PSOE y PP aprueban la reforma de la ley del 'solo sí es sí' con el voto en contra de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu

El Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ en una votación que ha partido en dos al Gobierno de coalición. El PSOE ha conseguido sacar adelante su proposición para modificar parte del esqueleto penal de la ley con el apoyo parlamentario de las derechas y el voto en contra de Unidas Podemos. Además de los socialistas, han respaldado la reforma el Partido Popular, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT. Aliados tradicionales del Ejecutivo como ERC, EH Bildu, Más País o Compromís han votado en contra. La extrema derecha de Vox no ha acudido a la votación y Junts se ha abstenido. El texto ha contado con 233 votos a favor, 59 en contra y cuatro abstenciones y le falta ahora su paso por el Senado para su aprobación definitiva.

El debate que se ha desarrollado en el Congreso ha evidenciado la enorme brecha que la ley sobre los delitos sexuales ha abierto en el Gobierno de coalición, con los portavoces de los grupos parlamentarios que los sustentan cruzándose duros reproches. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado que no haya habido un "acuerdo unitario" en el seno del Ejecutivo, mientras la portavoz de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al PSOE de “entregar a los reaccionarios los derechos de las mujeres" por pactar el cambio legal con el partido de Alberto Núñez Feijóo. “No hay humillación en abordar la igualdad desde consensos amplios y sólidos”, ha respondido la diputada y portavoz de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

La reforma llega tras varios meses de desgaste social y político por la acumulación de rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que han llevado a cabo jueces de todas las adscripciones desde su entrada en vigor, el pasado octubre. Al menos 978 condenas se han visto reducidas y 104 delincuentes han sido excarcelados, según los últimos datos del Poder Judicial. La nueva ley no acabará con el goteo de rebajas de penas y excarcelaciones, pues las revisiones no se pueden parar. La nueva norma no se podrá aplicar retroactivamente por no ser una ley penal más favorable. Pero la iniciativa sí se plantea como una solución para evitar a futuro que delincuentes sexuales tengan castigos menos severos de los que les habría correspondido con el anterior Código Penal.

El cambio legal que ha aprobado el Congreso recoge esencialmente la propuesta que registró el PSOE en febrero sin el acuerdo del Ministerio de Igualdad e incluye algunas modificaciones pactadas con el PP. En los últimos días, los socialistas han tratado de sacudirse la incomodidad de acordar esos cambios con las derechas. Han tratado de minimizar el pacto limitándose a “cuestiones técnicas” y modificaciones “semánticas y aclaratorias”, mientras los conservadores han reiterado que se trata de cambios “de mucha trascendencia”.

Es el mensaje en el que ha insistido durante el debate la socialista Andrea Fernández, que ha reiterado que la reforma se limita a incluir un ajuste “técnico” en las horquillas de penas y “no modifica ni una coma de la definición del consentimiento”. Pero hacer ese cambio, ha afirmado, era una “obligación” ante “una buena ley” que “no ha funcionado adecuadamente” en su aspecto penal.

Fernández ha afeado a quienes han alentado el “apocalipsis” con este cambio legal hayan sido “incapaces de explicar con precisión qué hay tan malo” en la reforma, al tiempo que ha lamentado que no haya existido un debate “con más argumentos y menos ruido”. En contraposición, ha situado al PSOE como el único partido que “se ha sentado a negociar una propuesta viable” que diera solución al “problema” de las rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales. “No hay humillación en abordar la igualdad desde consensos amplios y sólidos”, ha aseverado en un claro mensaje a sus socios.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha salido a la tribuna para defender la ley del 'solo sí es sí' y la reforma que habían pactado con ERC y EH Bildu y que no ha salido adelante. Montero ha reprochado a su socio que no haya sido capaz de sentarse a negociar una propuesta unitaria en el seno de la coalición tras una ofensiva de la derecha no solo contra la ley sino contra el Ejecutivo y concretamente contra el presidente, Pedro Sánchez.

“La ofensiva contra la ley ha sido una ofensiva contra el Gobierno, también contra su presidente. Siempre fuimos conscientes de eso y eso nos llevó a trabajar en una respuesta unitaria como Gobierno (...), ceder por encima de nuestras posibilidades (..) para dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y la mayoría feminista”, ha dicho Montero. La ministra ha criticado a su socio de Gobierno por apoyarse en la derecha para sacar una reforma que a su juicio retrocede en derechos feministas y precisamente con un partido que precisamente “ha votado en contra de todos los avances”.

El PP, por su parte, ha acusado a los socialistas de promover esta reforma movidos únicamente por la “sangría electoral” que ha supuesto la acumulación de rebajas de penas y excarcelaciones y afeado Sánchez su ausencia en el debate. “Nadie puede entender que hoy el gran ausente sea el máximo responsable de lo que está pasando: Pedro Sánchez, el culpable”, ha aseverado.

“Las víctimas han escuchado un falso perdón porque no estaba motivado por el arrepentimiento, sino por efecto electoral que esta sangría estaba experimentado”, ha dicho Gamarra, que acusado a los miembros del Gobierno de tomar una de las decisiones políticas “más graves crueles” que se pueden tomar desde el Ejecutivo "sin que nadie dimita ni asuma responsabilidades".

La iniciativa aprobada no toca la definición del consentimiento y mantiene la unificación de los delitos de abuso y agresión, pero introduce de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine un mayor castigo. Unidas Podemos presentó una propuesta alternativa que sitúa la violencia como una circunstancia agravante más (como la actuación en grupo o el parentesco). Sus dirigentes creen que situar esos elementos en el núcleo del delito supone de nuevo centrar la discusión en la existencia o no de violencia —y no en el consentimiento—. Y volver, en consecuencia, al “esquema judicial” que se pretendía superar con este cambio legal.

El centro de la discrepancia entre los socios de la coalición apenas ha variado desde que empezaron las negociaciones cuando el presidente dio la orden de buscar una salida pactada al “problema” de las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Irene Montero, reticente en un primer momento a tocar su proyecto estrella, acabó accediendo a tocar la parte penal de la ley a pesar de que está convencida de que que el problema no está en la ley, sino en la aplicación “incorrecta” de “una minoría de jueces”.

Ambas partes asumieron que elevar las penas era la única vía para evitar condenas más bajas a futuro. Pero entonces emergió el principal escollo: cómo elevar las penas. Esto es, la fórmula técnica a utilizar. Tras analizar diferentes escenarios, Llop y sus asesoras llegaron a la conclusión de que la única opción posible para justificar una subida de las penas era introducir un subtipo para las agresiones con violencia, intimidación o sobre una víctima privada de sentido.

Es un planteamiento que rechaza Unidas Podemos. Los dirigentes del grupo confederal y del Ministerio de Igualdad consideran que ese cambio desvirtúa el espíritu de una norma que buscaba cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales porque hará pivotar los procedimientos sobre la existencia de esos elementos y no sobre el consentimiento.