El Tribunal Supremo ha decidido imputar a Alberto Casero, diputado del PP, y le llama a declarar el próximo 20 de junio por un posible delito de prevaricación administrativa. La Justicia investiga varios contratos adjudicados de forma presuntamente irregular cuando era alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. Se trata de una petición para que declare voluntariamente y si no lo hace la sala de lo penal tendrá que pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados.

El Tribunal Supremo decidió abrir una causa contra Alberto Casero hace unas semanas después de recibir una exposición razonada de un juzgado extremeño apoyada por la Fiscalía. Los investigadores tienen la lupa puesta sobre cinco contratos adjudicados en su última legislatura como alcalde de Trujillo. Unas adjudicaciones en las que, según la Fiscalía, el alcalde se saltó personalmente todos los procedimientos de contratación al evitar concursos públicos, informes de fiscalización o directamente sin informar a la administración local que él mismo dirigía.

Uno de los pagos cuestionados es la contratación de un psicólogo para atender a víctimas de violencia de género, un caso en el que la Fiscalía cuestiona que los trabajos fueran realizados y en el que destaca que, además, la atención a estas víctimas dependía de un organismo concreto que no estuvo involucrado en la contratación. También se investigan dos contratos relacionados con la promoción de la Feria del Queso y, finalmente, otro más relacionado con la Cámara de Comercio de Perú en nuestro país para un evento gastronómico. En varios casos, destaca la Fiscalía, el consistorio dejó las facturas sin pagar y distintos juzgados han condenado al Ayuntamiento a pagar las facturas.

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