
La Audiencia Nacional apunta que el expresidente habría utilizado sus contactos y su acceso a altos cargos de la Administración en favor de terceros, principalmente Plus Ultra, y que facturaba esos trabajos como asesorías
Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que situa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Le cita como investigado el 2 de junio y señala que la finalidad de dicha trama era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
En el auto en el que acuerda la citación como investigado de Rodríguez Zapatero así como el registro de su oficina y de otras tres mercantiles, el instructor recuerda que se hizo cargo de este procedimiento el pasado mes de marzo tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.
A lo largo de 85 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. La intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”.
En segundo lugar, los hechos descritos, añade el juez, demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
La investigación también revela, apunta el auto, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas. Esto constituye, según Calama, un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido. Asimismo, añade, la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.
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