La Audiencia Nacional archiva la causa sobre la caja B del PP

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar el caso de la caja B que indaga en las adjudicaciones finalistas a cambio de dinero negro durante el Gobierno de José María Aznar. En un auto fechado este lunes, el magistrado cierra por falta de pruebas la línea de investigación sobre la posible conexión directa entre las supuestas donaciones en negro que grandes empresarios realizaron a esa caja B y las adjudicaciones de millonarios contratos de obra civil pública que estos mismos empresarios recibieron con sus constructoras de administraciones gobernadas por los conservadores.

Esta correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas se ha investigado en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Gürtel. Esta vía del cohecho se cerró en marzo 2015 por falta de indicios pero volvió a abrirse dos años después, en 2017, tras la confesión del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo. Salvo este último, todos los empresarios objeto de las pesquisas han negado los pagos y han rechazado la existencia de un sistema general de corrupción de las constructoras con el partido.

En su escrito, Pedraz explica que pese a esa "intensa investigación" que hizo que se examinasen los expedientes de contratación de todas las empresas "no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido" los hechos investigados. "No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical,... que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, Interventores de la Fiscalía e IGAE", afirma el juez.

El fiscal del caso, Antonio Romeral, presentó el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la propuesta de archivo de la línea de investigación sobre presunto cohecho. Romeral adoptó la decisión tras conocer el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), presentado por este organismo con un año de retraso. En el mismo, los técnicos de la IGAE descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha.

En el citado informe, la IGAE contradice las conclusiones provisionales de la Policía, del magistrado instructor y de otros escritos anteriores de la propia Intervención General del Estado. Tras la petición de archivo de Anticorrupción, el juez entiende que ese informe tampoco arroja indicios de delito.

Los indicios existentes desde el principio del caso de la caja B, que arrancó en 2013, llevaron a tener imputados a una veintena de los grandes empresarios del país, pero la imposibilidad de demostrar que el dinero entregado al PP era a cambio de la concesión de una obra concreta evitó que prosperara la acusación por un delito de cohecho. El entonces instructor, Pablo Ruz, archivó la línea de investigación del cohecho de los empresarios en 2015.