Laura Borràs va camino de pasar sus últimas semanas como presidenta del Parlament. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación a Borràs, a la que acusa de «abusar» de sus funciones por haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En un duro escrito, las fiscales acusan a Borràs de los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil por fraccionar contratos de la ILC para poder otorgárselos a dedo a su amigo Isaías H. sin concurso público. Según las fiscales Teresa Duerto y Assumpta Pujol, Borràs y su amigo «acordaron» la adjudicación de 18 contratos de la ILC por un total de 335.700 euros «fraccionándolos indebidamente.

La mecánica del fraude, relatan las fiscales, no consistía tan solo en dar a dedo los contratos de webs de la ILC, sino que Borràs y su amigo «acordaron» enmascarar los pagos, en algunos casos, a través de distintas cooperativas o empresas pantalla. El dinero, no obstante, terminaba en las cuentas de Isaías H.

Borràs, que como directora de la ILC era la competente para decidir sobre los contratos menores, era «plenamente conocedora de que detrás de todos los presupuestos se escondía Isaías H.», remarcan las fiscales.

Consciente de la llegada del escrito de acusación de la Fiscalía, Borràs ha pasado al ataque en los últimos días. El pasado sábado la presidenta de Junts reafirmó su defensa numantina, con un acto público de apoyo y una entrevista en TV3 en la que por primera vez explicitó su intención de suprimir el artículo del reglamento del Parlament que la suspendería del cargo una vez abierto juicio oral contra ella.

El apartado 4 del artículo 25 establece que en los casos de delitos vinculados a la corrupción, la Mesa de la cámara catalana –órgano que preside Borràs– debe acordar la suspensión del diputado acusado una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral. El escrito de la Fiscalía es el paso inmediatamente anterior a que el juez del TSJC abra juicio oral contra Borràs, algo que podría ocurrir antes de agosto.

Sabedora de que su caso por corrupción era una espada de Damocles en su carrera, Borràs promovía desde hace meses una reforma del reglamento del Parlament para blindarse en el cargo al menos hasta que el caso tenga sentencia, no antes del juicio, pero hasta ahora no había expresado su objetivo de eliminar directamente el artículo que la obliga a dejar el cargo.

Los partidos de la oposición vienen reclamando desde hace semanas a Borràs que deje el cargo para no comprometer la institución. Incluso las formaciones independentistas, ERC y CUP, han desmentido la tesis de Borràs de que su causa forma parte de la «represión» al independentismo, y han dejado claro que a la líder de Junts no se la encausa por soberanista sino por beneficiar a un amigo con contratos a dedo. El president, Pere Aragonès, la invitó el lunes a apearse de la Cámara.

Los letrados del Parlament avalan sin embargo la posición de Borràs, ya que desde una perspectiva jurídica y garantista creen que privar a un diputado de su condición sin sentencia firme no respeta la presunción de inocencia. Salvo en Junts, la lectura de los partidos es distinta. Argumentan que el artículo del reglamento –al que los posconvergentes, entonces en Junts pel Sí, votaron a favor en 2017– se introdujo en aras a asumir responsabilidades políticas ante la corrupción, más allá del resultado de las causas judiciales. Y recuerdan que no se expulsa a Borràs de la Cámara, tan solo se la suspende hasta su sentencia.

Una vez se le abra juicio oral, el escenario político es imprevisible. La comisión del estatuto del diputado podría elaborar, por encargo de la Mesa que preside Borràs, un dictamen que concluyera que a Borràs no se la puede suspender por las dudas jurídicas que pesan sobre el reglamento de la Cámara, y que ya están recogidas en dos informes de los letrados de la cámara catalana, uno de 2018 y otro de 2021. Pero la oposición también podría forzar una votación para suspenderla del cargo.

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