Con el estrecho de Ormuz cerrado y la paz en Irán aún lejana, una de las consecuencias más significativas para España y para el conjunto de Europa será el impacto inflacionario. Es decir, cuál será el efecto definitivo de esta distorsión geopolítica sobre los precios y, por ende, sobre el poder adquisitivo de los salarios. Es obvio además que este aspecto tiene siempre una gran importancia en el devenir del ciclo político: si suben mucho los precios, más difícil lo tendrán los partidos del Gobierno.

Es cierto que los países de la Unión Europea no dependen de manera directa del crudo que transita por el estrecho de Ormuz: en el agregado europeo, los principales proveedores son Estados Unidos, Noruega y Kazajistán, y en el caso concreto de España pesan más Nigeria, México, Brasil y Estados Unidos. Pero eso no significa que se libren de las turbulencias. En primer lugar, porque sí dependen de otros productos que se manufacturan en Oriente Medio, como los fertilizantes. En segundo lugar, porque dado que los precios tanto de los combustibles fósiles como de los fertilizantes se determinan en un mercado mundial, los europeos sufren las subidas tanto en petróleo y gas natural como en productos derivados tales como fertilizantes o productos petroquímicos.

Esos precios, como se puede ver en el siguiente gráfico, están al alza desde el inicio del conflicto en Irán y, si las negociaciones de paz no fructifican pronto, podrían alcanzar los niveles que ya vimos con la guerra de Ucrania.

Así es la dependencia de la Unión Europea de los productos que cruzan el estrecho de Ormuz

Evolución de los precios del petróleo crudo y fertilizantes nitrogenados

Fuente: NYMEX/ TradingEconomics (WTI) – DG AGRI a partir de Argus Media y S&P Global (N) Elaboración propia

De momento, de lo que tenemos constancia es de un aumento significativo del índice de precios al consumo en nuestro país para el mes de marzo. Como se ve en el siguiente gráfico, este incremento está aún muy lejos de los que vivimos hace cuatro años, pero la tendencia se mueve en la dirección esperada. Durante la crisis anterior, el IPC general se elevó más rápidamente y bastante más alto que el IPC subyacente, lo que significa que fueron la energía y los productos no elaborados los que empujaron arriba los precios. Esto ocurrió bastante antes de que Rusia invadiera Ucrania, como consecuencia de los cuellos de botella generados por la pandemia y los consiguientes problemas de desabastecimiento, pero se agravaron a partir de entonces. El IPC subyacente, de hecho, comenzó a subir con retraso, reflejando las transmisiones de precios desde la energía hacia otros productos de la cesta de consumo. Es básicamente lo que podemos esperar que ocurra en los próximos meses: una subida del IPC subyacente que deteriore los salarios reales de los trabajadores en España, es decir, su poder adquisitivo.

Pero la magnitud del shock es sólo la mitad del problema. La otra —y suele ser la decisiva para el bolsillo de los hogares— es cómo se distribuye ese shock entre salarios y beneficios. Ya en mayo de 2022, en una conferencia titulada The Globalization of Inflation, Isabel Schnabel declaró que “los beneficios han sido recientemente una contribución clave a la inflación interna total, por encima de su contribución histórica”, apuntando además que “muchas empresas de la zona euro —aunque ni mucho menos todas— se han beneficiado del reciente repunte de la inflación”. Además, Schnabel subrayó también que “los hogares con menores ingresos suelen verse especialmente golpeados: no solo sufren una inflación históricamente alta que erosiona sus ingresos reales, sino que tampoco se benefician del aumento de los beneficios empresariales a través de la tenencia de acciones u otras formas de participación”. Schnabel decía todo eso como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

Al fin y al cabo, la inflación es un fenómeno económico que implica a ganadores y perdedores a lo largo de toda la comunidad social —tanto nacional como internacional—. De ahí que preguntas tales como ¿cómo medir la inflación?, o ¿qué causa la inflación? y, por supuesto, ¿cómo moderar la inflación? generen tanta controversia en una ciencia social como la economía. La cuestión que se encuentra de fondo es tan política como cualquier otra: ¿quién, cómo y por qué se determinan los precios?

En las corrientes económicas convencionales —aquellas que se estudian en las facultades— se supone que los precios se determinan en mercados competitivos cuando empresas y consumidores cruzan sus intereses. En esta aproximación no parecen existir fuerzas conscientes, como empresarios o directivos que decidan subir los precios deliberadamente. En algunas interpretaciones estas fuerzas conscientes sólo aparecen encarnadas por los sindicatos, que consiguen subir los salarios por encima de lo que permitiría el mercado y, en consecuencia, generan inflación. Esta ha sido la narrativa habitual en la era neoliberal, que tendía a culpabilizar a los salarios de los procesos inflacionarios.

