Sólo un mes después de que un numeroso grupo de medios internacionales publicara en abril de 2016 la investigación conocida como Los papeles de Panamá sobre los paraísos fiscales, alguien tuvo una idea: relacionar a Podemos con financiación ilegal conseguida en el extranjero a través de esos canales ilegales. En un mundo en que todo se mueve a través de empresas pantalla o testaferros, resulta que ese dinero de un Ministerio venezolano había llegado a una cuenta de un banco de las islas San Vicente y las Granadinas a nombre de «Pablo Iglesias Turrión», según un artículo del medio sensacionalista OK Diario.
La información era ridícula y ni siquiera original, sino un plagio mal montado de una información ofrecida por una periodista venezolana exiliada en Miami, como reveló elDiario.es. Si un partido necesitara recibir dinero de forma secreta en un paraíso fiscal, ¿por qué iba a poner el nombre de su líder en la cuenta corriente?
Tampoco había que molestarse demasiado con la verosimilitud. Era otra más de las informaciones que acusaban a Podemos de haber recibido dinero del exterior. Cada entrega, en general difundida por OK Diario, pero no sólo por ese medio, tuvo una amplia repercusión, y también televisiva gracias a la presencia habitual de su director, Eduardo Inda, en los programas de La Sexta.
Las grabaciones de una conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ofrecidas esta semana por El País confirman algo que ya se sabía, pero que muchos medios persisten en obviar. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy montó una operación policial a través del Ministerio de Interior para destruir la reputación de Podemos incluso antes de que ese partido se convirtiera en la tercera fuerza política nacional. La existencia de esa brigada política fue desvelada por elDiario.es en 2014 cuando se supo que estaba dirigida a investigar a los independentistas catalanes.
El hecho de que las acusaciones contra Podemos no contaran con pruebas sólidas ni tuvieran recorrido en los tribunales no parecía tener importancia. Como mínimo, servían como fábrica de titulares para alimentar a los medios de la derecha.
El objetivo era evidente desde el primer momento, como también desveló elDiario.es: presentar al nuevo partido que denunciaba la corrupción y cuestionaba el sistema político como un grupo que escondía sus propios asuntos sucios y deslegitimarlo como alternativa de gobierno.
Pablo Iglesias respondió el jueves al contenido de la conversación de Cospedal y Villarejo en la tertulia de RAC1: «Yo creo que esto revela la pésima calidad de la democracia en España, la pésima calidad de buena parte del sistema mediático en España que se ha revelado como uno de los instrumentos fundamentales de la cloaca». El exvicepresidente definió los movimientos contra Podemos como «una trama mafiosa organizada desde el Gobierno y desde el Estado».
En la conversación de Villarejo y Cospedal en mayo de 2017, queda patente que el comisario está metido en la operación desde el primer momento. Si acaso, está molesto porque los responsables –en especial el comisario Eugenio Pino, principal mando policial del Ministerio– no le han hecho suficiente caso. Villarejo menciona la falsa historia de la cuenta del paraíso fiscal y el llamado informe PISA, elaborado por la cúpula policial con información falsa o penalmente irrelevante como ejemplo de maniobras que no han funcionado.
Villarejo está vendiendo su mercancía porque le interesa facturar al Partido Popular o a sus dirigentes, como ya ha hecho con varias empresas del Ibex. En otra conversación con Cospedal y su marido, Ignacio del Hierro, sobre otro asunto, estos ya le habían pedido que la cuenta no fuera muy alta, «baratito, que estamos tiesos».
El policía pone los dientes largos a Cospedal ofreciéndole un combo que sabía que iba a excitar a la número dos del PP: ETA, Cuba, Venezuela y Podemos. «Tenía un coronel del servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos. ¡En Venezuela!», dice.
«Joder, eso es la bomba», dice Cospedal, que ya se está relamiendo.
Villarejo no pierde ocasión de vender su negocio ante una clienta tan interesada en comprar lo que sea: «Esa línea, que te la podría yo reconstruir, claro, todo eso vale pasta. ¡Claro que vale pasta!». Llama la atención que Cospedal no se contentara con lo que estaba haciendo la cúpula policial del Ministerio de Interior con el fin de desprestigiar a Podemos. Ella necesitaba intervenir personalmente.
El policía se refiere también al informe PISA que la unidad de Eugenio Pino elaboró para intentar que fuera investigado por la UDEF y de ahí llegara a los tribunales: «Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso lo vacunaron». Para ser basura, aguantó un montón de tiempo en ciertas portadas. El Tribunal Supremo lo desdeñó cuando le llegó en forma de querella presentada por la asociación ultraconservadora Manos Limpias, conducto habitual de las demandas que se quieren presentar sin dejar las huellas dactilares en el arma del crimen.
Un día antes de que se constituyeran las Cortes Generales el 13 de enero con el estreno parlamentario de Podemos después de las elecciones de diciembre de 2015, una parte del contenido de ese informe empezó a circular. «La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado dos millones a Iglesias y su entorno desde 2013», tituló OK Diario. «La UDEF investiga a Podemos por financiarse con cinco millones de euros de Irán», fue el titular de El Confidencial. En ambos casos, los titulares daban por hecho que la financiación ilegal se ha producido.
Aunque Villarejo despreciaba a los que se ocupan de buscar delitos en el mundo de Podemos, por torpes, no porque sea ilegal, admite que la operación cumplió en parte sus objetivos: «A quien se le haya ocurrido darle la documentación de Podemos falsa a Inda, ha hecho una jugada buena. De carambola, pero la ha hecho buena».
La jugada se repitió con el caso Neurona en años posteriores. Se inició otra instrucción judicial aprovechando el testimonio de antiguos trabajadores de Podemos furiosos por el trato recibido en el partido. «La Justicia destapa las cloacas de Podemos», tituló ABC. No hubo mucho que destapar, porque finalmente el juez archivó la investigación.
Lo mismo en el caso del robo del móvil de Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias. El juez García Castellón convirtió un caso en que Iglesias era víctima cuando el contenido de ese móvil apareció en artículos publicados en ABC y El Confidencial en otro distinto en que el líder de Podemos era el investigado como presunto autor de delitos. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó que archivara su investigación secreta y «prospectiva» –es decir, ilegal– contra Podemos.
Lo que no se puede negar es que fueron dos años de titulares generados por García Castellón. Villarejo diría que ha sido una «jugada buena».
Sé el primero en comentar en «Cospedal, colaboradora entusiasta de la guerra sucia contra PodemosIñigo Sáenz de Ugarteel julio 7, 2022 a las 8:25 pm»