El Gobierno quiere hacer fijos a más de 67.300 sanitarios que llevan años acumulando contratos precarios en todo tipo de puestos. El objetivo último del plan es acabar con la temporalidad que asola al sistema: cuatro de cada diez trabajadores tienen un contrato provisional, dato que se ha disparado un 50% en la última década. Para ello, se evitará que el personal sanitario con contratos temporales, ya sean interinos o eventuales, pueda estar más de tres años en esa situación, en la que tienen menos derechos que sus compañeros en cuestiones como las vacaciones o la acumulación de trienios, por ejemplo. A partir de los tres años, las comunidades deberían crear las plazas que la realidad ha demostrado que se necesitan.

Los sindicatos y principales asociaciones de sanitarios del país han acogido el anuncio de Sánchez positivamente, aunque con dos matices. Por un lado, señalan las organizaciones, esta medida viene realmente impuesta desde Bruselas como parte del plan de estabilización laboral en el sector público por el que España tiene que rebajar la interinidad en sus administraciones hasta el 8%. Por otro, recuerdan, este plan mejorará las condiciones de todos aquellos que consigan una plaza fija, pero el Sistema Nacional de Salud (SNS) seguirá teniendo los mismos trabajadores porque la estabilización no implica nuevas contrataciones.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley del que, por el momento, apenas han trascendido algunos detalles. Según adelantó El País, la idea es hacer fijos a 67.300 sanitarios que actualmente están ocupando alguna plaza en el sistema. En realidad lo que se van a estabilizar son las plazas y no las personas: saldrán a concurso decenas de miles de puestos de trabajo que en los últimos años han estado ocupados por trabajadores con contrato temporal. El Gobierno ha diseñado para ello dos fórmulas, que operarán según la antigüedad de las plazas que se vayan a estabilizar.

Aquellas que han estado ocupadas con personal con contratos temporales sin interrupciones desde antes del 1 de enero de 2016 saldrán a concurso de méritos, sin oposición (sin examen). Aunque las oposiciones son abiertas a todos los que cumplan los requisitos mínimos, esta solución beneficiará sobre todo a los miles de interinos que llevan años ocupando el mismo puesto, pero que no han podido pasar una oposición por diferentes circunstancias. Por otro lado, también saldrán a concurso-oposición aquellas plazas que hayan estado ocupadas de manera temporal «ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020», según fuentes del Ejecutivo citadas por El País, un proceso que dará más opciones a quienes acumulan menos experiencia laboral.

Entre los afectados por esta estabilización hay opiniones para todos los gustos: a Elia, celadora, o Carlos, médico, ambos con más de una década en el mismo puesto con un contrato temporal, les parece que ya era hora. Ellos aspiran a lograr su plaza solo con el concurso de méritos, sin opositar. A Sara, tres años concatenando contratos de enfermera en verano o de sustitución en diferentes puestos, le parece un agravio comparativo que haya quien se salte la parte de la oposición. Exactamente los mismos argumentos que se dieron en el sector educativo, que viene realizando este mismo proceso con unos meses de antelación.

«En el año 2021 España tenía un 41,9% de temporalidad en sanitarios», recuerda Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. La situación se ha deteriorado en estos últimos años: en 2012 era del 28,5%, según el INE. Hoy ha subido un 50%, golpeado el sector por los límites en la tasa de reposición en la última década y por la pandemia, factores ambos que han contribuido a que se dispare el número de temporales.

Para Sánchez Bayle, este decreto ley no es más que «una derivada de una sentencia de los tribunales de la UE» y, aunque considera que «es positivo que se regularicen» puestos, recuerda que «esto no supone un incremento de empleo y que la repercusión sobre la ciudadanía va a ser muy pequeña, en el mejor de los casos». Es decir, la medida va a beneficiar de manera directa al trabajador, porque percibirá una mejora en sus condiciones laborales. Pero serán los mismos sanitarios los que sigan atendiendo al mismo número de pacientes, argumenta.

