Por fin, a la tercera oportunidad, tras dos prórrogas durante la semana pasada, se ha celebrado la Comisión de Hacienda del Congreso sobre la transposición en España de la directiva europea para establecer un suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales. Aunque a la tercera no ha sido la vencida. Al menos para el Gobierno de coalición, porque la falta de acuerdo entre sus socios ha reducido a la mínima el “paquete” fiscal con el que pretendía acompañar el Proyecto de Ley sobre el tributo mínimo a las grandes empresas.

A la espera de pasar por el Pleno del Congreso de este jueves, los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas no tienen los apoyos parlamentarios suficientes. Ambos fueron diseñados por el anterior Ejecutivo, en 2022, como gravámenes temporales, y caducan al final de este 2024.

El PSOE había planteado la “reforma fiscal” previa a los Presupuestos Generales del Estados (PGE) de 2025 a base de enmiendas. Inicialmente, incluía el impuesto especial a la banca, pero dejaba caer el gravamen a las energéticas, según lo pactado por los socialistas con Junts y PNV hace un par de semanas. Este acuerdo hizo reaccionar, mostrando su oposición y su malestar, a todos los socios a la izquierda de los socialistas. Entre ellos, ERC o Podemos lo han convertido en una línea roja.

Su negativa a apoyar el “paquete fiscal” sin el impuesto a las energéticas significa que la Ley del tributo mínimo del 15% llegará a la Cámara Baja incluyendo apenas un puñado de cambios en los impuestos que sí han salido adelante en la Comisión de Hacienda. Entre los que han sobrevivido, destacan las rebajas fiscales a pymes y micropymes o el aumento de dos puntos en el IRPF a las rentas del capital más altas de 300.000 euros.

Por el camino se han quedado también la eliminación de los privilegios fiscales a las SOCIMIs, los tributos a las primas de los seguros, el aumento del tipo al diésel…

De esta manera, adelgazada la reforma fiscal, la transposición de la directiva de la Unión Europea (UE) está todavía pendiente de recibir el apoyo de la Comisión de Hacienda —los diputados están negociando mientras se alarga un último receso de una Comisión que empezó a las 17 horas—. Si el “dictamen [en la jerga parlamentaria]” sale definitivamente adelante esta noches, será votado finalmente en el Pleno del Congreso de este jueves, donde las enmiendas sobre los impuestos a la banca y a las energéticas tendrían su última oportunidad. Porque aún siguen “vivas”, a pesar de haberse caído del “paquete” que acompaña al Proyecto de Ley sobre el tributo mínimo del 15% a las multinacionales.

Por cierto, esta transposición es necesaria para evitar que España sea expedientada por la Comisión Europea, y también para desbloquear los desembolsos de los fondos del Plan de Recuperación de la misma UE.

Negociaciones hasta el último minuto

En el inicio de la Comisión, Pilar Valluguera, la portavoz de ERC en la Comisión de Hacienda, ha argumentado que su grupo no iba “a aceptar un paquete fiscal que, por la inflexibilidad de los representantes de Repsol e Iberdrola” en el Congreso —en referencia principalmente a PNV y Junts—, incumpla con el compromiso de convertir en un impuesto permanente a las energéticas el gravamen temporal que se diseñó en 2022 por los beneficios extraordinarios conseguidos por la crisis de inflación.

“Si Repsol ha decidido que no va a pagar impuestos, nosotros no vamos a pasar por ahí, sobre todo después de una Dana. Yo no estoy aquí para defender a los empresarios. Estábamos dispuestos a apoyar un impuesto ampliamente bonificado, pero no a retirarlo”, ha añadido Valluguera, quien sí ha confirmado que su grupo parlamentario votaría a favor de algunas enmiendas concretas.

En el último momento, el PSOE ha intentado rescatar el impuesto sobre a la banca, añadiendo modificiaciones a la enmienda original para hacerla más atractiva para ERC. En el vídeo, se puede ver a una de las representantes del PSOE pedirle personalmente a Valluguera el apoyo a lo que técnicamente se conoce como enmienda transaccional. Ante este movimiento, los republicanos han optado por abstenerse, al igual que Bildu o BNG, lo que no ha sido suficiente para salvar este compromiso del Gobierno de coalición.

Los gravámenes “temporales” de la banca y las energéticas han recaudado 2.859 millones en 2024. Esta cifra es muy similar a la de 2023. 1.695 millones de euros corresponden a los ingresos públicos obtenidos de los beneficios récord de las entidades financieros durante el ejercicio anterior, y 1.164 millones corresponde a las grandes eléctricas o petroleras.

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