El PP pide una reunión al Gobierno para negociar el decreto ley anticrisis a 24 horas de su aprobaciónAitor Riveiroel diciembre 26, 2023 a las 1:04 pm

El PP ha reclamado este martes una reunión de urgencia con el Gobierno para negociar el real decreto ley anticrisis que perfilan las dos partes del Ejecutivo y que debería ir mañana al Consejo de Ministros para su aprobación y su inmediata entrada en vigor. La oposición plantea así una negociación con apenas 24 horas de antelación y con la pretensión de que se asuman todas sus propuestas para votar a favor de la convalidación, que básicamente se resumen en bajar impuestos.

La petición de la reunión la han lanzado el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y la de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, en una rueda de prensa conjunta este martes. Bravo ha reclamado una cita con las vicepresidentas Teresa Ribera y María Jesús Montero «para hacer un proyecto de ayuda a los españoles que no tenga como única obsesión elevar la presión fiscal y obtener más recaudación».

Bravo ha resumido las propuestas que el PP querría incluir en un documento que ahora están negociando el PSOE y Sumar dentro del propio Gobierno de coalición. «El Gobierno alimenta a Bildu, agasaja a prófugos de la Justicia, mientras los españoles sufrimos las consecuencias de su política económica», ha lamentado el vicesecretario económico, quien ha asegurado que el PP reclama desde 2022 la «deflactación» del IRPF, así como la reducción del IVA en determinados productos o servicios, como energía y alimentos.

Además, Paloma Martín ha reclamado la «prórroga de la suspensión de impuesto a la producción energética» así como la «rebaja al impuesto especial» energético. También que se mantenga la prohibición de cortar el suministro de agua, luz y gas a hogares vulnerables», y la prórroga de la llamada tarifa de último recurso para consumidores de gas. «De no hacerlo será causante del aumento de la factura del gas», ha sostenido la responsable de Desarrollo Sostenible.

El PP mantiene así básicamente las recetas planteadas por el equipo económico desde que Alberto Núñez Feijóo aterrizó en Madrid en abril del año pasado. Bravo ha exigido «lealtad» al Gobierno y que no apruebe un amplio real decreto ley «que aglutine todo con medidas que el PP no puede votar a favor», sino que plantee un real decreto ley «independiente» que recoja sus propuestas.

Pero el dirigente ha asegurado que «si el Gobierno pretende que demos el visto bueno a los compromisos adquiridos con Bruselas y que no ha hecho, que no ha llamado para acordar y decir que es por urgencia para garantizar la llegada de fondos Next Generation» no contarán con su voto favorable. «Para eso tiene otros socios», ha zanjado, casi a la vez de que se comunicara el acuerdo del Ejecutivo con EH Bildu para mantener la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025.

Bravo ha criticado que «a 26 de diciembre» todavía no esté finalizado el decreto ley y que no se haya consensuado con ellos. «Seguimos sin saber qué va a hacer el Gobierno», ha lamentado. «En la reunión, Sánchez no trasladó ninguna medida» a Feijóo, ha sostenido sobre la cita que ambos mantuvieron el pasado viernes en el Congreso.

Feijóo aseguró en la rueda de prensa posterior que le planteó al presidente del Gobierno un «plan económico que focalice en rentas medias y bajas». En el documento que llevó a la cita, el PP criticaba «la creación de impuestos ideológicos a base de improvisación», en referencia a los tributos a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas que el Ejecutivo debate si mantener y cómo.

El PP reconoce que su plan supondría una caída de la recaudación del Estado. Para solventarla y que no afecte a las cuentas públicas, Bravo ha planteado bajar el gasto público. Por ejemplo, reducir los actuales 23 ministerios a 13 supondría un ahorro de 1.000 millones, según ha dicho el vicesecretario económico. Además, el dirigente ha insistido en que el Gobierno dé marcha atrás en su intención de entrar en el accionariado de Telefónica, lo que implicaría dejar de gastar 2.000 millones más.

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