Macron aprueba un endurecimiento de la ley de inmigración con los votos de la extrema derecha de Le PenAmado Herreroel diciembre 19, 2023 a las 10:28 pm

Las dos cámaras del Parlamento francés han aprobado este martes el proyecto de ley “para controlar la inmigración y mejorar la integración” presentado por el Gobierno. El texto ha salido adelante con los votos favorables de una mayoría de la coalición presidencial, de la derecha y de la extrema derecha. No obstante, en la Asamblea Nacional, una parte de los diputados del partido de Emmanuel Macron (Renacimiento) y de sus aliados ha votado junto a la alianza progresista Nupes en contra del texto.

Según informaciones avanzadas por Le Monde y por la Agencia France Presse, la primera ministra, Élisabeth Borne, había afirmado delante de los miembros de su partido que los votos del partido de Marine Le Pen no serían tenidos en cuenta. Y que, en caso de ser decisivos para la aprobación del texto, el presidente no promulgaría la ley a pesar de su aprobación parlamentaria.

El texto recibió 349 votos, 88 de ellos de la Reagrupación Nacional de Le Pen. Pero sólo 186 diputados votaron en contra. Sin el apoyo de RN, el texto habría sido adoptado por 261 votos contra 186, que es mayoría suficiente. La versión definitiva que presentó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, es fruto de un acuerdo entre el Ejecutivo y el partido Los Republicanos (derecha gaullista). Difiere en muchos puntos de la versión inicial, presentada hace un mes por el propio Darmanin, que defendió entonces “un texto de equilibrio” basado en dos objetivos: acelerar las expulsiones de aquellas personas cuya demanda de asilo sea rechazada y facilitar las condiciones de regularización de trabajadores en ciertos sectores de la economía.

Sin embargo, durante el recorrido parlamentario del proyecto, el partido Los Republicanos utilizó la mayoría que conserva en el Senado para bloquear las medidas destinadas a facilitar las condiciones de regularización y para incluir disposiciones que aumentan los plazos y endurecen los requisitos que deben cumplir los extranjeros no comunitarios que buscan establecerse en Francia.

El partido de Macron intentó de nuevo suavizar algunas de esas medidas restrictivas impuestas por el Senado antes de la presentación del proyecto de ley en la Cámara Baja (la Asamblea Nacional), pero la maniobra dio como resultado un rechazo unánime de todas las formaciones de la oposición (derecha, izquierda y extrema derecha) y un importante revés para el ministro del Interior.

Desde entonces ha sido la primera ministra, Élisabeth Borne, la que ha pilotado las negociaciones con Los Republicanos para conseguir un acuerdo en la comisión parlamentaria mixta del que saliera un texto capaz de lograr los suficientes votos en ambas cámaras. Macron había anunciado que en caso de no llegar a un acuerdo en la comisión, había dado instrucciones a Borne para la retirada definitiva del proyecto de ley.

Si bien finalmente el Gobierno no ha tenido que retirar el texto, para sacarlo adelante ha debido multiplicar las concesiones a la derecha, hasta el punto de fragilizar la estabilidad de su grupo parlamentario: el ala más progresista del partido ha votado en contra del proyecto.

Entre esas medidas se encuentran el endurecimiento de las reglas de reagrupación familiar, la recuperación de un delito de “estancia irregular” en el código penal o el establecimiento de un depósito de garantía que los estudiantes extranjeros deben pagar para comenzar estudios en Francia –que se les devolverá cuando abandonen el país–.

Además, las condiciones de regularización son más restrictivas de lo que deseaba el Gobierno: el permiso de residencia –que se concede a discreción por los prefectos (figura similar a los delegados de Gobierno en España)– se podrá otorgar solo a aquellos que residan en Francia desde hace al menos tres años y puedan demostrar haber ejercido una actividad remunerada durante 12 de los últimos 24 meses.

