La Fiscalía pide al Supremo que aplique la amnistía a todos los delitos relacionados con el procés y las protestas de Tsunami

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que aplique la amnistía a todas las conductas vinculadas con el referéndum independentista del 1-O y a las protestas organizadas por la plataforma Tsunami Democrátic contra la sentencia del procés. En sus informes, el Ministerio Público defiende que deben quedar borrados todos los delitos vinculados con esa consulta y la sentencia posterior, incluidos los de malversación y terrorismo que afectan a Carles Puigdemont. También se muestra a favor de que se levante la orden de detención contra el expresident.

Los escritos se han presentado un día después de que la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforman la cúpula de la carrera fiscal, apoyara el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir que se aplique la amnistía a todos los delitos relacionados con el 1-O. La Junta se celebró después de que los cuatro fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés en el Supremo rechazaran por “improcedente” la orden del fiscal general, que les conminó a pronunciarse a favor de aplicar la amnistía también a la malversación. Esta tesis contó con el respaldo de 18 de los 37 fiscales que participaron. Otros 13 respaldaron a los fiscales del Alto Tribunal.

En total son tres los escritos presentados al Alto Tribunal, que pidió al Ministerio Público pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía en los diferentes procedimientos abiertos relacionados con el procés. Uno es relativo a los líderes independentistas ya condenados —y parcialmente indultados— por la organización del 1-O en contra de la decisión del Constitucional, como Oriol Junqueras; otro a los que no fueron enjuiciados por haberse marchado a Bélgica tras el referéndum, como Puigdemont; y un tercero sobre la parte de Tsunami Democrátic que se desgajó de la Audiencia Nacional y fue remitida al Supremo al dirigirse contra dos aforados: el propio Puigdemont y Rubén Wagensberg (ERC).

En relación a los hechos relacionados con el procés, los informes sostienen que deben quedar amnistiados todos los delitos, incluida la malversación que ha centrado el debate en los últimos días por diferencia de criterios entre los cuatro fiscales del procés y el fiscal general del Estado. Sostienen que sólo así se respeta la voluntad del Parlamento que acordó por mayoría aprobar esta norma. Los escritos definitivos subrayan que el desvío de fondos para “financiar, sufragar o facilitar” las consultas independentistas del del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017 “se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma y, por consiguiente, serán amnistiados ”por imperativo legal“ siempre que ”hayan sido ejecutados sin un propósito de enriquecimiento“.

En este sentido, los fiscales se apoyan en varios pronunciamientos del Supremo para concluir que en el procés hubo una “distracción de fondos públicos” pero con “el único propósito” de celebrar esas consultas y recuerdan que la ley incluso muy modificada en este punto durante su tramitación parlamentaria para seguir las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Este organismo pidió que la ley estableciera “un nexo causal más estrecho” entre esas consultas y los actos de malversación. Esa recomendación se plasmó en “una definición precisa y detallada” de los actos susceptibles de ser amnistiados, según recoge el propio preámbulo de la norma. Los fiscales tampoco creen con la celebración de estos referendum se vieran afectados los intereses financieros de la Unión Europea, que podría ser otro de los motivos de exclusión de la amnistía.

En relación a la causa de Tsunami Democrátic, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, solicita también que se amnistía todos los delitos, incluidos el de terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional García Castellón está convencido de que esa causa, donde se analizan los altercados que siguieron a la publicación de la sentencia del procés, queda excluida de la ley. Su argumento es que se produjeron en esos hechos actos terroristas y que resultaron heridos de gravedad dos policías, aunque las protestas no las organizó la plataforma.

Por contra, la teniente fiscal del Supremo sostiene que “es claro que ninguno de los hechos investigados en esta causa ha causado de forma intencionada una grave violación de los derecos humanos” ni tampoco muertes, abortos, torturas o tratos inhumanos o degradantes. Estas son las exclusiones que contempla la ley y que, según el criterio de la Fiscalía, tampoco se pueden aplicar a esta causa.