El PSOE ha conseguido este martes que el Congreso admita a trámite su propuesta para endurecer la persecución del proxenetismo ante un pleno que ha escenificado los disensos que existen entre los grupos sobre cómo abordar la prostitución. La norma, que fue registrada por los socialistas tras intentar sin éxito incorporarla a la ley del ‘solo sí es sí’, ha salido adelante con 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones tras cosechar algunas críticas de prácticamente todos los grupos, excepto el PP, que se ha mostrado partidario sin expresar ningún reproche. El resto se han movido entre la abstención, el voto en contra o el apoyo, pero no sin diferencias. Es el caso de Unidas Podemos, que ha votado a favor a excepción de los siete diputados de En Comú Podem.

El debate que ha precedido a la votación ha evidenciado cómo la prostitución mueve los apoyos y ha abierto grietas en los equilibrios parlamentarios habituales. Aunque no todas las formaciones han avanzado el sentido de su voto a la toma en consideración de la propuesta, los parlamentarios catalanes de Unidas Podemos ya han anunciado que se desligarán del grupo confederal y votarán en contra. Y a ellos se unirán también ERC, la CUP y Ciudadanos. EH Bildu y PNV, por su parte, han anunciado que se abstendrán, no porque compartan el contenido de la propuesta, sino para facilitar el debate.

La norma que tramitará el Congreso es una reforma del Código Penal destinada a «prohibir el proxenetismo en todas sus formas». El PSOE la registró el pasado 19 de mayo, tras quedarse solo defendiendo la introducción de estos artículos en la llamada ley del ‘solo sí es sí’, que fue salvada in extremis. En la práctica, los socialistas, que se han comprometido a abolir la prostitución, proponen endurecer el castigo del proxenetismo no coactivo, multar a los clientes e introducir la figura de la tercería locativa para perseguir a los dueños de los locales. Todo ello sin necesidad de que exista explotación de la prostitución ajena e independientemente del consentimiento de las prostitutas.

Aunque con diferencias, casi todos los grupos han coincidido en las críticas a la ley: de la perspectiva «punitivista» que aseguran que recorre el texto al «riesgo» de que las mujeres «se vean más desprotegidas» debido a la «criminalización de la actividad», ha asegurado el diputado del PNV Joseba Agirretxea, que ha calificado de «pataleta» que el PSOE haya llevado la propuesta «deprisa y corriendo» al Congreso tras lo ocurrido con la ley del ‘solo sí es sí’. Al igual que otros muchos grupos, la formación vasca ha reclamado un enfoque «integral» para abordar el tema que se no se reduzca a una modificación del Código Penal y ha cuestionado al Gobierno por no haber aprobado todavía la esperada ley contra la trata.

En la «falta de medidas» alternativas ha puesto el foco la diputada del PNV, Bel Pozueta, que ha lamentado que la propuesta «solo contenga la reforma penal y no medidas de políticas sociales, formativas o de reparación y protección económica para que las trabajadoras que así lo deseen puedan dejar atrás la prostitución». Además de una reforma de la Ley de Extranjería, que han reclamado todos los socios del Gobierno al ser señalada habitualmente como uno de los factores que abocan a las mujeres a la prostitución. Vox, por su parte, ha hecho referencia también a la falta de medidas alternativas, no sin enarbolar su habitual discurso contra la migración y comparar la prostitución con el derecho al aborto o la eutanasia, tres ámbitos en los que «la prohibición no sirve si no ofrecemos alternativas», ha dicho María Ruiz.

Otros grupos, como JxCAT, se han mostrado en contra de «eliminar los espacios de prostitución» a través de la tercería locativa ante el riesgo de que «se envíe a la clandestinidad a las prostitutas y sean más estigmatizadas», ha enunciado Pilar Calvo. Prácticamente todos han reclamado la distinción entre la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y la prostitución; y algunos, como ERC, que votará en contra, han calificado la norma de «prohibicionismo punitivista de toda la vida» y «nada de abolicionismo» y han defendido «el consentimiento cuando se presta en libertad» como «decisión autónoma de las mujeres».

En el fondo, los disensos se deben a cómo cada grupo concibe la prostitución: para los socialistas, la prostitución «es incompatible con la dignidad humana» y el «último residuo del sistema esclavista», en palabras de Adriana Lastra, para la que las mujeres que «deciden por necesidad» ser prostitutas «nunca deciden libremente». «Este es el momento, este es el tiempo y esta es nuestra responsabilidad. Lucrarse con la prostitución de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre. El proxenetismo es incompatible con la democracia», ha añadido la parlamentaria, que ha asegurado que su partido «aspira a dar un paso histórico» con esta ley como «primer paso» hacia la abolición de la prostitución.

