La Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes que llevará ante el Constitucional el plan de ahorro energético del Gobierno central. Tras la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y Comercio, en la que el Gobierno se ha reunido con los consejeros autonómicos, la titular madrileña de medio ambiente, Paloma Martín, ha asegurado que «ante la cerrazón» del Ejecutivo y «su no rectificación», van a «anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque se están poniendo en cuestión competencias que son propias».

En concreto, Martín se refiere a «las ligadas al comercio», en línea con lo expresado hace unos días por el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, que ya adelantó hace unos días la intención del Ejecutivo madrileño de analizar «seriamente» el Real Decreto Ley y recurrirlo «si no es constitucional».

La Comunidad de Madrid había sido la primera en reclamar la retirada del Real Decreto Ley, que incluye medidas como límites en el aire acondicionado, el apagado de escaparates y edificios públicos a las 22 horas y la obligación de mecanismos de cierre de puertas en comercios. Tras el encuentro, mantenido esta mañana, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya adelantó que «el decreto es el que es» y que no habrá «ningún tipo de aplazamiento». «Mantienen la imposición de las medidas al comercio, al supermercado, al teatro o al cine, por citar algunos de los sectores más afectados», ha afirmado Martín en un vídeo difundido tras la Conferencia Sectorial.

«Nosotros hemos solicitado una reunión urgente de la Conferencia de presidentes, la convocatoria a los sectores afectados y la retirada del Real Decreto Legislativo», ha reclamado la consejera. Martín ha señalado que las propuestas del Ejecutivo autonómico «son claras». Estas pasan por «trabajar para disminuir el recibo de la luz». Una medida que no supone un ahorro energético y que ha desaconsejado el Fondo Monetario Internacional, que ha propuesta dejar que los precios suban para que se reduzca el consumo, mientras se ayuda económicamente al 20% más pobre de la población.

La postura del Gobierno madrileño ha marcado el paso del Partido Popular de Feijóo. Casi a la par de la rueda de prensa en la que el Ejecutivo de Sánchez anunció el paquete de medidas la semana pasada, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya tuiteó que Madrid no lo aplicaría. Durante los siguientes días el discurso fue virando y suavizándose. Finalmente sus consejeros tuvieron que corregirla, asegurando que se cumpliría la ley «guste o no», pero la oposición a la medida ha sido firme desde el principio.

Este lunes, el vicesecretario de Organización del partido, Miguel Tellado, salió a reclamar la «retirada inmediata» del Real Decreto mientras el Gobierno estaba todavía reunido con los consejeros autonómicos. Génova afirmó que estaban analizando el decreto y explicaban que, por el momento, no iban a recurrir al Constitucional, a la espera de una respuesta sobre su retirada.

«Hemos sido muy críticos», ha admitido el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, que también ha estado presente en la reunión con Ribera y la ministra de industria, Reyes Maroto. «Les hemos dicho que no se pueden hacer las cosas así, sin evaluar las consecuencias, la inseguridad que eso va a traer o la sensación de inseguridad y eso tratándose de un país turístico como España es muy grave. No se puede tomar una medida así sin ver en términos de contracción económica y de pérdida de empleos», ha desarrollado.

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