Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, ha declarado como imputada en el Tribunal Supremo para ratificar que ella no filtró datos del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ni el expediente de Hacienda, ni la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él ni tampoco el correo con el que su abogado ofrecía un pacto al fiscal a cambio de reconocer sus delitos. Ese email, ha explicado hoy Rodríguez, estuvo a disposición de unas 60 personas antes de filtrarse y llegar a manos del fiscal general del Estado. El expediente completo, una vez presentada la denuncia en los juzgados, estuvo a disposición de más de medio millar de personas dentro de la Fiscalía.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que el juez Ángel Hurtado ha especificado algo que ya dejó entrever ayer durante la declaración del fiscal general: que el objeto de la causa ha cambiado. El Tribunal Supremo estableció en octubre que el comunicado de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto González Amador no era delictivo, pero que había que investigar quién había filtrado previamente el correo del empresario a la prensa. Hurtado ha explicado hoy a las partes que la causa ya no se dirige solo contra la filtración del correo. También investiga el momento en que ella, dos días después de presentarse la denuncia, hizo llegar todo el expediente del caso a la Fiscalía General, y que la nota de prensa del 14 de marzo vuelve a estar bajo la lupa de la investigación y si Rodríguez participó en su elaboración.

La fiscal provincial de Madrid ha reiterado lo que ya afirmó ante el Tribunal Superior de Justicia en su primera comparecencia el pasado mes de junio: que su papel en la gestión de la información del caso de Alberto González Amador fue cumplir con las peticiones de información que llegaron desde la Fiscalía General después de que la denuncia ya hubiera sido judicializada y a través del conducto de las daciones de cuenta. También que ella no participó en la elaboración de la nota.

La fiscal ha explicado al juez Hurtado que un total de 571 personas, entre funcionarios y fiscales, tuvieron acceso a todo el expediente tributario de González Amador después de que su caso fuera judicializado en la Plaza de Castilla de Madrid. Sobre el correo con la confesión cuya filtración se investiga, Rodríguez ha cifrado en 60 personas las que tuvieron acceso “directo” antes de que se publicara en la noche del 13 de marzo: los 16 fiscales y funcionarios con acceso al correo al que fue remitido pero también los superiores de la fiscalía provincial y la superior y diversos funcionarios.

La defensa de la fiscal provincial y del fiscal general, ejercida por dos Abogados del Estado, intenta demostrar que la información sobre el posible pacto ya circulaba por diversas redacciones y había estado al alcance de decenas de personas antes de que llegara a manos de Álvaro García Ortiz y sus colaboradores en la noche del 13 de marzo del año pasado. Entre otras personas de las 60 que tuvieron acceso al email, Rodríguez ha explicado que altos cargos de la Fiscalía en Madrid, además de ella misma, también tenían acceso al buzón de correo al que Carlos Neira, abogado del empresario, envió su confesión.

La fiscal provincial, que ha contestado a preguntas del juez y la Abogacía pero no de las acusaciones, ha dibujado un relato muy similar al expuesto por el fiscal general y otros testigos: que después de una primera pregunta desde la Fiscalía General no volvió a saber más del caso hasta el día 12 de enero, cuando elDiario.es publicó la existencia de la denuncia presentada contra la pareja de Ayuso. Esa noche el Ministerio Público activó la maquinaria para obtener los correos y emitir un comunicado, publicado ya en la mañana del 14 de marzo, desmintiendo varias informaciones falsas que difundía, entre otros, Miguel Ángel Rodríguez.

El fiscal general niega la filtración: “Rotundamente, no”

Rodríguez ha llegado al Tribunal Supremo a las 9.35 de la mañana un día después de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, compareciese ayer durante casi hora y media ante el juez Hurtado. En su comparecencia negó haber filtrado a la prensa o a la Moncloa datos confidenciales del caso de Alberto González Amador o de haber intentado perjudicar al empresario de alguna manera, reiterando que no supo de su verdadera identidad o el fraude fiscal del que se le acusaba hasta días después de ser denunciado.

El fiscal general rechazó contestar a las preguntas del juez Hurtado al entender, según explicó poco después de entrar en la sala, que el criterio del instructor ya estaba “predeterminado”. “Rotundamente, no”, contestó varias veces cuando la Abogacía del Estado le preguntó si había filtrado la información del caso de González Amador. Apuntó a que la Fiscalía de Madrid tendría que haber informado públicamente del caso cuando se presentó la denuncia y, sin embargo, no se hizo.

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