La Fiscalía pide penas de cárcel que superan los cien años para el juez y el fiscal del caso Cursach

La Fiscalía Anticorrupción reclama condenas que superan los cien años de cárcel para el juez, el fiscal y los cuatro policías que investigaron al magnate del ocio nocturno Bartomomé Cursach. La petición de condena se produce apenas unas semanas después de que la Audiencia Provincial de Balears absolviera al empresario, a su mano derecha, Bartolomé Sbert, y a otros quince procesados acusados inicialmente de integrar un entramado político, empresarial y policial dirigido a proteger los intereses del propietario del mayor imperio del ocio de Balears.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público solicita 118 años para el exjuez Manuel Penalva y 121 y nueve meses para el exfiscal Miguel Ángel Subirán por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar y ablandar a varios investigados, prevaricación a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial.

Asimismo, la acusación pide 162 años de inhabilitación para Penalva y 162 para Subirán, una reclamación en este caso simbólica dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en julio de 2021 jubilar por “incapacidad permanente para el servicio” al exjuez, con 54 años, mientras que un año antes el exfiscal cesaba su actividad al frente del organismo público con 59 años. En paralelo, la acusación reclama 59.400 euros de multa para el primero y 72.600 para el segundo.

Los hechos se enmarcan, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco, finalmente archivado, en el que fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exconcejal del PP Álvaro Gijón.

"Los investigadores se habían fijado como meta demostrar la implicación de Álvaro Gijón en los hechos objeto del procedimiento penal y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político", sostiene la Fiscalía en su escrito, firmado por Tomás Herranz y Fernando Bermejo.

Tal como recogen los fiscales, en el caso de uno de los investigados en esa causa, una vez finalizada su declaración, que se encontraba pendiente de firma, y cuando ya había salido su abogado de la sala, el magistrado, el fiscal y el subinspector de policía Miguel Ángel Blanco le manifestaron: "Diga que el señor Gijón recibió dinero", "si llego a saber antes esta declaración yo le encierro", "lo vamos a meter en prisión y Gijón y ellos estarán en las Bahamas y se irán de rositas". Según el escrito, le insistieron en que Gijón era "un hijo de puta" y que el propio imputado "iba a acabar en la cárcel" si no acusaba al exconcejal de haber recibido una comisión de un millón de euros a cambio de amañar la adjudicación del servicio de aparcamiento.

"El juez le reiteró que 'si me lo llega a declarar antes te meto en prisión', lo que asustó especialmente al investigado pues ya había estado tres días detenido y su jefe estaba en prisión. Seguidamente el abogado entró en el despachó y el fiscal Subirán le comentó, exaltado, que le sugiriera al cliente que dijera la verdad y ante la respuesta del letrado de que conocía al detenido desde hacía tres días, el fiscal le contestó: 'después no vengas a pedirme favores'", señalan los representantes del Ministerio Fiscal.

Respecto a otro de los encausados, según la acusación pública, tras pasar a disposición judicial y antes de comenzar a declarar ante Penalva y Subirán, éste le dijo que "dependiendo de lo que declarara" iría a la cárcel y que "se estaba jugando ir a prisión, permaneciendo el juez impasible". El magistrado, supuestamente, le manifestó que Gijón era "un hijo de puta, que se había llevado la pasta y que había que pillarlo y si era posible también al señor R. [en alusión al exsecretario general del PP balear José María Rodríguez]". "Ese temor motivó que declarara" contra dos de los investigados "relatando aspectos que no eran ciertos pero que así se plasmaron porque fue guiado en su declaración, que firmó sin leer".

"Lloró tras decirle el magistrado instructor que quedaba en libertad y que en unos días fuesen a ver al fiscal Subirán, que le pasaría de investigado a testigo", prosigue la Fiscalía, que señala, no obstante, que finalmente Subirán "se negó a ello a fin de seguir teniéndolo en una posición de sometimiento y que no cambiara su declaración".