Álvaro García Ortiz declaró como imputado durante casi hora y media ante el juez Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo. Una comparecencia en la que solo contestó a las preguntas de los Abogados del Estado y en la que fue claro al negar que filtrara la confesión de Alberto González Amador a la prensa: “Rotundamente no”, dijo cuando fue preguntado directamente. Una comparecencia en la que acusó a Miguel Ángel Rodríguez de difundir información “evidentemente falsa” sobre el caso y en la que explicó que todos los fiscales estaban de acuerdo en emitir una nota de prensa, la que desencadenó esta causa judicial: “Lo que hay que hacer es desmentir”.

“Creo que la mentira no puede ser nunca un secreto”. En su primera intervención, el fiscal general anunció su principal línea de defensa: que el propio González Amador y su entorno, encabezado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, fueron los primeros en romper la confidencialidad de las negociaciones de su abogado con la Fiscalía en un caso de fraude fiscal. Y que él actuó, a través de una dación de cuentas, para obtener información del caso y desmentir la información “evidentemente falsa”, no para perjudicar al empresario.

“El señor González Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales”, señaló el fiscal general. En la noche del 13 de marzo del año pasado, cuando según Hurtado el fiscal general filtró esa confesión a los medios, él se limitó a recopilar información para desmentir bulos: “Se está extrayendo una mentira, el fiscal nunca ofreció un pacto de primeras al investigado”.

También desarrolló su otra gran línea de defensa además de la falta de pruebas y la ruptura previa de la confidencialidad: que para cuando él obtuvo toda la información los medios ya tenían y estaban publicando su contenido. “Cuando todavía estoy leyendo ese correo me informa la jefa de prensa que hay un medio, La Sexta, que a las 22:10 dice que la información de El Mundo no es cierta”.

García Ortiz también dedicó parte de su declaración a justificar que borrara los mensajes de su móvil una vez abierta la causa, enmarcándolo en una medida habitual de seguridad y protección de datos. “Yo borro todo, absolutamente todo, de una manera absolutamente regular”.

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