Por otro lado, las personas con doble nacionalidad que cometan un atentado contra la autoridad perderán la ciudadanía francesa. Además, se incluye el concepto de cuotas migratorias plurianuales que serán discutidas y establecidas en el Parlamento y que marcarán el número de extranjeros que el país acogerá en un periodo determinado. Se trata de una medida que algunos expertos dudan que sea avalada por el Consejo Constitucional.

En cuanto a la ayudas sociales no contributivas (como las que se dan a las personas con discapacidad o las ayudas familiares) y el derecho exigible a la vivienda (inscrito en la legislación francesa desde 2007) la ley establece una distinción entre los extranjeros “que tienen empleo” y los que no: los primeros podrán acceder tras dos años y medio de residencia demostrada, el resto deberá acreditar cinco años.

En cuanto a las ayudas a la vivienda –uno de los principales puntos de bloqueo en la negociación– finalmente se condicionan a una residencia demostrable de tres meses para los extranjeros con trabajo, cinco años para los que no tienen empleo demostrable.

La ley también condiciona el derecho de suelo, en virtud del que una persona obtiene la nacionalidad de un país por el mero hecho de nacer allí de acuerdo con la nueva ley una persona nacida en Francia de padres extranjeros ya no recibirá automáticamente la nacionalidad francesa, sino que deberá manifestar su voluntad de ser nacionalizado entre los 16 y los 18 años.

Los Republicanos reclaman además una medida para acabar con el acceso universal a la sanidad y restringirlo a un acceso de urgencia para los migrantes extracomunitarios. Si bien la restricción de acceso a la sanidad no figura en el texto definitivo de la ley, Borne se ha comprometido por escrito a elaborar una reforma específica sobre la materia en las próximas semanas.

La formación a la que pertenece el expresidente Nicolas Sarkozy ha hecho de la política migratoria una pieza clave en su estrategia para recuperar una parte de su electorado, después de registrar los peores resultados de la historia del partido en las últimas citas electorales. Su candidata Valérie Pécresse consiguió menos de un 5% de los votos en las elecciones presidenciales y el partido pasó de 136 diputados a sólo 62 en las legislativas.

Esta caída ha ido paralela a la consolidación del partido de Marine Le Pen, que logró 24% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales y cuenta hoy con 88 diputados en la Asamblea Nacional. Los líderes de Los Republicanos consideran como una victoria para el partido que sus propuestas hayan modelado en gran medida el texto final.

Pero el hecho de que muchas de esas propuestas sean reclamadas por la extrema derecha desde hace años ha llevado a los diputados del partido de Marine Le Pen a celebrar la aprobación de la ley como un triunfo propio. Le Pen ha celebrado una “victoria ideológica, porque la prioridad nacional está inscrita en la ley”, al endurecer las condiciones de acceso de los migrantes a las ayudas y a la sanidad.

Los partidos de la Nupes han condenado unánimemente el texto. El líder comunista Fabien Roussel ha dicho que supone “un punto de inflexión en el mandato de Macron y en la Historia de la República y sus valores fundamentales”.

“En la cuestión migratoria hay una nueva mayoría, una mayoría de extrema derecha”, ha afirmado el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure en la Asamblea Nacional. “Ni por un momento habríamos imaginado, cuando pedimos el voto para Emmanuel Macron en dos ocasiones en la segunda vuelta de las elecciones, que el hombre que se presentaba como barrera a las ideas de la extrema derecha podría convertirse un día en su trampolín”.

Para las ONG, el texto supone el proyecto de ley “más restrictivo en 40 años en lo que respecta a los derechos y las condiciones de vida de los extranjeros, incluidos los que llevan mucho tiempo en Francia”, según denunciaron en un comunicado conjunto unas 50 asociaciones y sindicatos, donde critican la «xenofobia descarada” del texto. “El Gobierno y los diputados que lo apoyan se han plegado a las peticiones de los dirigentes del grupo Los Republicanos para que triunfen medidas profundamente discriminatorias”, concluyen.

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