Pocos detalles se conocen por el momento sobre el nuevo impuesto a la banca. Pedro Sánchez ha apuntado que se trata de una medida «excepcional y temporal». Tendrá una permanencia de dos años, afectando a los beneficios de este año y el que viene. Se estima que recaudará unos 1.500 millones de euros al año.

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