La Fiscalía pide siete años de cárcel a la mano derecha de Junqueras al mantener la malversación agravada

La reforma de la malversación pactada entre ERC y el Gobierno ha vuelto a fracasar en su intento de beneficiar a los independentistas. La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por el 1-O contra dos de los estrechos colaboradores de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, a los que pide siete y seis años y tres meses de cárcel respectivamente al mantener el mismo delito de malversación agravada anterior a los cambios en el Código Penal.

Además de los años de cárcel, la Ficalía pide para Jové y Salvadó 32 y 27 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de multas por valor de 30.000 y 24.000 euros y una indemnización conjunta de 754.920,89 euros por el "perjuicio patrimonial" causado al Estado por organizar el 1-O.

Pese a que también podía acusar de revelación de secretos, delito que contempla penas de hasta cinco años de cárcel, el Ministerio Público no lo ha hecho. Los años de cárcel que la Fiscalía pide para Jové y Salvadó se verán reducidos en una eventual condena, ya que la causa, iniciada en 2016, acumula un amplio periodo de retraso a la espera de juicio.

A la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, también colaboradora de la Vicepresidencia que ocupaba Junqueras en 2017, la Fiscalía le pide un año año de inhabilitación al estar acusada solo de desobediencia, delito que no conlleva penas de cárcel.

Con los presos ya indultados, Jové y Salvadó eran de los nombres que ERC tuvo más en mente a la hora de plantear la reforma del Código Penal. Además de diputados en el Parlament, de la treintena de cargos que esperan todavía juicio por el procés ambos son de los que tienen más peso político y orgánico: Jové es uno de los negociadores habituales con el PSOE, mientras Salvadó ha sido designado recientemente presidente del Puerto de Barcelona.

Durante la organización del referéndum, ambos ocuparon puestos clave en la conselleria de Economía que encabezaba Junqueras: Jové era su mano derecha y ocupó la secretaría general del departamento, mientras Salvadó fue el secretario de Hacienda.

Tanto el Supremo en la causa del procés sobre los exconsellers como la Fiscalía, en su caso para evitar rebajas de condenas en casos de corrupción, habían marcado un criterio restrictivo sobre la reforma de la malversación contrario a las intenciones políticas de ERC. Ese mismo criterio es el que sigue la Fiscalía Superior de Catalunya en su escrito.

El teniente fiscal catalán, Pedro Ariche, destaca que Jové "dispuso, como si fueran propios", fondos públicos de la Generalitat para la votación pese a saber que estaba suspendida por parte del Tribunal Constitucional. Con estas palabra el Ministerio Público esquiva las otras dos definiciones de malversación "sin ánimo de lucro" que PSOE y ERC idearon pensando en el procés, pero que son inaplicables para la Fiscalía.

Enumera el fiscal una serie de gastos que el Supremo ya consideró malversación, lo que dificulta sobremanera la defensa de Jové y Salvadó en el juicio. Entre ellos destacan la publicidad institucional relacionada con el referéndum (3,4 millones), y el suministro de sobres y papeletas (979.661,96 euros).