«La sentencia de los tribunales de la UE lo que dice es que si alguien está en el mismo puesto tres años y no sale a concurso, quien tiene la culpa es la Administración por no sacarla a concurso. Entiende que no se puede seguir abusando de la temporalidad», explica.

Sánchez Bayle asegura que lo esencial para mejorar el sistema sanitario es «incrementar los recursos» y que el Gobierno se centre en la Atención Primaria (AP): «Se necesitan 8.000 profesionales médicos más, 15.000 profesionales de enfermería más y otras 6.000 personas en el apartado administrativo», apunta.

Para Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, la medida trata de solucionar «una de las tres grandes grietas del Sistema Nacional de Salud», concretamente, la de la precariedad. Las otras dos, apunta, son «los salarios inferiores a los de nuestros colegas en la UE y la falta de tiempo para la formación continuada». «Bien es cierto que este Real Decreto nace por obligación de la UE, pero también es cierto que la ministra ha tenido el consenso del Consejo Interterritorial y de los sindicatos», añade Cobo, aunque concede que la situación ha generado «mucha desesperanza y desapego» hacia el SNS.

Satse, principal sindicato de enfermería en España, entiende que la aplicación de la nueva norma servirá para «modificar el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud», pero esperan que esto no sea más que el primer paso. «Consideramos que el Estatuto Marco aún debe ser mejorado en la negociación que el Gobierno se ha comprometido a abrir con los sindicatos en los próximos meses, incluyendo otras medidas que beneficien a los profesionales y al funcionamiento de la sanidad en su conjunto».

Más críticos se han mostrado desde CCOO tras recordar que la estabilización realmente no es una iniciativa gubernamental. «Es decir, lo que anunciaba el presidente del Gobierno el domingo no es nada nuevo. Se trata de una fase más en el camino de la estabilización de la bolsa de temporalidad en las administraciones públicas, que España se ha comprometido a tener resuelto para finales de 2024», valoró el secretario general de FSS-CCOO, Humberto Muñoz Beltrán.

Para sanitarios como Carlos Morante, médico de urgencias del hospital del Henares, sin duda, va a ser un alivio, afirma. Morante es interino desde hace tres lustros y explica que mucha gente, como él, lleva «años y años» sin una plaza fija porque en la Comunidad de Madrid «se han publicado oposiciones y no se han llegado a celebrar o porque tardan mucho en celebrarse y luego en resolverse».

«El primer año estuve firmando dos días, una semana, de lunes a viernes sin cobrar el fin de semana y vuelta. Tengo compañeros con 38 o 40 años que están renovando contratos cada mes o cada seis meses, y haciendo el mismo trabajo desde hace muchos años y eso supone un reconocimiento de que la plaza es necesaria para el sistema y debe reconocerse como tal», defiende. Para Morante, la clave de esta ley es que permita que «cada poco tiempo se pueda seguir renovando todo el sistema».

En el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en el que trabaja Morante la temporalidad roza el 44%. De los 17.667 facultativos, 5.872 son personal interino y más de 1.900 es eventual, según datos de la propia consejería. Esta situación derivó en mayo en una huelga, que se alargó durante diez días, y que exigía el fin de la temporalidad para profesionales que llevaban años trabajando como eventuales para la sanidad de la Comunidad de Madrid.

No es la autonomía con una mayor temporalidad. En Catalunya, el 60% de la plantilla del Institut Català de la Salut (ICS) tiene un contrato de tipo interino, eventual o de sustitución. De los 51.908 empleados, cerca de unos 9.000 se encuentran inmersos en distintos procesos de selección, pendientes de resolución desde hace más de cuatro años, tal como denuncian desde el sindicato Metges de Catalunya.

Para remediar una interinidad y una temporalidad que, en el conjunto de todos los trabajadores públicos de Catalunya, llega al 35,5%, la Generalitat anunció en abril un proceso de estabilización de plantillas que, en el caso de la sanidad, afectará a 12.000 trabajadores. Las plazas que se convocarán, mediante concurso de méritos y de oposición, serán aquellas que hayan estado ocupadas ininterrumpidamente durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.

