Suiza duda de la investigación de García Castellón y se niega a localizar a Marta Rovira por Tsunami
Varapalo de Suiza al juez García Castellón. Las autoridades helvéticas han rechazado la petición de colaboración que el pasado mes de noviembre remitió el magistrado de Tsunami para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al considerar que "no está clara" la participación de la líder independentista en la plataforma y al constatar que la causa puede verse afectada por la ley de amnistía.
La respuesta de las autoridades suizas, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, supone un revés a la instrucción realizada hasta ahora por el magistrado sobre la dirigente de ERC. El juez pidió a Suiza localizar a Rovira en base a dos elementos: un retuit que Rovira hizo a un mensaje de Tsuami Democràtic y los mensajes en una aplicación, que llevaron al juez a “sospechar” que la política de ERC “pudo estar” en una reunión en Ginebra –ciudad en la que reside– en la que se planificaron las acciones de Tsunami.
La Oficina Federal de Justicia advierte de que todavía tiene pendiente analizar si la petición del juez de Tsunami tiene un "carácter político", lo que veta cualquier colaboración en materia penal según la ley suiza. Pero incluso antes de este paso, las autoridades helvéticas aseguran "no entender" varias de las peticiones del magistrado, lo que les lleva a suspender cualquier colaboración hasta que García Castellón no responda a sus dudas.
Suiza contesta al juez que precisa de más datos antes de poder decidir si localiza a Rovira y por ello pide "información adicional" al magistrado. Entre los datos que se reclaman, las autoridades helvéticas solicitan al García Castellón las "posibles consecuencias" de la ley de amnistía sobre la causa de Tsunami Democràtic y sobre Marta Rovira, de quien resalta que "su pertenencia a dicha plataforma no está clara".
El juez García Castellón ya intentó al inicio del caso, en 2019, que Suiza colaborara con la investigación sobre Tsunami Democràtic. Sin embargo, las autoridades helvéticas declinaron la petición del magistrado para averiguar los dirigentes detrás de la plataforma porque, a su juicio, las pesquisas del instructor versaban sobre “un delito político” que impedía la cooperación internacional.