El sumario del caso Zapatero recoge que el 11 de diciembre de 2025 se acordó la detención del actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y que en el registro de su domicilio ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas los agentes se incautaron de numerosa documentación además de 107.000 euros y 75.175 dólares que se hallaron en el interior de una caja de seguridad.

En el atestado policial redactado en el momento de su detención, al que ha tenido acceso elDiario.es, los agentes señalaron que el detenido solicitó que se informara, además de a su abogado, al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien en la actualidad ejerce al abogacía.

Tras una primera “requisa” de la vivienda por parte de los guías caninos, el detenido procedió a la apertura voluntaria de la caja de seguridad que se encontraba en el ‘dormitorio de solteros’ (la encontraron los perros en el interior de un armario empotrado). Allí la UDEF localizó fajos de billetes de diverso valor facial. Además, la UDEF se hizo con un móvil de la marca Apple, varias libretas, y dos agendas con el anagrama de Plus Ultra, entre otros documentos.

Una vez finalizado el registro de su domicilio, el presidente de la aerolínea fue trasladado a la sede de Plus Ultra para el registro de su despacho personal. Y, trasladado a las dependencias policiales, indicó que no deseaba prestar declaración ante los agentes.

Ese documento policial viene acompañado por el auto del juez de Alcobendas ante el que compareció tras las primeras horas de detención. Allí, el presidente de Plus Ultra volvió a acogerse a su derecho a no declarar y quedó en libertad provisional con obligación de comparecencia semanal ante los juzgados. Ese mismo día fueron detenidos el empresario amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli.

Cabe recordar que en octubre de 2024 La fiscal Elena Lorente presentó ante los juzgados de Madrid una denuncia que supuso el punto de partida de lo que ha acabado siendo el caso Zapatero. Tomaba esta decisión después de recibir la petición de auxilio de las autoridades francesa y suiza y en atención al informe elaborado en ese mismo octubre de 2024 por parte de la de la Brigada de Blanqueo de la UDEF. A su juicio, esos tres documentos evidenciaban “la presunta comisión en España de un delito de blanqueo”.

Explicaba en su denuncia que había indicios de la existencia de una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito. Y que tenía conexiones “con personas venezolanas y con activos en Venezuela que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados (CLAP) así como con la venta de oro del Banco Venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital PSC utilizando sociedades interpuestas”.

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