La pareja de Ayuso denuncia al Gobierno de Almeida por la filtración de datos sobre las obras ilegales de su piso
Alberto González Amador ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al Ayuntamiento de Madrid, acusándole de filtrar datos relativos al expediente de las obras ilegales que acometió en su piso de Chamberí en el año 2022. Lo asegura El Debate, que cita “fuentes próximas al consistorio” para informar sobre esta demanda, en la que sus letrados piden que se identifique a los presuntos responsables de la fuga de información.
El citado periódico asegura que tanto PSOE como Más Madrid tuvieron acceso al expediente sobre los trabajos sin licencia, depositado en la Junta de Chamberí, datos que González Amador no había podido consultar en su totalidad según la misma información. Por ello, pide a la AEPD que actúe de oficio para investigar los hechos.
El expediente de obras sobre el piso en el que González Amador vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de polémica desde que se conociera que fue reformado gracias a unas obras sin licencia, como avanzó Somos Madrid a mediados de mayo y corroboró el propio Ayuntamiento a finales del mismo mes con una inspección in situ.
El inmueble fue adquirido en verano del año 2022, después del fraude fiscal confeso de Alberto González que fue desvelado por elDiario.es el pasado mes de marzo. En agosto de 2022 empezó a demoler su interior amparándose en una declaración responsable, que el Ayuntamiento de Madrid le indicó después que no era suficiente para acometer los trabajos. A finales de ese año, dos resoluciones municipales le ordenaron detener unos trabajos que, sin embargo, siguieron adelante.
Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde. Al igual que el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.
Cerrojazo informativo y denuncia del PSOE
La denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por parte de Alberto González llega pese al celo demostrado por el equipo del alcalde Almeida en mantener un cerrojazo informativo sobre el expediente abierto por las obras ilegales. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz llegó a asegurar que no iba a filtrar “ni un solo dato”, defendiendo la amputación del expediente entregado a la oposición.
El PSOE denunció primero ante la Oficina Antifraude del Ayuntamiento y luego ante la Junta de Chamberí la entrega mutilada de la información sobre las obras, a través de varias fotocopias de documentos sin numerar, con abundantes tachones y páginas enteras en negro para ocultar datos clave en la revisión de este caso.
Mientras los tribunales dirimen estas cuestiones, la legalización de las obras sin licencia en el piso donde vive la presidenta regional avanzan en paralelo. Una vez que el Ayuntamiento de Madrid ha comprobado su ejecución fraudulenta, se ha iniciado el proceso para que Alberto González restituya el inmueble al estado anterior o bien legalice los trabajos. En el segundo caso deberá abonar probablemente una multa, todavía pendiente de cuantificar.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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