La primera reunión entre los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha saldado sin grandes acuerdos que permitan aventurar un pronto nombramiento de los dos magistrados que le corresponden para el órgano que interpreta la norma fundamental, el Tribunal Constitucional. Ambos sectores se reunirán de nuevo el próximo miércoles.

Por el momento, según informa el sector conservador, el acuerdo está únicamente en que los nombramientos deben realizarse «por una amplia mayoría» y que los candidatos han de ser escogidos «tras una minuciosa evaluación de sus currículos». También han pactado que los candidatos procedan preferentemente del Tribunal Supremo, algo que no supone una novedad porque era la costumbre que se venían manteniendo hasta la fecha. Los conservadores afirman, además, que los progresistas tienen una lista de nueve candidatos que no ha sido presentada a falta de recopilar sus curriculum.

La parte conservadora ha presentado tres puntos en los que dice no hay acuerdo con los progresistas. El primero, que se valore la «repercusión de los seleccionados en la composición de los órganos jurisdiccionales de procedencia». En segundo lugar, que no es conveniente llevar al pleno del CGPJ los nombramientos mientras no haya consenso y, por último, que el citado consenso «se alcanzará tras la deliberación en el seno de los respectivos grupos».

El CGPJ en funciones se situó el pasado martes al margen de la ley al no designar en plazo a los dos magistrados del que le corresponde nombrar. Esa fecha límite se rebasó sin que los vocales hubieran iniciado siquiera las conversaciones sobre posibles nombres. A día de hoy sigue siendo una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al Poder Judicial (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo finalmente ha renunciado a nombrar a los suyos hasta que no lo haga el órgano de gobierno de los jueces. 

Detrás de esta estrategia están ocho vocales que forman parte del núcleo duro del sector conservador y que parecen dispuestos a evitar que la derecha pierda ya su mayoría en un tribunal tan relevante como el Constitucional. Durante las últimas semanas, miembros de este grupo ya habían deslizado que no se sentían concernidos con la fecha límite fijada en la ley y pidieron respeto por los “tiempos de decisión” del CGPJ. 

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