Congreso y Senado acatan la decisión del Constitucional pero sus presidentes critican "la instrumentalización" del PP

Congreso y Senado acatarán la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de la reforma legal que persigue su propia renovación. Así lo han anunciado los presidentes de dichas instituciones, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, en sendos discursos pronunciados después de conocerse el fallo en el que no ha escatimado en críticas. El presidente de la Cámara Alta ha cargado contra la "instrumentalización" de la que ha sido objeto y de la que acusa, sin mencionarlo expresamente, al PP. La decisión del tribunal de garantías afecta directamente a la Cámara Alta, que tenía previsto tramitar esta misma semana la reforma del Código Penal en la que PSOE y Unidas Podemos habían introducido enmiendas para garantizar la renovación de esa institución.

"Hoy es un día insólito para la democracia. La medida adoptada por el Tribunal Constitucional, sin haber escuchado en ningún caso a las Cortes Generales, de la que hemos tenido conocimiento supone un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente", ha comenzado Gil: "En cuarenta y cuatro años de democracia, jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida".

"El proceso legislativo ha sido interrumpido. La decisión del Alto Tribunal suspende la tramitación de una ley en curso que impide a los legítimos representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones y debatir o votar la norma en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico", ha proseguido el máximo responsable de la Cámara Alta, que ha asegurado que acatará la decisión, pero ha asegurado que buscarán las "vías para preservar la autonomía parlamentaria".

Gil ha recordado que fue el 'padre' de la Constitución Gregorio Peces Barba quien introdujo en la Carta Magna el artículo sobre la inviolabilidad parlamentaria a través de una enmienda in voce.

Así se ha pronunciado el presidente del Senado en una comparecencia convocada de urgencia tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de la reforma para su renovación, que estaba planificada en la Cámara Alta para esta semana tras aprobarse la pasada en el Congreso. Pero el sector conservador, mayoritario en el tribunal de garantías, ha aceptado las cautelarísimas solicitadas por PP y Vox contra el proceso al considerar que vulneraba sus derechos por haberse introducido los cambios a través de enmiendas a la reforma del Código Penal.

Cuando la derecha hizo esa maniobra, Pedro Sánchez aseguró que se trataba de un "intento de atropello" al poder legislativo. Ahora el Constitucional le ha dado la razón a PP y Vox. En el PSOE no esconden su indignación con esa decisión que, a lo largo de este lunes, habían evitado valorar bajo la premisa de que no querían ponerse en esa tesitura, a pesar de que dados los precedentes en los que esa institución ha censurado las reformas legislativas de calado a través de enmiendas a otras leyes en tramitación y al rechazo a las recusaciones era el temor en el seno de la coalición. "Como demócrata, no puedo ni quiero imaginar ese escenario”, ha dicho la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado que acatarán la decisión del Constitucional, pero que presentarán sus "argumentos" para defender la "autonomía parlamentaria". Podemos y los comunes habían planteado desobedecer el fallo del tribunal de garantías si paralizaba la tramitación de la reforma, pero el PSOE había dejado claro desde el primer momento que reconocería la separación de poderes.

"Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático", ha expresado Batet, que ha recordado que la decisión del Constitucional no tiene precedentes en la democracia.