Tercera reunión de la mesa de diálogo en lo que va de legislatura y primera en la que Gobierno y Generalitat salen con acuerdos. Las delegaciones han sellado sendos entendimientos en materia de desjudicialización de la política y de protección de la lengua catalana. Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que esta reunión ha servido para «dar un paso adelante más» en la normalización de las relaciones entre Catalunya y el resto de España.

«Recogemos acuerdos específicos», ha expresado Bolaños, que los ha denominado «dos acuerdos muy importantes»: «uno para superar la judicialización y reforzar reforzar las garantías del diálogo» y otro para «la protección e impulso de la lengua catalana». «Son acuerdos que dan respuesta a una mayoría amplia, transversal, de la sociedad catalana, que deja atrás los bloques que parecían hace poco tiempo irreconciliables. Hoy abandonamos los monólogos», ha comenzado Bolaños.

Por lo que ha adelantado Bolaños, el acuerdo no incluye ninguna concreción para reformas legales que puedan allanar el camino de los dirigentes independentistas, como pretende ERC. «La apuesta del Gobierno de España por la desjudicialización es apostar por la política en el marco democrático», ha señalado el ministro, que dejado para más adelante futuros acuerdos en esa dirección: «La eventual mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo, a través del acuerdo y de los procedimientos de reforma que ya están establecidos». En esos acuerdos incluye la reforma del Código Penal para modificar lo relativo a la rebelión y la sedición. Bolaños sostiene que la intención de Pedro Sánchez es «armonizar» la legislación a la de otros países europeos, pero ha asegurado que «una mayoría parlamentaria suficiente para abordar» ese asunto.

Bolaños ha presentado ese primer entendimiento con un conjunto de generalidades que ha resumido bajo el paraguas de «tres principios» que pasan por que la política debe «llevarse a cabo dentro del orden democrático vigente», que los acuerdos tienen que ser «representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana», y que «las instituciones públicas han de preservar el interés general y adoptar las máximas garantías, especialmente cuando sus actuaciones afecten al patrimonio o a la situación de personas». «Nos hemos comprometido a seguir dialogando», ha zanjado.

También son «tres líneas estratégicas» las que fundamentan el acuerdo en materia lingüística. «Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito con el catalán y el castellano de todos los estudiantes», ha comenzado Bolaños. «También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una lengua u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno», ha dicho el ministro, que de esta forma ha dado por válida la polémica ley de escuelas que aprobó el Parlament y ha dado por hecho que no será recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

«Vamos a favorecer es una perspectiva lingüística de las políticas de la legislación y de las instituciones, y por eso vamos a incorporar la realidad lingüística a los proyectos legislativos, recabando la asistencia de universidades y de centros de investigación de Catalunya, para que participen en los procesos de elaboración legislativa», ha explicado Bolaños. «Vamos a garantizar también el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección, especialmente en las comunicaciones orales y escritas ante la Administración Pública», ha agregado antes de anunciar el impulso a una revisión del Reglamento del Senado para que se amplíen los supuestos en los que los parlamentarios pueden usar las lenguas cooficiales.

En ese sentido, se solicitará al Parlamento Europeo que el catalán pueda ser considerada «lengua de uso en el Pleno», aunque su aprobación corresponde a la Eurocámara. «También vamos a facilitar la presencia de representantes de la Generalitat o su integración en la delegación española en todos aquellos foros internacionales donde se traten políticas con una dimensión lingüística», ha agregado Bolaños, que ha asegurado que este acuerdo para la «protección e impulso del catalán es plenamente extensible al euskera, al gallego o a cualquier otra lengua cooficial en España, si así lo solicitan los gobiernos de esas comunidades autónomas que tengan lenguas oficiales». 

«Siempre en esta mesa tenemos la tentación de poner el acento en todo lo que nos separa, pero yo hoy quiero poner el acento en que cada vez hay más cosas que nos unen. En cuatro años de diálogo hemos avanzado más y hemos hecho mucho más que en tres legislaturas de enfrentamiento y de inmovilismo», ha defendido el socialista antes de enviar un recado al Govern: «Es imprescindible el diálogo entre gobiernos y por eso también es imprescindible el diálogo entre catalanes. Del Gobierno de Catalunya con el resto de las fuerzas políticas catalanas, donde también hay posiciones políticas diferentes».

Las delegaciones de Gobierno y Generalitat, compuestas por los ministros Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez y Miquel Iceta, y Laura Vilagrà, Roger Torrent, Joan Ignasi Elena, y Natàlia Garriga, respectivamente, se han reunido durante una hora y 45 minutos en la sede del Ministerio de Presidencia en el complejo de la Moncloa.

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