La ‘Europa fortaleza’ está detrás de todas las medidas en materia migratoria que salen de los despachos de Bruselas en los últimos años. Si hace unos meses el objetivo fue incrementar el retorno de inmigrantes sin papeles, ahora la Comisión Europea pone sobre la mesa una nueva regulación que tiene por objetivo acabar con las mafias que trafican con seres humanos. La principal herramienta que contempla la propuesta del gobierno comunitario, que tendrá que negociarse con los 27 y la Eurocámara, es armonizar y subir las penas existentes para el tráfico de migrantes. «Se tipificará como delito la instigación pública a entrar en la UE sin autorización. Esto incluye el tráfico de inmigrantes anunciado a través de herramientas digitales y redes sociales», señala Bruselas en un comunicado. Respecto a las penas, plantea que lleguen hasta los 15 años para los culpables de tráfico de migrantes en los casos agravados, que son aquellos en los que se produzca la muerte de una o más personas. Las normas actuales limitan el castigo a los ocho años de prisión. También pretende ampliar la jurisdicción de los estados miembros a las aguas internacionales cuando se produzcan naufragios. «La jurisdicción de los Estados miembros también se amplía a otros casos, incluidos los delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves matriculados en los estados miembros y los delitos cometidos por personas jurídicas que realicen negocios en la UE. El objetivo es centrarse específicamente en las redes delictivas», señala el comunicado que incluye, no obstante, la coletilla de que «no deben criminalizarse actividades como la ayuda humanitaria de las ONG» que se dedican a las labores de búsqueda, rescate y asistencia. La Italia de Giorgia Meloni, por ejemplo, ha puesto en la diana a esas organizaciones, a las que penaliza con multas e incluso confisca las embarcaciones. De hecho, Meloni llegó a bloquear el acuerdo migratorio en el seno de los 27 por la inclusión de un párrafo que especificaba que las “operaciones de ayuda humanitaria no deben considerarse instrumentalización de migrantes cuando no hay objetivo de desestabilizar a la Unión o a un estado miembro”. El resto de socios cedieron a sus exigencias y eliminaron esa parte en aras de un pacto. El asunto, uno de los más peliagudos en el seno de la UE, se está negociando ahora entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, bajo la batuta de la presidencia española. La voz de Meloni se sumó a la de otros líderes europeos de extrema derecha, como el húngaro Viktor Orbán y el polaco Mateusz Morawiecki. Pero en la UE se van imponiendo cada vez más las posiciones duras contra la migración conforme van creciendo los movimientos de extrema derecha como ha ocurrido ahora en Holanda con el ultraderechista Geert Wilders, cuya victoria ha agitado las aguas en Bruselas, especialmente por sus posicionamientos antieuropeos. En un momento en el que las llegadas de personas migrantes se han incrementado en la UE -331.000 entradas de personas sin papeles se detectaron en 2022 en las fronteras europeas-, Bruselas pone el foco en las mafias, que están detrás del 90% de las llegadas. Según sus cálculos, el tráfico ilícito de migrantes supone 4.600 y 6.000 millones de euros cada año para las mafias. SEGUIMOS AMPLIANDO ESTA INFORMACIÓN

«La pelota está en el tejado de Reino Unido. Tienen que decidir si quieren un acuerdo o si prefieren que se aplique la legislación europea». Es el punto de partida del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre las negociaciones acerca del estatus del peñón tras el Brexit. Después de mucho tiempo diciendo que el acuerdo «está cerca», el jefe de la diplomacia española insiste en ese mensaje en un momento en el que los gobiernos van a retomar las conversaciones. Para Albares, es Reino Unido quien tiene que tomar una decisión en base al marco estipulado por España y considera que la opción de quedarse bajo la legislación europea que tiene ese país desde su salida de la UE es algo «descabellado». Así se ha pronunciado antes de reunirse con su homólogo británico, el recién nombrado David Cameron, bajo cuyo mandato se produjo el referéndum para salir de la UE. «Estamos de acuerdo en , una vez que se ha formado Gobierno, retomar las negociaciones para ese acuerdo», ha dicho Albares sobre la conversación telefónica que mantuvo con Cameron este lunes. Este martes el encuentro se producirá en los márgenes de la reunión de ministros de la OTAN en Bruselas. El capítulo de Gibraltar se quedó fuera del acuerdo de salida de Reino Unido de la UE. El objetivo que queda pendiente es dotar a la zona en disputa de un estatus especial que permita eliminar los controles de personas y bienes en la frontera física ya que la movilidad es constante –unas 15.000 personas entran cada día en el Peñón para trabajar– y a la vez asegurar la seguridad del mercado y la zona de libre circulación de personas de la UE. «Las bases están claras», ha expresado el ministro español. «Hace muchos meses puse sobre la mesa un acuerdo global porque el acuerdo tiene que ser global, hay que tocar todos los aspectos para crear esa zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar», ha explicado Albares, que ha asegurado que quedan «unos flecos»: «España ha puesto sobre la mesa todos los elementos que son necesarios de manera equilibrada y generosa para que se pueda alcanzar un acuerdo».¿Y cuáles son esas condiciones? España insiste en que son sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo el paraguas de Frontex, quienes deben llevar a cabo el control fronterizo de Schengen. También quiere un convenio par el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar y la igualdad de trato de los trabajadores transfronterizos en la jubilación, extendiendo los beneficios del Community Care británico a ese colectivo.»Estamos muy cerca», ha dicho Albares antes de su reunión con Cameron, que servirá para reactivar las conversaciones. A su juicio, lo que le queda, más allá de «presentar los textos», es «voluntad política» para impulsarlo.