Los conservadores del Poder Judicial exigen poder vetar al candidato de los progresistas al Constitucional

La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo de estos nombramientos.

Los vocales conservadores siguen sin poner un nombre encima de la mesa y exigen ahora tener poder de veto sobre el candidato del otro grupo, el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Los progresistas rechazan este planteamiento, confirman fuentes de este sector a elDiario.es. De esta forma, se aleja toda posibilidad de que el Constitucional pueda ser renovado en el pleno que se celebrará este jueves. Los negociadores volverán a reunirse el 30 de noviembre. El órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace casi cuatro años con una correlación de fuerzas de mayoría conservadora.

Los consejeros conservadores condicionan las negociaciones a que los progresistas acepten un cambio de “metodología de discusión” en la que cada grupo “evalúa o valora la propuesta del otro y no meramente acepta el candidato único que propongan”, explican en este sector. Esta propuesta supone romper con el acuerdo tácito con el que siempre ha funcionado el CGPJ y por el que cada bloque elige a un candidato y ese nombre es acatado por el otro grupo sin vetos cruzados. Los vocales progresistas rechazan esta nueva exigencia, que interpretan como un cuestionamiento de su candidato. Bandrés es un magistrado con una larga carrera judicial y académica y que es uno de los fundadores de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

En un comunicado, los consejeros elegidos a propuesta del PP afirman que los progresistas “se niegan a valorar/negociar distintos candidatos para que los dos que se nombren respondan a la elección de ambos grupos y no meramente de un intercambio de un nombre por otro”. “No aceptan ningún otro candidato diferente de Bandrés y no aceptan una metodología que suponga un debate real sobre la idoneidad de toda índole de los candidatos”, añaden.

Dos meses después de que se cumpliera el plazo máximo marcado por la ley, los vocales elegidos a propuesta del PP ni siquiera han desvelado cuál es el candidato de su preferencia. No obstante, aseguran que hay hasta seis jueces que, según estas fuentes, verían con buenos ojos acceder al Constitucional. Se trata de los magistrados Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, César Tolosa, Diego Córdoba e Inés Huerta. Los dos primeros están especialmente significados políticamente. Magro fue senador por el PP y presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a los jueces conservadores. Sánchez Melgar, por su parte, fue fiscal general del Estado en la última legislatura de Mariano Rajoy.

Por otro lado, este miércoles el Tribunal Supremo ha desactivado la última excusa que pusieron los conservadores para no hacer estos nombramientos al mantener a Rafael Mozo como presidente del CGPJ. Hace una semana, los vocales elegidos a propuesta del PP pidieron no tomar ninguna decisión hasta que el Alto Tribunal revisara los recursos presentados contra la elección de Mozo como sustituto de Carlos Lesmes. El argumento era que, si se suspendiera la elección de Mozo, las decisiones que se hubieran podido tomar quedarían en entredicho. Este miércoles, el Supremo ha rechazado suspender cautelarmente su nombramiento mientras se decide sobre el fondo del asunto.