El juez ha archivado la causa contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las subvenciones a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Observatorio Desc al descartar delito alguno en las ayudas. El instructor toma la decisión de acuerdo con la Fiscalía y entierra el intento para alargar la causa hasta las puertas de las elecciones municipales de la opaca Asociación por la Transparencia, que denunció a la alcaldesa.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Ignacio Sánchez concluye que «no ha existido conducta ilícita alguna atribuible» a la alcaldesa. Colau, agrega el instructor, «no dictó resolución de ningún tipo» que pueda encajar en un delito de prevaricación en relación a las subvenciones, por lo que en consecuencia «decae toda la construcción inculpatoria» contra la líder de los comuns.

Cuando Colau tomó posesión como alcaldesa, expone el instructor, delegó las funciones de concesión de subvenciones, por lo que no se le puede responsabilizar de las mismas. Tampoco consta, abunda el instructor, que Colau «diera instrucciones o indicación alguna» para otorgar las ayudas, tal y como viene defendiendo desde el inicio del caso la defensa de la alcaldesa. «En ninguno de los expedientes se detecta irregularidad alguna», apostilla el magistrado.

La decisión del juez era la esperada después de que tanto la defensa de la alcaldesa, que ejercen los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, como el fiscal anticorrupción Luís García Cantón apoyaran dar carpetazo al caso. Solo la Asociación por la Transparencia, una entidad sin actividad conocida en la capital catalana más allá de pleitear contra la alcaldesa, se oponía al archivo del caso, y puede recurrirlo ante la Audiencia de Barcelona.

Fiscalía y defensa compartían que una vez recabados los expedientes de las subvenciones investigadas y completadas las declaraciones de Colau y una interventora municipal, que defendió que no hubo irregularidad alguna, ya no quedaban más diligencias que practicar y procedía archivar la causa. El juez acepta sus argumentos y destaca que la interventora «nunca observó ninguna conducta que tuviera trascendencia penal».

La defensa destacó la “absoluta falta de intervención directa o indirecta” en los expedientes de la alcaldesa más allá del acto final de aprobación de las misma adoptado junto al resto de concejales en la comisión de gobierno municipal, habida cuenta de que Colau fijó la competencia de la tramitación y concesión de las ayudas en la gerencia de servicios sociales del Ayuntamiento.

“Todo el acervo documental constata la ausencia de irregularidades y la corrección en la tramitación administrativa de los expedientes de subvención”, remarcaron los togados de la alcaldesa en referencia a los expedientes de la secretaría y la intervención municipal que no vieron delito en las ayudas a entidades sociales, tal y como también concluyó la Fiscalía en su investigación por las mismas subvenciones.

En su escrito el fiscal se remitió a su decreto de archivo del pasado mes de julio para concluir que no hay indicios de delito contra la alcaldesa, puesto que delegó su competencia en materia de concesión de subvenciones y no tuvo “ninguna” intervención en los expedientes investigados. Para Anticorrupción, de los expedientes sobre las subvenciones otorgadas entre los años 2016 y 2019 se desprende que el Observatorio Desc, la PAH o Ingenieros sin Fronteras “no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial”.

“Sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades, a través de un procedimiento –discutible o no– que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por parte del consistorio”, concluyó el fiscal, lo que, a su juicio, “excluye la arbitrariedad” en las concesiones.

Leer más