La Audiencia Provincial de Madrid condena a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideran al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Es su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Sí resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

El expolítico ha accedido a una condena más baja porque el tribunal ha apreciado dilaciones indebidas por el tiempo que duró la investigación. La instrucción, que se inició en 2015, se alargó durante más de nueve años, en los que acumularon más de 70.000 documentos. Los investigadores indagaron en un alambicado entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda.

Además de a la citada condena de cárcel, Rato ha sido condenado a multas por un total de más de dos millones de euros, y deberá abonar a la Hacienda Pública la cantidad de 568.413 euros, según consta en la sentencia, de más de 1.200 folios, que puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La investigación que llevó a Rato al banquillo por tercera vez se inició después de conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

Rato acumula ya otra condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, le atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

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