Los conservadores del Poder Judicial en funciones intentan forzar una declaración contra la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde hace casi cinco años, entra de lleno en el debate sobre la hipotética amnistía a los encausados por el procés. Ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP solicitarán este jueves la celebración de un pleno extraordinario en el que piden la aprobación de una declaración institucional muy crítica con la posibilidad de que el PSOE y las fuerzas independentistas aborden el carpetazo definitivo al procés a través de una amnistía.

El texto propuesto carga contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Todo ello, a pesar de que por el momento no hay ningún borrador ni texto preliminar —al menos, que se haya hecho público— sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017.

Los vocales que suscriben esta petición, a la que ha tenido acceso elDiario.es, son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. El reglamento del CGPJ establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud. La voluntad de los vocales conservadores es que esta reunión se celebre el próximo lunes, aunque la determinación de la fecha corresponde al presidente, el también conservador Vicente Guilarte.

El bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha permitido que la institución siga funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, dimisiones, un fallecimiento…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas.

Para que la citada declaración institucional sea aprobada necesita el voto a favor de nueve miembros del pleno. Por el momento, está suscrita por ocho vocales, así que todo dependen de que pueda conciliar algún apoyo más dentro del bloque conservador e incluso del minoritario sector progresista.