«Después de 28 años trabajando también nos lo merecíamos», dice Elia Fernández, celadora del hospital Valle del Nalón, en Langreo (Asturias). Fernández cree que es una de las profesionales que se va a «beneficiar». «Estoy encantada, aunque llegue tarde», sostiene al otro lado del teléfono. Ella considera que estabilizará su plaza mediante el concurso de méritos, sin necesidad de oposición. «Llevo 22 años en el hospital con diferentes contratos, el último de 2008 con una vacante. Siempre estuve en vacantes y ahora me correspondería lo que ha anunciado el Gobierno».

A punto de cumplir 62 años, se muestra cauta porque el decreto todavía no se ha presentado y podría no llegarle, y encaja las críticas procedentes de otros trabajadores más jóvenes que no se podrán acoger a la medida. «Ellos quieren que hagamos una oposición. Como ellos como todo el mundo. Pero nosotros, la mayoría que estamos en esta situación somos gente ya madurita, y una oposición te echa para atrás». Aunque insiste en que no les «regalan nada». «Creen que nos regalan la plaza pero solo tienen que ver la cantidad de años que llevamos trabajando», concluye esta celadora.

Sara Martínez se encuentra justo en la otra cara de la moneda. Esta enfermera del hospital Miguel Servet de Zaragoza lleva tres años trabajando, pero no de modo ininterrumpido en el mismo puesto. «Yo soy contrato temporal, entonces a mí me dicen ‘hoy cubres en esta planta en verano porque la gente se pide vacaciones’ y yo estoy haciendo esos días. Cuando termine este contrato de verano, pues pasaré a otro contrato, con las mismas condiciones, a no ser que coja una baja», explica esta enfermera de 28 años. «No me parece bien que a las interinas las hagan fijas porque hay gente que se tiene que sacar una oposición y se pega años preparándosela, pagando una academia, perdiendo su tiempo estando encerrada en casa estudiando», protesta. En Aragón la temporalidad alcanza un 13%.

Otras comunidades, como Castilla y León, casi duplican la cifra aragonesa, sobre todo en especialistas y personal de enfermería. En estos momentos, se están resolviendo las ofertas de públicas de empleo de 2018 y 2019, y todavía tienen que sacar las tasas de reposición de 2020 y 2021. Con todo, la comunidad espera estar por debajo del 8% de interinidad que marca la ley antes de final de año. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el Gobierno «siempre intenta apropiarse» del trabajo de las comunidades autónomas pero que estas tienen «poco apoyo y poca financiación».

En comunidades como Andalucía, la situación es más difícil de radiografiar. Con una plantilla total de la que no hay una cifra oficial desde 2019, el Ejecutivo regional sitúa en algo más de 120.000 los trabajadores que hay en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sin embargo, una parte de ellos no forman parte del personal fijo y viven con la incertidumbre propia de quienes no pueden conciliar su vida laboral por no tener vinculaciones largas y estables. Los sindicatos sanitarios sitúan la temporalidad en la sanidad andaluza por encima del 30%. Una temporalidad que, en los últimos meses, como ha ocurrido en toda España, se ha visto acentuada por los contratos de refuerzo frente a la COVID-19.

En Castilla-La Mancha tampoco se conoce el porcentaje exacto de sanitarios en situación de empleo temporal de las más de 33.000 personas que conforman su Servicio de Salud. Así lo recalcan sindicatos como UGT y CSIF, que no coinciden en los números aproximados. Desde la Central Sindical señalan que calculan que el porcentaje de personas en situación temporal se acerca al 30%, mientras que desde UGT señalan que el porcentaje es mucho menos elevado.

Con información de David Noriega, Francisca Bravo, Alba Camazón, Álvaro López, Candela Canales y Sandra Vicente.

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