La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que absuelva al fiscal general del Estado en el caso de la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En sus conclusiones provisionales de cara al juicio, la teniente fiscal asegura que Álvaro García Ortiz solo consiguió la información de la causa para desmentir noticias falsas sobre la actuación de la Fiscalía y que no hay pruebas de que él fuera quien lo filtrara a la prensa: “La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad”, dice la Fiscalía en un escrito en el que pide que testifique Miguel Ángel Rodríguez y media docena de periodistas que aseguraron haber conocido esa confesión antes de que llegara a manos de García Ortiz.

El caso se encuentra a la espera de un último trámite: que la Sala de lo Penal del Supremo ponga fecha al comienzo del juicio contra Álvaro García Ortiz, establezca qué jueces se encargarán de dictar sentencia y convoque a los testigos para declarar. El tribunal confirmó el procesamiento dictado por el juez Ángel Hurtado en cuanto al fiscal general pero dejó fuera del juicio a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, además de retirar las alusiones del instructor sobre supuestas “indicaciones” llegadas desde Moncloa para filtrar la confesión del empresario.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía desarrolla los mismos argumentos que defiende desde la apertura de diligencias. Que el líder del Ministerio Público se limitó a recabar la información del caso cuando varios medios y el entorno de Isabel Díaz Ayuso empezaron a difundir noticias falsas de la causa. También que el objetivo era sacar una nota con hechos “ciertos y acreditados” para desmentir “informaciones inveraces” y que, para entonces, eran “de público conocimiento”.

“Ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general en la divulgación de los correos electrónicos”, zanja la Fiscalía. La información que tenía ese email, en el que el abogado de González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía incluso antes de ser denunciado, “ya era conocida por otras personas con anterioridad”.

La Fiscalía pide que, además del propio fiscal general como acusado, comparezcan como testigos una veintena de personas que ya han declarado a lo largo de la investigación. Desde el propio González Amador y su abogado Carlos Neira hasta la fiscal exonerada Pilar Rodríguez, los responsables de prensa de la Fiscalía y, finalmente, los periodistas que han alegado varias veces e incluso ante un notario que tuvieron conocimiento de esas negociaciones mucho antes de que lo supiera el fiscal general.

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