Igualdad insiste en la "incorrecta aplicación" de los jueces de la ley del 'solo sí es sí' y propone diez medidas urgentes
El Ministerio de Igualdad ha propuesto este lunes un plan urgente de diez medidas para proteger a las víctimas de violencia sexual y ha admitido que no hay "ninguna reforma penal" de la ley del 'solo sí es sí' que pueda frenar las revisiones. Este fin de semana trascendió que el Gobierno se abría a modificar la ley después de que los jueces hayan reducido más de 200 condenas en los tramos más bajos de las penas al aplicarla, aunque Unidas Podemos señaló que “a día de hoy no existe ningún acuerdo".
El Ministerio que dirige Irene Montero dice en el comunicado emitido este lunes que no existe "ninguna reforma penal" de la ley que pueda frenar las revisiones porque "son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley". A continuación, Igualdad propone como una de las soluciones posibles la implantación de este plan para "la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres": "Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas", dicen.
La primera de las medidas urgentes para proteger a las víctimas es doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual. También se propone un refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.
El Ministerio de Igualdad quiere "garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas" y que se las incluya en el Servicio de ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género) desde 2023, junto con un incremento del número de dispositivos.
A continuación, Igualdad plantea un "refuerzo de las unidades de valoración forense integral" y la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e interior así como educación y sanidad. La séptima medida es la implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales y la octava, la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud "para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo".
Finalmente, el departamento que dirige Irene Montero plantea incrementar el número de agentes que el Ministerio del Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual, y la implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.