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha acordado retirar el pasaporte y obliga a comparecer cada quince días al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, recientemente condenados a nueve años de prisión a raíz de las irregularidades que cometieron en una de las piezas separadas del conocido como caso Cursach. Con esta medida, la Sala de lo Civil y Penal del órgano judicial pretende anular «cualquier mínimo riesgo que hipotéticamente pudiera derivarse del mantenimiento de su situación» de libertad a la espera de que la sentencia sea declarada firme por el Tribunal Supremo (TS).Los magistrados responden así la solicitud formulada por el exdiputado del PP, Álvaro Gijón -acusación en la causa contra Penalva y Subirán-, quien reclamaba la celebración de una vistilla con el objetivo de solicitar el ingreso en prisión provisional de ambos juristas «al existir riesgo de fuga en atención a las elevadas penas que les han sido impuestas». Mediante un auto dictado este martes, la Sala deniega tal petición pero, aunque sin mencionar la palabra «fuga», impone otras «menos aflictivas» que el encarcelamiento preventivo como son la retirada del pasaporte y las comparecencias quincenales apud acta en el TSJIB. En su resolución, el tribunal llama la atención sobre el hecho de que la solicitud de medidas cautelares se produzca «ahora que los acusados han sido condenados a nueve años de prisión» y que ni el fiscal ni el resto de acusaciones apreciasen riesgo de fuga cuando se reclamaba a los condenados más de cien años de cárcel. Asimismo, los magistrados recuerdan que Penalva y Subirán han presentado recurso ante el TS y entre los motivos de casación que aducen se encuentra el de una indebida aplicación del elemento de intimidación en los delitos de obstrucción a la justicia, que de estimarse podría dar lugar a la revocación en parte de la sentencia condenatoria y a «una sustancial rebaja de la condena».Cabe recordar que la sentencia impugnada, de 478 páginas, considera probado que los condenados desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones mientras el más conocido como caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.Del mismo modo, el tribunal impone tres años y diez meses para el subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

La Justicia vuelve a frenar un parque eólico en Galicia. El Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) ha decidido suspender de forma cautelar el proyecto Campo das Rosas de Naturgy, planeado para montes de los ayuntamientos de A Estrada, Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade en los que se desarrolla la tradicional Rapa das Bestas y en los que, según asociaciones ecologistas, crecen especies en peligro de extinción. Por el momento, la empresa promotora no podrá ir adelante con el permiso dado por la Xunta para levantar los aerogeneradores. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo responde a la petición de Ecoloxistas en Acción Galiza y basa su decisión en el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), que es una figura jurídica que se refiere a la apariencia o probabilidad de que una acción legal tenga un fundamento jurídico válido. En esta fase del procedimiento solo se manifiestan sobre la medida cautelar, no sobre el fondo de la cuestión, pero los magistrados señalan que ya se han pronunciado sobre la pretensión que anticipan que se va a exponer en la demanda: que hay simultaneidad entre que se requieren los informes sectoriales del proyecto y el trámite de información pública y su plazo. En su pronunciamiento, el TSXG indica que el acuerdo por el que se autoriza la ejecución del parque de Campo das Rosas muestra que el procedimiento de hizo de forma «análoga» al de otro proyecto anulado por la misma sala en enero de 2022 en O Roncudo, en Corme (A Coruña). Los jueces entienden que en este nuevo caso se cumple el requisito del fumus boni iuris. El presidente de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, Paulo Vicente, traslada su satisfacción por la decisión del TSXG, pero señala que es solo un primer paso y «no el final del camino» en este proyecto eólico: «La Justicia entiende que las obras no deben comenzar y eso es una buena noticia». El auto recuerda que esta sala dijo en pronunciamientos anteriores que prevalece el Derecho de la Unión Europa y que poner a disposición los informes sectoriales antes del trámite de información pública, y no de forma simultánea, tiene incidencia en el proceso. Esas sentencias están recurridas ante el Tribunal Supremo, que será el que determine si los informes sectoriales se deben solicitar o no antes de que el proyecto entre en la fase de información pública. En este punto, los jueces manifiestan que están de acuerdo con el letrado de la Xunta en esperar a la decisión del alto tribunal. Esto apoya, en su opinión, los motivos dados para suspender el proyecto de Campo das Rosas.Hay, sin embargo, un voto particular -los otros cuatro magistrados sí respaldan la suspensión cautelar-. Una de las juezas considera, sobre el fumus boni iuri, que el juicio sobre si el acto administrativo impugnado se ajusta o no a derecho es «ajeno al contenido propio de una medida cautelar».El TSXG rechaza, sin embargo, suspender la ejecución del parque amparándose en el periculum in moura (pérdida de la finalidad legítima del recurso) en en la prevalencia del interés general sobre el particular de la empresa promotora, como pedía la asociación ecologista. Argumenta que no observa «el daño ambiental y a diversas especies de flora y fauna» del que hablan los ecologistas. Sin embargo, «se acreditó el interés general» para el sistema eléctrico del proyecto, dado que la Xunta declaró su utilidad pública. Contra el auto cabe presentar recurso.

