»Inútil e innecesario». Así definieron en 2020 investigadores de las universidades de Leipzig y La Laguna al Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. El análisis que llevaron a cabo entonces los expertos concluyó que esta obra faraónica representa »un buen ejemplo de las políticas basadas en el desmedido crecimiento inmobiliario» que caracterizaron a España a partir de los años 90. Este domingo, este polémico muelle tendrá un nuevo uso y recibirá al crucero de lujo ‘MV Hondius’, donde se ha registrado un brote de la infección respiratoria hantavirus.

El Puerto de Granadilla se presentó en la isla como una infraestructura industrial indispensable que complementaría al de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, ha permanecido años infrautilizado. Fue inaugurado por el expresidente Mariano Rajoy en 2018 después de 17 años de obras y a pesar del fuerte rechazo social que recibió por su impacto medioambiental y despilfarro. Los años posteriores a su inauguración, el puerto más polémico del Archipiélago se limitó a reparaciones y mercancías y a acoger gigantescas plataformas petrolíferas.

La infraestructura en la que fondeará el crucero contó con una inversión pública que superó los 200 millones de euros. Aun así, sigue recibiendo fondos públicos para poder completarlo. Hace tres meses, en febrero, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera, en el puerto de Granadilla, por 39,7 millones de euros.

La llegada del ‘MV Hondius’

Según ha explicado la ministra de Sanidad, el crucero llegará a Canarias este domingo. Todos los viajeros que permanecen en el barco son asintomáticos. Mónica García ha insistido en que los pasajeros no tendrán ningún tipo de contacto con la población local y que la actuación no supondrá ningún riesgo para los canarios y canarias. Este jueves, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aclarado que el barco fondeará en este puerto pero no atracará.

Al llegar a Tenerife, los ocupantes del barco serán evaluados y trasladados a sus países de origen. Por su parte, los catorce ciudadanos españoles a bordo, después del examen médico, serán trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al hospital militar Gómez Ulloa, por disponer de “unidades de aislamiento de alto nivel”, donde guardarán “cuarentena».

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, ha mostrado su preocupación ante la llegada del buque y ha reclamado “garantías sanitarias y máxima transparencia”. El Ayuntamiento considera “imprescindible” conocer con detalle el alcance del brote, el número de personas afectadas, los posibles riesgos de transmisión y las medidas sanitarias previstas para garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales implicados.

Un puerto de “lógica neoliberal”

El estudio publicado en 2020 en la revista ‘Territory, Politics, Governance’ sobre el Puerto de Granadilla se basó en una revisión documental, entrevistas a personas de especial relevancia durante su construcción y en la propia experiencia de los autores de la investigación, que participaron en movimientos de protesta contra la obra.

La publicación sugiere que este muelle, planeado originalmente en los años 70 y retomado con fuerza en la década de los 2000, es un claro ejemplo de “lógica neoliberal” por tres motivos.

Primero, porque las élites buscaban capitalizar la posición geoestratégica de Canarias para convertirla en un gran nodo logístico comercial hacia África y el Sur global; segundo, porque ayudaría a trasladar la actividad industrial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, liberando el frente marítimo de la capital tinerfeña para privatizarlo; y tercero, porque el proyecto afianzaba lo que los autores denominan el “Modelo Doxiadis”, un plan territorial planeado durante la dictadura que apostaba por la hipertransformación e industrialización de la costa, dejando el interior de la isla despoblado y relegado a ser una simple reserva natural.

La edificación del Puerto de Granadilla afectaba a ecosistemas protegidos por la Red Natura 2000 y a especies en peligro. Para sortear esos obstáculos y no detener las obras, el Gobierno autonómico, con Coalición Canaria al frente (y con la ayuda del Estado como habilitador), aplicó la “neoliberalización de la naturaleza”, resumen los investigadores.

El Ejecutivo regional desreguló leyes ambientales, redujo los límites de las reservas protegidas y rebajó el nivel de protección de especies amenazadas, como los sebadales de Cymodocea nodosa.

Los autores del estudio señalan que se trató a la naturaleza como un bien intercambiable y descontextualizado. A través de un Observatorio Ambiental (OAG), se practicó lo que ellos llaman “compensación de biodiversidad”, que implicó acciones como capturar y trasladar a otra zona una población de escarabajos protegidos o crear nuevas áreas protegidas en lugares remotos para supuestamente compensar el daño ambiental en Granadilla.

Frente a estas medidas, grupos ecologistas, sociales, científicos, estudiantes y asociaciones vecinales protagonizaron un fuerte movimiento ciudadano bajo el lema “ama tu isla” u “otra isla es posible”. Para los firmantes de la publicación, esta lucha fue más allá del clásico “derecho a la ciudad”, promoviendo un “derecho a la isla” y un “derecho a la naturaleza” que reivindica el poder de la población para decidir sobre su territorio.

Su vinculación con la Operación Lezo

El Puerto de Granadilla aparece en una pieza separada de la Operación Lezo, una macrocausa de la Audiencia Nacional que investiga el pago sistémico de comisiones ilegales de directivos de la constructora OHL a altos cargos y funcionarios a cambio de obra pública, incluidos dirigentes históricos de Coalición Canaria (CC).

Entre ellos figura la adjudicación del dique abrigo del Puerto, adjudicada en 2007 a una UTE en la que participaba SATO, filial de OHL, por un valor de 114,5 millones de euros. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juez que investigó la causa, exdirectivos de OHL habrían pagado comisiones del 3% a políticos de Coalición Canaria para favorecer esa y otras adjudicaciones portuarias en Canarias.

La Operación Lezo llevó a prisión preventiva al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González del PP. A día de hoy, aún no se ha juzgado.

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