No queda mucho más por negociar. Ese es el mensaje que traslada el Gobierno después de una cuenta atrás de vértigo para sacar adelante en el Consejo de Ministros de este martes un paquete de medidas de vivienda que dé respuesta a la ola de protestas derivada del desahucio de Maricarmen. El Ejecutivo se ha volcado, de hecho, en que esa negociación llegue perfilada antes de la aprobación del decreto para contar con garantías de apoyo parlamentario. Y Moncloa considera que ese trabajo multilateral llevado a cabo con todos los grupos necesarios para validar el texto en el Congreso despeja el camino de su aprobación.

El Gobierno rebaja el peso de las críticas de algunos de esos socios parlamentarios, principalmente Podemos, convencido, por un lado, de que el contenido de la amplia batería de medidas aprobada contiene el grueso de reivindicaciones del sindicato de Inquilinas, aunque sea en dos textos diferentes. Pero también porque asegura que la interlocución con Junts esta vez sí ha sido estrecha y fructífera. Y que por eso se han incluido sus principales demandas en forma de incentivos fiscales a pequeños propietarios. “Con Junts la negociación ha ido muy bien y agradecemos su colaboración. Estamos seguros de que cuando vean el texto no habrá nada que les impide apoyarlo”, cuentan en la Moncloa.

Ahora, en la Moncloa confían en que el estrecho margen de apenas 72 horas que hay hasta su aprobación en Pleno, fijado ya para este viernes, juegue a favor de una votación que, además, sentirá de cerca el aliento de una movilización social que no ha dejado de crecer en los últimos días. Este martes, el Sindicato de Inquilinas redobló la presión tras conocer el contenido de los decretos y exigió al Gobierno que “el texto no sea un decreto farsa” y que incluya “de forma realmente efectiva los contratos indefinidos” y “la regulación del alquiler de temporada y habitaciones”. Pero el colectivo también aseguró que “estudiará su contenido cuando el conjunto de los textos esté disponible” y evitó pedir el voto a favor o en contra de los mismos a los grupos.

Igualmente, a última hora del martes ninguna de las formaciones de las que dependen los decretos para ser convalidados este viernes había aclarado cuál será su posicionamiento. Ni Junts ni Podemos quisieron pronunciarse durante las horas posteriores a la aprobación de los textos porque, entre otras cosas, ni ellos ni ningún otro grupo parlamentario ha podido acceder aún a la redacción final: la negociación entre PSOE y Sumar se extendió tan hasta el último minuto que los técnicos de la Moncloa estuvieron ajustando durante toda la tarde del martes el texto legal que aparecerá este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actitud con la que ambas formaciones recibieron los detalles que fue desgranando a lo largo del martes el Gobierno, no obstante, fue muy diferente. Junts decidió mantener una estrategia de perfil bajo y evitó posicionarse hasta conocer el contenido completo de los decretos. La única intervención pública de los independentistas tuvo lugar antes de que los paquetes de medidas recibieran luz verde del Consejo de Ministros, cuando la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, presionó al Ejecutivo para que el escudo antidesahucios dejara fuera a los pequeños propietarios que desahucian, un extremo que ya exigió el partido el lunes por la noche.

Por el contrario, Podemos optó por criticar con dureza la decisión del Gobierno de trocear el decreto en dos textos legales separados —uno con los contratos de alquiler indefinidos que exige el Sindicato de Inquilinas y otro con todo el resto de medidas— y acusó al Ejecutivo de “hacer trampa”. La número dos morada y candidata del partido a las elecciones generales, Irene Montero, denunció que la protección antidesahucios o la prórroga de los contratos de arrendamiento vigentes al mismo precio son “todo medidas temporales”, y espetó que “la única medida que puede cambiar algo estructural”, los alquileres indefinidos, se ha aprobado únicamente para que “caiga el viernes” porque Junts no la acepta.

Pero, a pesar de acusar al Gobierno de “tomar el pelo” a la ciudadanía —en palabras de su líder, Ione Belarra—, Podemos evitó cuidadosamente aclarar cuál será el sentido de su voto. Lo mismo hicieron Junts y el PNV: fuentes del partido nacionalista vasco, en la línea de la formación catalana, aseguran que no van a posicionarse hasta no conocer la letra pequeña de los decretos. Y eso deja abiertas todas las posibilidades de cara al viernes: el voto en contra de uno de esos tres partidos daría al traste con la convalidación, pero si Junts y el PNV votan a favor, Podemos podría abstenerse sin ponerla en riesgo. Por el contrario, si los independentistas catalanes votan en contra, todo estará perdido haga lo que haga el resto.

Habida cuenta de lo frágil que es su mayoría parlamentaria, el Gobierno evitó este martes presionar a ninguno de estos partidos expresamente. Pero el ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, sí auguró “a quien se ponga frente a ese clamor social un destino político muy delicado”. Lo hizo por boca del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que espetó sin mencionar a ninguno de los partidos de los que depende la aprobación de los decretos que “a ser muy difícil de explicar una posición de desinterés o de desgana por este asunto” el próximo viernes.

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