La mayoría de los socios del Gobierno han pedido introducir cambios en la ley del 'solo sí es sí' tras las revisiones de penas
La ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, salió aprobada definitivamente del Congreso este verano con un notable apoyo de la Cámara: 205 votos a favor. Entre los apoyos a la norma del Gobierno había incluso formaciones que no forman parte del llamado ‘bloque de investidura’ como Ciudadanos o Junts. No obstante, a medida que se han ido produciendo las rebajas de condenas en aplicación del texto, la mayoría de los grupos que dieron su sí al texto han pedido de forma más o menos contundente que se introduzcan cambios en el texto que puedan corregir la interpretación que están haciendo algunos jueces de la medida.
Este fin de semana el Gobierno se abrió por primera vez a modificar la parte penal del texto, que fusionó los tipos de agresión y abuso y, por tanto, eliminó la necesidad de probar la existencia violencia o intimidación para considerar que se había producido un delito. El PSOE ha anunciado este lunes que registrará en el Congreso una proposición de ley enfocada a aumentar las penas a los agresores sexuales. La decisión de modificar la ley nace de la parte socialista de la coalición y tiene enfrente a Podemos, que se niega a volver al "modelo anterior", pero sí cuenta con el apoyo de todos los socios parlamentarios, que ven pertinente una modificación para evitar que los jueces sigan rebajando condenas a agresores sexuales.
Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco y Compromís han planteado que pueda haber una modificación de la norma, pero esa voluntad también la ha abrazado este lunes Izquierda Unida, que forma parte de la coalición de Gobierno y que se ha abierto a cambios “puntuales” que, eso sí, no pasen por tocar el corazón del texto, que es el “consentimiento”. Así lo ha afirmado en una rueda de prensa la portavoz federal de IU, Sira Rego, que en declaraciones a los medios ha dicho que es “clave” que se mantenga “el eje central” de la ley, que, ha dicho, “tiene que ver con el consentimiento”: “Es la base de la libertad sexual de las mujeres y es muy importante”.
No obstante, Rego ha matizado que “puede ser oportuno corregir algún efecto no deseado, derivado fundamentalmente de la aplicación de la ley”. La postura difiere ligeramente de la defendida hasta ahora, al menos públicamente, por Podemos, su socio de coalición, que ha planteado un decálogo de propuestas para mejorar la aplicación del texto en los juzgados pero sin entrar a tocar su redacción.
Más claro ha sido por ejemplo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que en un desayuno de prensa la semana pasada manifestó que “ojalá” se pudiera “rectificar” el texto. “No es la primera vez que el BOE [Boletín Oficial del Estado] se rectifica", dijo el dirigente republicano, que no obstante defendió el contenido general de la ley y denunció la "importante maquinaria" que se ha activado en su contra y de otras decisiones del Ministerio de Igualdad.
“Algo habrá que hacer”, fue la respuesta que en su momento dio el portavoz del PNV, Aitor Esteban, sobre las rebajas de penas que se empezaban a suceder a raíz de la interpretación de la ley, aunque prefirió entonces, en noviembre, cuando los periodistas le preguntaron, esperar a la posición del Tribunal Supremo sobre el asunto, que dos meses después aún no se ha pronunciado.
Esteban puntualizó además que lo que estaba sucediendo en algunos juzgados "era lo contrario de lo que está sucediendo" y que parecía “evidente" que habría sido necesario introducir una disposición transitoria al final del articulado para evitar esas revisiones. Quizá después de la posición del Supremo, dijo, podría ser necesario introducir algún “retoque”.
También el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha defendido este lunes que "no pasa absolutamente nada" porque el Gobierno tenga que "retocar" la ley. "Estaremos abiertos a respaldar cualquier propuesta que vaya dirigida a corregirla para evitar que haya gente que no se merece estar en la calle y vea reducida su pena", ha manifestado en rueda de prensa.
EH Bildu no se posiciona junto al resto de grupos en este aspecto y cree que, si el Gobierno decide cambiarla, tiene que ser con el visto bueno del Ministerio de Igualdad y "no incluir ningún tipo de modificación ni retroceso en la ley, manteniendo intacto el núcleo de la norma: el consentimiento". "No vamos a apoyar volver a un escenario anterior, donde se cuestionaba el testimonio de las mujeres, que se veían obligadas a demostrar las propias agresiones", sostiene fuentes de la formación, que insisten en que cualquier cambio debe ser "quirúrgico" e ir dirigido "únicamente a cambios jurídicos que eviten las interpretaciones erróneas de algunos jueces".
La coalición cree que existe una "campaña orquestada orquestada por la derecha política, mediática y judicial contra las políticas" y esperan que el PSOE "no se sume a esa dinámica y respete el espíritu de la ley", "dejando de lado las tentaciones de aprobar estas modificaciones con el apoyo de las derechas. Creemos que es una buena ley que pone el consentimiento y los derechos de las mujeres en el centro".
También el partido que lidera Iñigo Errejón se ha mostrado dispuesto a mejorar la ley pero sin tocar en ningún caso "el consentimiento". Errejón instó en noviembre "al Gobierno a la calma y a la prudencia para encontrar la solución más pragmática" y fuentes de la formación precisan a este diario que la ley "es buena" aunque están a favor de mejorarla siempre y cuando no se toque el consentimiento y solo se haga para evitar "los efectos imprevistos". En todo caso trasladan que el Ejecutivo no les ha informado aún de los cambios que pretende introducir.
Los partidos que no son socios habituales del Gobierno en el Parlamento han tenido menos problemas para desmarcarse de la ley en cuanto se empezaron a conocer las primeras sentencias que rebajaban penas a agresores sexuales. Ciudadanos, que en la tribuna apoyó la ley porque mejoraba “la tipificación” y la “regulación penal” en torno a los “abusos y agresiones sexuales”, para evitar situaciones, dijo entonces como las de ‘La Manada’, pedía en noviembre una modificación “lo más rápido posible”.
“Es evidente que las consecuencias de la aprobación de la ley de libertad sexual no son las que esta iniciativa perseguía. Toca ser responsables y autocríticos con lo votado”, decía en noviembre la diputada Sara Giménez, que meses antes había defendido en la Cámara la ley. “A la vista está que una modificación legal no ha salido bien. Las prisas del Gobierno por llevar las consignas al BOE no ayudó: lo advertí en todos mis discursos a pesar de compartir el necesario cambio legal. Al final, los hechos nos dan la razón con Podemos”, insistió, mientras la líder del partido, Inés Arrimadas, pedía al Ejecutivo celeridad en cambiar la ley.
En una línea parecida se posicionó Junts en esos días, que pidió la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La portavoz de la formación Miriam Nogueras consideró que no se podía dar “ni medio motivo” para que un juez pueda “llegar a reducir penas a alguien que ha agredido sexualmente a otra persona", por lo que si había “cualquier fisura” en el texto que pudiera llevar a ese escenario se debía “tapar” o “cubrir”. Néstor Rego, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), compartía algunas de las críticas de Igualdad al sesgo de los jueces a la hora de aplicar la ley, pero consideraba que si se ponía en evidencia que el texto no funciona de forma correcta no debía haber problema en que “pudiera ser revisada”.