Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de prisión por corrupción pero con una vía para no entrar en la cárcel
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la líder de Junts, Laura Borràs, a cuatro años de prisión y a 13 de inhabilitación por haber fraccionado contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a su amigo Isaías H. No obstante, los magistrados reclaman un indulto parcial para Borràs con el objetivo de que no tenga que entrar en prisión. Se trata de una petición inhabitual pero prevista por la ley y que, en el caso de Borràs, está únicamente limitada a la pena de prisión pero no a la de inhabilitación, que el tribunal sí quiere que se cumpla en su totalidad.
La petición de indulto parcial realizada por el TSJC, adelantada por El Món, se encuentra recogida en el Código Penal. En su artículo 4.3, la norma permite a los jueces plantear al Gobierno la concesión de la medida de gracia cuando la pena sea "notablemente excesiva" en comparación con el mal causado por la conducta delictiva.
Eso es lo que, a criterio de la Sala Civil y Penal de TSJC, ha ocurrido con Borràs: el tribunal da por probado que la líder de Junts se concertó con su amigo Isaías H. para otorgarle a dedo contratos de la ILC que debían haberse vehiculado con un concurso público. Ambos acordaron confeccionar tres facturas falsas para enmascarar que había tres ofertas cuando en realidad ya estaba decidido que Borràs encargaría los trabajos a Isaías H.
Sin embargo, como Isaías H. terminó realizando efectivamente las webs para la ILC y ni Borràs ni su amigo se llevaron un euro al bolsillo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha optado por pedir al Gobierno un indulto parcial para la líder de Junts que le salve de entrar en prisión. A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs "no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos". En otra palabras: estar inhabilitada para no gestionar dinero público es suficiente reproche penal suficiente para Borràs.
Al condenarla por prevaricación y falsedad documental, la pena mínima a imponer a Borràs por este segundo delito son cuatro años y medio de cárcel –la Fiscalía le pedía seis–, pero el tribunal entiende que se trata de una condena "desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos" de Borràs.
La Sala remarca que la corrupción de Borràs e Isaías H. no causó "perjuicio económico" a la ILC y que ambos condenados no buscaron enriquecerse, sino únicamente "enmascarar" ante la Intervención de la Generalitat con facturas falsas la "conducta prevaricadora inicial", esto es, la decisión de otorgar a dedo los contratos al informático.
El juicio evidenció el creciente aislamiento de Borràs en la política catalana. El apoyo de Junts fue de circunstancias: se celebró una pequeña concentración de apoyo el primer día y algunos dirigentes acudieron a la sala de vistas del TSJC en la última sesión del juicio. El sector moderado de Junts –exconsellers, el alcaldable Xavier Trias...–, enfrentado a Borràs, se ausentó de la protesta.
Tampoco dentro de la sala de vistas Borràs encontró apoyos. Isaías H. y el tercer acusado, Andreu P., decidieron confesar e incriminar a Borràs a cambio de que la Fiscalía les rebajara la pena y les salvara de entrar en prisión. “Acordamos dividir el trabajo en varios contratos”, admitió Isaías H.
Los testigos tampoco acompañaron la exculpación de Borràs. Especialmente revelador fue el testimonio de Assumpta P., funcionaria de la ILC quien señaló a Borràs por las "irregularidades" en la entidad en relación con los contratos con Isaías H.
Borràs decidió que su defensa pasaba por atacar el pacto de los otros dos acusados, cuestionar la imparcialidad del presidente del tribunal y del TSJC, Jesús María Barrientos, e intentar anular los correos incriminatorios que se escribió con su amigo. La líder de Junts cuestionó la obtención de los correos por parte de los Mossos y su cadena de custodia.