La eurodiputada Ponsatí vuelve a España tras más de cinco años en Bélgica y Escocia

Clara Ponsatí está de vuelta. La consellera de Enseñanza durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y actual eurodiputada de Junts ha regresado este martes a España tras más de cinco años que ha pasado entre Bélgica y Escocia. Ahora se expone a ser arrestada y conducida ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pese a que conserva de forma cautelar su inmunidad como diputada europea. Una vez declare ante el juez, quedará en libertad.

"Me siento muy bien, contenta de poder volver a pisar la Catalunya del sur", ha afirmado Ponsatí en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), que ha avanzado el regreso de la eurodiputada. Está previsto que Ponsatí ofrezca una rueda de prensa tras su llegada. La exconsellera ha asegurado que queda "a la expectativa de las próximas horas y días".

Ponsatí tenía las puertas abiertas para volver a España después de que el juez Llarena constatara que ya no la puede reclamar por el delito de sedición tras su derogación acordada entre el Gobierno y ERC. La eurodiputada, un verso suelto antes y después del fracaso de la intentona independentista de 2017, ahora solo está procesada por desobediencia, delito que no comporta penas de cárcel, sino tan solo de inhabilitación.

En su último auto de la semana pasada por el que rechazó los recursos de acusaciones y defensas, el juez Llarena reafirmó que la detención de Ponsatí "se limitará al tiempo estrictamente indispensable" para garantizar su declaración ante el magistrado tal y como ya hizo con la exconsellera Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

En otras palabras, el juez dejó escrito que no enviaría a prisión provisional a Ponsatí, toda vez que el delito de desobediencia por el que está ahora procesada no implica penas de cárcel. Prorrogar su arresto, admitió Llarena, comporta "dificultades para compensar la duración de la detención con la pena que en su día pudiera recaer", ya que no se puede restar el tiempo de prisión provisional a un delito sin penas de prisión en sentencia.

Firme partidaria de la vía unilateral, Ponsatí fue la única consellera que se mostró a favor de declarar la independencia dos días después del 1-O y cumplir así con las leyes de desconexión que habían aprobado los independentistas. La postura mayoritaria del Govern de Puigdemont sin embargo fue un intento de negociación con el Gobierno que nunca llegó a fructificar.

Su única misión en los tres meses que pasó en 2017 como titular de Enseñaza fue que los colegios estuvieran abiertos para la votación. Y así ocurrió. Enfrentada al resto del Govern tras el 1-O, no ha tenido problemas en despacharse contra sus excolegas de Junts y, en especial, de ERC, si bien mantiene fidelidad política a Carles Puidemont y a la estrategia exterior del procés.

Consumada la fracasada declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, Ponsatí tuvo claro que tenía que marcharse de España. Primero estuvo en Bélgica junto al expresident y el resto de exconsellers que se fueron, y en marzo de 2018 volvió a Escocia para retomar su trabajo como economista y profesora de la universidad de Saint Andrews.

Tras el Brexit en 2020, se sumó a Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputada –iba la tercera en la lista de Junts–, lo que hizo que su procedimiento de extradición se trasladara de Escocia a Bélgica. Previsiblemente ahora la causa en Bruselas quede sin efecto toda vez que el juez Llarena la mantiene imputada solo por desobediencia, delito por el que no la puede reclamar en el extranjero al no comportar penas de cárcel.

Además, a juicio de Ponsatí, el delito de desobediencia que le imputa ahora el juez estaría prescrito al haber pasado más de cinco años de las órdenes del Tribunal Constitucional para que no impulsara la votación a las que la entonces consellera hizo caso omiso.

Con el de Ponsatí ya son tres las políticas catalanas protagonistas del otoño soberanista del 2017 que han regresado a España una vez han obtenido la seguridad de que no serían encarceladas y solo serían perseguidas por un delito de desobediencia.

La primera en regresar fue la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, quien compareció ante Llarena en marzo de 2021 y este miércoles será juzgada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En julio del año pasado se entregó Anna Gabriel. La exdiputada de la CUP había pasado los cuatro últimos año en Suiza. Su juicio en un penal de Barcelona no tiene fecha.

En la misma situación que Ponsatí, procesada por desobediencia y sin visos de entrar en prisión por la causa de procés, está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien no obstante ha rechazado volver por ahora de Suiza porque cree que está investigada en la causa secreta relativa a Tsunami Democràtic.

Por el contrario, los otros tres dirigentes soberanistas que permanecen en Bélgica (el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig) sí siguen procesados por malversación, delito que conlleva penas de cárcel, por lo que su regreso voluntario a corto plazo es imposible.

Hasta que no se sustente el procedimiento sobre la inmunidad como europarlamentarios de Comín y Puigdemont el juez Llarena no reactivará sus peticiones de extradición. En cambio, no hay ninguna causa europea de la que dependa la emisión de una nueva euroorden contra Puig, que no es eurodiputado, si bien por ahora el juez Llarena no la ha enviado a Bélgica.