El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido que la nueva legislación sobre el catalán en la escuela, aprobada recientemente por el Govern mediante un decreto ley y por el Parlament con una ley, impide ejecutar legalmente la sentencia del 25% de castellano en las aulas.

Por eso, tal y como pidió la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), ha preguntado a las partes personadas si tendría que presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el Alto Tribunal evalúe si la nueva normativa se adecua a la Constitución y a la jurisprudencia sobre el catalán que marcó la sentencia del Estatuto.

El tribunal dice que la sentencia del 25% se basaba en una legislación anterior, y que la nueva normativa es incompatible con la sentencia. Además, suspende los trámites para la ejecución forzosa de la sentencia.

En una providencia de seis páginas, los magistrados reconocen que el decreto ley del Govern y la ley aprobada por el Parlament en las últimas semanas «determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia», cosa que «suscita dudas de inconstitucionalidad» respecto de estos textos legales.

El 31 de mayo pasado, último día para cumplir la ejecución forzosa de la sentencia, la Generalitat pidió que se declarara la imposibilidad legal de ejecutarla y se avalaran los diversos proyectos lingüísticos según el decreto ley aprobado días antes. El decreto dispone la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentaje en la enseñanza y uso de las lenguas», dice el mismo TSJC. Pocos días después el Parlament aprobó la ley 8/22 de lenguas en las escuelas.

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