El Banco de España ha pedido recortes en el gasto público en 2024 y 2025 para reducir el déficit. En un amplio despliegue de eufemismos, el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que es «absolutamente crucial» tomarse en serio el ajuste fiscal tras el aumento «significativo» de la deuda y de los desequilibrios presupuestarios por la pandemia.Eso sí, para hablar de recortes ha usado la fórmula «política fiscal restrictiva», que en en la práctica significa reducir el gasto público y subir impuestos. Una política que Hernández de Cos ha calificado como «una necesidad» para asegurar las finanzas públicas en el futuro. En una conferencia conjunta de la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) y el Bank for International Settlements (BIS), el gobernador del Banco de España también ha apelado a «la suerte» de que haya un acuerdo en la Unión Europea (UE) sobre la reforma de las reglas fiscales y el pacto de estabilidad y crecimiento.A partir de enero, se deberían estrenar las nuevas reglas fiscales de UE, tras ser suspendidas las anteriores por la COVID. Un corsé que irremediablemente seguirá marcado por los objetivos del 3% del PIB para el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) y del 60% del endeudamiento, por la dificultad para modificar el Tratado de Maastricht. Aunque se convertirán en metas de medio plazo. Quedando como verdadera obligación la de avanzar hacia ellas, según la propuesta sobre la que los socios comunitarios están discutiendo.Las últimas previsiones de la misma Comisión Europea sitúan a España en ese camino, al esperar que el déficit se reduzca al 3,2% en 2024, desde el 4,8% de 2023, y tras dispararse en 2020. También estima que la deuda pública caerá al 106,5% del PIB, desde el 107,5% en el que terminará 2023, y por debajo del 109,5% en el que se quedará la de Francia el próximo año. Se trata de una situación casi inédita para nuestro país.La sostenibilidad de la deuda pública volverá a ser una de las principales preocupaciones en la UE, por las nuevas reglas fiscales y por las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, el verdadero elefante en la habitación es Italia, con un endeudamiento que superará el 140% en 2024, según las expectativas de Bruselas. Por su parte, España liderará el crecimiento económico, que todas las previsiones sitúan entre el 1% y el 2%, gracias al mayor peso de los servicios en la actividad, y concretamente del turismo, y por la resistencia del consumo de las familias por la fortaleza del mercado laboral tras la última reforma, las subidas de salarios y la caída más rápida de la inflación por medidas como el tope al gas. El avance del PIB es en realidad la forma más sana de rebajar el endeudamiento o el propio déficit. La relación con el PIB es la primera medida de la sostenibilidad de la deuda pública, en un momento en el que el coste (los intereses que España paga cada año) sigue y seguirá contenido, cerca del 2,5%, lejos de los máximos de la crisis del euro posterior a 2008.En un línea parecida a la del Banco de España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprovechó su informe sobre España para lanzar algunas recomendaciones al nuevo Gobierno, entre las que destacaron la de subir el IVA en general y también los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol y los relacionados con el medioambiente, por un lado, y la de retirar todas las medidas contra la inflación (precisamente como la bajada del IVA de los alimentos, como los impuestos a la electricidad o como el tope al gas), por otra parte.Por otro lado, este martes, Hernández de Cos ha recordado que la valoración actual del BCE es que el nivel actual de los tipos de interés, si se mantiene durante un periodo suficientemente largo, podría ser suficiente para alcanzar el objetivo de inflación del 2% a medio plazo.Todo ello está condicionado a un contexto en el que «la incertidumbre es muy alta». «Hay muchos riesgos en el horizonte. Para mí, probablemente, el más importante es el riesgo geopolítico, y en particular los derivados de la guerra en Oriente Medio y hasta qué punto puede extenderse a otros países», ha reconocido el gobernador del Banco de España.