Agentes antiterroristas de la Policía han detenido en las últimas horas a 14 activistas de Extinction Rebellion, una organización no violenta que tiene como objetivo alertar a las autoridades del peligro para la humanidad de no luchar contra el cambio climático, informan a elDiario.es fuentes policiales. Los arrestados habrían participado en la acción desarrollada el pasado 6 de abril en la escalinata del Congreso de los Diputados, que incluyó el lanzamiento de pintura contra la fachada de la Cámara Baja.

A los detenidos se les atribuye policialmente un delito contra las altas instituciones del Estado y otro de daños. Seis de los arrestos se han producido en Madrid, ya que un séptimo se encuentra en Francia. Los detenidos fueron citados telefónicamente en el día de ayer para que en el plazo de 24 horas comparecieran en la sede de la Brigada Provincial de Información. Tras personarse se les comunicó la detención para su toma de declaración. Después se les puso en libertad. Otros cinco arrestos por la Brigada de Información local se han producido en Granada, otro más Almería, uno Ibiza y un último en Gijón. Con todos ellos ha ocurrido lo mismo que en Madrid: han sido citados, detenidos para prestar declaración y puestos en libertad.

La acusación de delito contra las instituciones del Estado ya ha causado choques en el pasado entre la Policía y los jueces. La misma Brigada Provincial de Información que ha detenido hoy a seis de los activistas para tomarles declaración denunció por ese delito ante la Audiencia Nacional a los organizadores de la protesta Rodea el Congreso en 2012 porque, según el atestado, algunos de los manifestantes intentaron asaltar la Cámara Baja. El juez Santiago Pedraz tomó declaración a varios de los organizadores y les dejó inmediatamente en libertad con un duro auto contra la Policía, en el que venía a acusar a los agentes de haberse inventado que los manifestantes habían interrumpido el normal funcionamiento de las Cortes, requisito indispensable para acusar por el delito contra las instituciones del Estado que recoge el artículo 494 del Código Penal.

Fuentes de la Audiencia Nacional han confirmado a elDiario.es que ningún juzgado de este tribunal, competente para investigar este delito, se ha hecho cargo del caso. Otras fuentes policiales aseguran que se ha enviado a Plaza de Castilla para su reparto por lo que, inevitablemente, la acusación policial por delito contra las altas instituciones del Estado terminará decayendo. En el acta entregada a los detenidos consta claramente que han prestado declaración como detenidos por un delito contra las instituciones del Estado y otro de daños.

Centenares de integrantes del colectivo Rebelión Científica se manifestaron el 6 de abril frente al Congreso de los Diputados dentro de la semana de protesta que se desarrollaba en todo el mundo ante la pasividad de gobiernos, empresas e instituciones para luchar contra la emergencia climática. Un grupo de jóvenes arrojó pintura roja contra la fachada principal del Congreso y después se sentaron al otro lado de la Carrera de San Jerónimo, en la Plaza de las Cortes.

Minutos después, decenas de antidisturbios acudieron al lugar, arrastraron a una parte de los manifestantes, que se resistieron pacíficamente a las órdenes de desalojo, para reunirlos a todos y proceder a su identificación. En el operativo policial participaron decenas de agentes. Se produjeron momentos de tensión tanto con los jóvenes que protestaban como con la prensa que intentaba documentar lo que estaba ocurriendo.

Uno de los participantes en la protesta, el científico del CSIC Fernando Valladares, explicó después al diario ABC que lo que habían lanzado a la fachada del Congreso era remolacha con agua. «Ni yo mismo me siento cómodo, daño la imagen de científico moderado, pero con el cambio climático no caben términos medios», explicó. Las fuentes policiales consultadas aseguran que la detención se ha demorado desde abril porque se aguardaba un informe del Congreso que evaluara los daños producidos, alcanzando finalmente una cifra de 3.306,69 euros, lo que supone un delito de daños.

Para su investigación los policías han contado con el visionado de imágenes del Congreso, el reconocimiento de los participantes que han hecho los agentes que se personaron en el lugar de la protesta y un informe del secretario general del Congreso de los Diputados.

A la protesta se sumaron algunos diputados. El primero, el portavoz de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, quien se sentó con uno de los grupos de manifestantes, que aprovechó para recriminarle la pasividad que también detectan en las instituciones para atajar el problema. Entre las quejas, la poca ambición de la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Después acudieron otros representantes de Unidas Podemos, como Sofía Castañón, Antón Gómez Reino o Lucía Muñoz Dalda. También el portavoz de Más País, Íñigo Errejón. A todos ellos, los manifestantes les recriminaron lo que consideran una labor poco fructífera en la consecución de los objetivos climáticos, y les pidieron que no se erijan en portavoces de la protesta.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este miércoles la detención es «completamente inaceptable». «Se trata de científicos y activistas sociales que con sus acciones están alertando del grave peligro que supone para la vida el cambio climático y la crisis ecosocial», ha asegurado en Twitter.

Errejón ha mostrado este miércoles su solidaridad con los activistas detenidos. “No deja de ser irónico que en plena ola de calor se persiga a quienes señalan sus causas», ha escrito el diputado en Twitter. «Fue una acción simbólica con agua tintada que no causó desperfectos ni interrumpió las sesiones del Congreso. Todo nuestro apoyo».

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