Ha costado, pero ya hay Ley de Memoria Democrática casi definitiva y a las puertas de la aprobación final. La Comisión Constitucional del Congreso ha dado luz verde este lunes al dictamen dos años después de que el Gobierno iniciara el trámite. El proceso se ha dilatado más de lo esperado y, por momentos, se preveía frustrado en un escenario marcado por las discrepancias con el resto de grupos, pero finalmente, las enmiendas pactadas entre los partidos del Gobierno y algunos socios de la investidura como PNV, EH Bildu, Más País o PDeCAT han logrado desencallar el texto con la abstención de ERC y JxCat y el voto en contra de Vox, PP y Ciudadanos.

El siguiente paso es el debate en el pleno del Congreso, donde prevé votarse la semana que viene. La norma sustituye a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 e inaugura una nueva hoja de ruta de las políticas públicas sobre el tema. Entre sus principales novedades, destaca la asunción por parte del Estado de la búsqueda y exhumación de los desaparecidos, la creación de un Banco de ADN y un censo de víctimas, la retirada de 33 títulos nobiliarios concedidos por Franco o la creación de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para impulsar las investigaciones.

La ley cuenta finalmente con el apoyo de varios de los socios habituales del Ejecutivo, al que han conseguido arrancar algunos compromisos. Entre ellos, que la cultura y la lengua vascas, catalanas y gallegas sean consideradas víctimas del franquismo, el reconocimiento del Fuerte de San Cristóbal (Navarra) como lugar de memoria o la declaración de los tribunales, órganos y sentencias dictadas durante la dictadura como «ilegales», algo que se ha incorporado a través de enmiendas. El proyecto presentado por el Gobierno se limitaba a proclamarlas «nulas» e «ilegítimas».

Aún así, la inmensa mayoría de los grupos que han apoyado el dictamen apuestan por seguir negociando y, aunque han aceptado que las novedades introducidas vía enmiendas mejoran la norma, aún ven margen para incorporar demandas y siguen mostrándose críticos con algunos de sus puntos. «Hemos estado ahí, pero no a cualquier precio», ha ilustrado Bel Pozueta, de Bildu, para la que la norma «sigue adoleciendo de una visión crítica sobre lo que supuso el periodo de la Transición y años posteriores». En este sentido, las negociaciones ya han fructificado en la creación de una comisión que evaluará las vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, aunque la definición de víctima del franquismo se limita hasta la promulgación de la Constitución en 1978.

Finalmente, la norma no derogará la Ley de Amnistía, una de las líneas rojas que reclama ERC para votar a favor del texto. El grupo catalán ha puesto en valor «los avances» que se han producido tras las negociaciones, pero aún «queda lejos de ser un texto verdaderamente reparador porque no toca» la norma aprobada en 1977 y que, en la práctica, está suponiendo un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo. «En España se cerrará la herida el día en que las víctimas no tengan que acudir a tribunales extranjeros a denunciar», ha dicho la diputada Carolina Telechea i Lozano en referencia a la Querella Argentina, la única causa abierta en el mundo que investiga vulneraciones de derechos de la dictadura.

En este sentido, el punto al que ha llegado la ley es la incorporación de una enmienda de Unidas Podemos y el PSOE con la que intentó contentar a los grupos más críticos según la cual la Ley de Amnistía deberá ser interpretada en base al derecho internacional, por el que los crímenes de guerra y lesa humanidad no pueden ser amnistiables. Está por ver si este precepto permite juzgar los crímenes franquistas o si los tribunales siguen parapetándose en una interpretación restrictiva, algo que temen expertos y asociaciones memorialistas. De ser así, Bildu ha avanzado que presentará «medidas legislativas» con el objetivo de obligar a los jueces «a perseguir a los responsables del terror franquista».

El «retorno de los bienes robados» por el franquismo es otra de las ausencias que identifica ERC, que además reclama la reparación económica de las víctimas del franquismo. De momento, el texto ya ha incorporado la creación de una comisión que en el plazo de un año estudiará el alcance de las indemnizaciones concedidas hasta ahora. JxCat, por su parte, reclama el retorno de la comisaría de Vía Laietana, epicentro en Barcelona de las torturas franquistas y actualmente propiedad del Ministerio del Interior, a las instituciones catalanas y el reconocimiento de la «nación catalana» como víctima de la dictadura.

Por su parte, Unidas Podemos y el PSOE han celebrado que la norma enfile ya su aprobación definitiva y han agradecido «buena voluntad negociadora y predisposición» del resto de grupos, ha dicho el parlamentario Indalecio Gutiérrez. El diputado ha puesto el foco en las medidas que pone en marcha el texto, que ha equiparado con la «cicatriz de una herida que sangró durante más de 40 años» y ha reclamado al PP y Ciudadanos su voto a favor. «No estamos para tiempos de enfrentamiento, sino para la concordia y la cultura de la paz», ha añadido.

El acuerdo para crear una comisión que estudie las vulneraciones de derechos humanas cometidas hasta 1983 ha sido la novedad contra la que ha cargado con más contundencia la derecha, que ha votado que no al texto. «Se proponen prorrogar el franquismo hasta la época de Felipe González», ha llegado a decir el diputado del PP Jaime Miguel Mateu. Los populares han calificado la ley de «un intento de fracturar la convivencia entre los españoles» y, aunque sí ha reconocido la necesidad de «recuperar los cadáveres» de las víctimas, ha lamentado que no haga referencia a los asesinatos perpetrados por ETA.

La banda terrorista ha sido utilizada también por Vox y Ciudadanos para justificar su oposición. La extrema derecha ha llegado a afirmar que los años más sangrientos de ETA «pasarán a ser entendibles como resistencia democrática a un gobierno tardo franquista», en palabras del diputado Francisco José Contreras, que ha asegurado que con la norma, el PSOE «hace suya la visión histórica de Bildu, Podemos y la ultra izquierda». Una posición similar ha manifestado Guillermo Díaz, de Ciudadanos, que ha calificado la ley de «maniobra de cirugía estética de Bildu» y ha acusado al Gobierno de hacer «memoria selectiva» al «obviar todo el pasado de la banda terrorista ETA».

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