En los últimos años, sin embargo, incluso los organismos internacionales han aceptado otras formas de analizar el asunto; interpretaciones que existían desde hace décadas, pero que eran rechazadas por considerarse heterodoxas. Por ejemplo, la economía poskeynesiana, y gran parte de la marxista, siempre asumió que los mercados son imperfectos y que son los empresarios los que determinan los precios al incorporar un margen de beneficio (mark-up) a los costes totales. Es decir, ¡la inflación es un conflicto distributivo! Esto es más congruente con lo que muestran los datos, pero también con el sentido común: significa que la inflación no sólo puede subir por las subidas salariales sino también por los incrementos en los márgenes de beneficio.

La OCDE, por ejemplo, utiliza actualmente esta aproximación para evaluar la inflación y el poder adquisitivo. En su reciente boletín salarial, titulado significativamente The real wage recovery is slowing down, el organismo reconoce que los salarios reales están subiendo en los últimos años, pero a un ritmo insuficiente para recuperar todo lo perdido en la anterior crisis (la de 2022). Para medirlo, la OCDE utiliza un método de la descomposición de la inflación que permite cuantificar la “responsabilidad” de cada componente: salarios, impuestos y beneficios. El gráfico, que aparece en su página 23, sólo muestra los datos para la zona euro de manera agregada. Pero para este análisis he construido uno igual para el caso de España, que se muestra a continuación.

La mayor
contribución a la inflación vino marcada por los beneficios empresariales a partir de 2021

Contribución al deflactor del PIB (variación interanual – datos desestacionalizados)

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

Como se puede comprobar, desde el año 2021 la inflación —medida por el deflactor del PIB y representada por la línea del gráfico— comenzó a subir respecto a los años previos de cierta estabilidad en los precios (por debajo del 2%). Podemos observar que ya en el último cuarto del año 2021 la mayor contribución a la inflación vino marcada por los beneficios empresariales (barra azul clarita), mientras que los salarios y los impuestos apenas explicaban una parte marginal. Durante casi dos años ese ha sido el patrón dominante: una inflación impulsada por los beneficios. Sólo a partir de 2024 los salarios comienzan a recuperar terreno, pero a un ritmo muy lento. La conclusión de la OCDE ya sitúa el límite: el crecimiento de los salarios reales está desacelerándose y no podrá recuperar los años perdidos desde 2020 frente a los beneficios empresariales.

La enseñanza fundamental de los episodios anteriores es que la inflación puede tener origen en un shock de oferta (cuellos de botella en el transporte, como ocurrió con la COVID, o en el suministro de energía y otros recursos, como en Ucrania y en Irán) pero rápidamente las empresas con poder de mercado aprovechan para proteger y ampliar sus márgenes de beneficio trasladando y ampliando el shock a lo largo de toda la cadena económica. Es lo que la economista Isabella Weber ha denominado sellers’ inflation: ante un shock generalizado, las empresas con poder de mercado encuentran una oportunidad para subir precios coordinadamente, y trasladan el aumento de costes a una expansión de márgenes en lugar de absorberlo. Naomi Klein lo describió antes, en términos más amplios, como la doctrina del shock: el impacto colectivo de una crisis ofrece la coartada necesaria para imponer precios y condiciones que en circunstancias normales encontrarían resistencia. Eso no sólo permite proteger los beneficios empresariales, sino que erosiona los salarios reales y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. Sólo en una “segunda ronda”, mucho más corta y menos intensa, los trabajadores reclaman subidas salariales. La falta de mecanismos automáticos de indexación y la debilidad de la negociación colectiva —entre otras cosas debido a las reformas laborales neoliberales— dificultan la recuperación del poder adquisitivo perdido. De hecho, la propia OCDE reconoce en el citado informe que, para los países de la zona euro, los salarios reales negociados están todavía un 5% por debajo de los niveles de 2020.

El otro aprendizaje es que, aunque las magnitudes de esta crisis sean diferentes a la anterior —cosa que está por ver—, es obvio que repetir las mismas decisiones conducirá a los mismos resultados. Las herramientas para evitarlo existen y son conocidas: impuestos extraordinarios sobre beneficios excedentes en los sectores expuestos a la renta del shock —energía, alimentación, transporte marítimo—; controles de precios sectoriales y temporales en bienes esenciales, como ha defendido Isabella Weber; mecanismos de indexación salarial que repartan el coste del ajuste; y un fortalecimiento de la negociación colectiva que revierta parte de las reformas laborales de la última década. Sin ellas, los ganadores y los perdedores estarán decididos de antemano: como siempre, la clase trabajadora saldrá perdiendo poder adquisitivo, mientras los hogares con capital financiero invertido en grandes empresas y los directivos de éstas serán los grandes beneficiados. Como siempre, la diferencia entre una crisis y otra la marca la voluntad política de modificar quién paga la factura, no tanto la magnitud del shock.

Leer más