El discurso es común en el Partido Popular, que ha calificado la prostitución como «una forma particularmente grave de violencia hacia las mujeres» que «esconde los rasgos más crueles de desigualdad», ha manifestado la popular Marta González. «A través del dinero se legitima un ejercicio de subordinación. Ninguna mujer ejerce de forma libre, lo hace coaccionada o condicionada por una situación de vulnerabilidad económica», ha señalado la diputada, que ha comparado la prostitución con la venta de órganos y ha defendido «las mismas razones éticas» para oponerse a una y la otra.

Ya desde hace varios días Unidas Podemos, donde conviven distintas posturas en torno a este tema, había adelantado que apoyaría la toma en consideración de la norma y así lo ha anunciado la diputada Sofía Castañón. Sin embargo, el grupo confederal ha dado libertad a En Comú Podem para votar en contra al considerar que la norma aborda la prostitución «de espaldas a las propias mujeres que la ejercen». Y tampoco el resto del partido se siente cómodo con el literal del texto presentado por los socialistas, aunque sí celebra que «viene a sumarse a la agenda del Gobierno en lo referente a la persecución de la explotación sexual».

La diputada asturiana ha reclamado que el endurecimiento del proxenetismo no coactivo que prevé la iniciativa haga necesaria la «explotación» de la prostitución con el objetivo de «garantizar que estamos protegiendo a las mujeres» de forma que se excluya «la prostitución voluntaria». Además, Castañón se ha posicionado en contra de las multas a los clientes que contempla el texto y ha apostado por desincentivar la demanda de prostitución «con medidas educativas» y «de ninguna manera con otras que puedan repercutir en las mujeres», ha asegurado la parlamentaria antes de defender un «abolicionismo material» alejado de «debates elevados y morales», sino centrado «en las condiciones materiales» de las mujeres.

En contra de la admisión a trámite de la iniciativa se ha manifestado también Ciudadanos, que es el único partido que ha manifestado tener una postura regulacionista de la prostitución. «¿Por qué no regular, garantizar derechos a quienes lo quieren hacer de una manera libre y consentida y perseguir la trata y la explotación sexual?», ha preguntado la diputada Sara Giménez, que ha reconocido que la formación naranja apuesta por una «regulación liberal de la prostitución» con la que, asegura, «mejorara la protección de las trabajadoras y trabajadores sexuales».

En línea con algunas otras formaciones, Giménez también ha asegurado que la reforma del Código Penal «va a colocar a una parte de las trabajadoras sexuales en una situación de riesgo» porque «no van a poder alquilar una habitación» para ejercer, por lo que «les estaremos condenando a que lo hagan en sitios escondidos o en la economía sumergida». Le ha respondido Lastra, que ha insistido en que la proposición «lo que persigue es acabar con el proxenetismo en nuestro país».

La iniciativa que el PSOE registró menos de 24 horas después del bronco debate que dejó fuera de la ley del ‘solo sí es sí’ su enmienda reforma el artículo 187 del Código Penal con tres objetivos: perseguir el proxenetismo no coactivo, multar a los clientes de prostitución e introducir la tercería locativa. Esta última es una figura recuperada del Código Penal de 1973 que prevé castigar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución, aunque exista consentimiento. Los socialistas reclaman penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 18 a 24 meses, además de la posibilidad de clausurar el establecimiento.

¿Y qué pasa con el proxenetismo? En la actualidad, el Código Penal persigue el llamado proxenetismo coactivo, que se produce cuando alguien emplea violencia, intimidación o engaño para determinar a otra persona a ejercer la prostitución. Pero, además, hay una forma de perseguir “a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona” aunque sea con el consentimiento de la misma. En este caso se debe demostrar que concurren dos circunstancias: vulnerabilidad de la víctima o la imposición de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.

La reforma socialista deja igual la penalización del proxenetismo coactivo, pero modifica este último precepto para perseguir a quien «con ánimo de lucro, favorezca, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma», es decir, elimina la necesidad de que haya «explotación de la prostitución».

El debate sobre estos dos artículos en concreto no es nuevo y, de hecho, fueron los que dilataron el trámite de la ley del ‘solo sí es sí’. La norma ya había salido del Gobierno con la incorporación de ambos (el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa) tras ser pactados por los ministerios de Igualdad y Justicia, pero con una redacción diferente: exigían la «explotación» de la prostitución, aunque se entendía por ello «el aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación» entre el proxeneta o el dueño del local y la prostituta.

Los socios del Gobierno no estaban de acuerdo con que esta ley fuera el marco para incorporar estos artículos y las diferentes posiciones en torno a la prostitución llevaron a que PNV, Ciudadanos, Bildu, En Comú Podem, la CUP, ERC y JxCAT registraran enmiendas para retirarlos. Los socialistas, por su parte, pedían endurecerlos aún más. Ante el riesgo real de que la norma se quedara por el camino, los grupos negociaron durante semanas y, según ha detallado Igualdad, el Ministerio llegó a presentar «una veintena» de redacciones alternativas en busca del consenso, que no llegó a lograrse ante la posición inamovible de los socialistas.

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