El Tribunal Supremo ha hecho pública la lista de siete magistrados que juzgarán y sentenciarán al fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un tribunal de mayoritaria sensibilidad conservadora y compuesto, sobre todo, por los cinco jueces que hace un año aceptaron abrir la causa contra Álvaro García Ortiz. Los mismos que, por esas fechas, ya tuvieron que tratar con un antecedente del caso y rechazaron imputar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusada por varias querellas de revelar datos confidenciales del expediente tributario de Alberto González Amador.

La causa que sentará en el banquillo al fiscal general en la segunda quincena de noviembre nació en otro tribunal, el Superior de Madrid (TSJM), en mayo de 2024. Los jueces aceptaron investigar al fiscal Julián Salto y a su superior, Pilar Rodríguez, después de varias denuncias y querellas del propio González Amador y del Colegio de Abogados de Madrid. Pero para entonces más asociaciones y grupos vinculados a la extrema derecha habían intentado, por su cuenta, abrir la vía penal en torno a las informaciones que exponían el fraude fiscal de la pareja de la presidenta regional.

Dos de ellas llegaron al registro del Tribunal Supremo en marzo del año pasado, cuando el foco estaba puesto en otra parte. La asociación Liberum, conocida por su activismo antivacunas en los tribunales, y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, vinculada a antiguos altos cargos de Vox y el PP, se querellaron contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. La razón: horas después de que elDiario.es revelara el caso de González Amador, se había dirigido a los periodistas en los pasillos del Senado para pedir explicaciones a Ayuso por vivir en un piso pagado “con fraude a la Hacienda Pública”.

Las dos querellas en defensa de González Amador acusaban a Montero de haber revelado detalles confidenciales del expediente tributario del empresario, e incluso de haber aprovechado su puesto como ministra de Hacienda para conseguirlos y exponerlos. El Tribunal Supremo, con la firma de cinco de los jueces que sentenciarán ahora a García Ortiz por una acusación similar en origen, rechazó las querellas en dos ocasiones defendiendo que la mayor parte de esa información ya había sido publicada por elDiario.es horas antes y que además, para entonces, la denuncia de la Fiscalía y su expediente tributario “ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos”.

Este caso, aunque zanjado en dos autos de la Sala y no en sentencias, es considerado un antecedente relevante de cara al juicio que tendrá lugar, previsiblemente, a finales de noviembre en el Supremo. Esos autos fueron firmados un día después de que esos mismos cinco magistrados aceptaran abrir una causa contra el fiscal general. Y son los que formarán parte del tribunal que juzgará a Álvaro García Ortiz en unas semanas.

Los medios “ya tenían la denuncia”

Los textos que ratificaron la inadmisión de las querellas tuvieron las firmas de Susana Polo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y la ponente Carmen Lamela, cinco de los siete magistrados que ahora juzgarán al fiscal general junto con Ana Ferrer y el nuevo presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Sus resoluciones abordaban dos debates que se han repetido, a lo largo de meses, en la causa abierta contra el fiscal general del Estado por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

Las declaraciones de Montero en el Senado, tras la sesión de control al Gobierno, tuvieron lugar pasadas las cinco de la tarde del 12 de marzo de 2024, horas después de que elDiario.es desvelara en exclusiva que la Fiscalía había denunciado al empresario por fraude fiscal tras una larga investigación de la Agencia Tributaria. Según las querellas, Montero apuntó a datos hasta entonces desconocidos: que había hecho fortuna durante la pandemia como comisionista sanitario en operaciones de compraventa de mascarillas.

En este caso, los cinco magistrados de la Sala expusieron que la noticia sobre la denuncia presentada contra González Amador “ya había saltado a los medios de comunicación desde primeras horas de la mañana”, con la publicación de este periódico. Y que esas primeras noticias no tuvieran “referencia expresa” a que el dinero de González Amador pudiera estar relacionado con la venta de mascarillas “no implica que esta circunstancia no fuera ya conocida por los medios, los cuales ya tenían a su disposición la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid”.

Esas primeras noticias, añadió el Supremo, también citaban el informe de la Agencia Tributaria que sustentaba el caso. “Todo ello pone de manifiesto que, cuando la querellada efectuó las manifestaciones, la denuncia de Fiscalía y su contenido, entre el que figuraba el informe de la Agencia Tributaria, ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos, por lo que ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos”. En un auto posterior para ratificar su rechazo a la imputación de Montero, el mismo tribunal añadió: “El solo hecho de ser Ministra de Hacienda no puede hacer presumir que la querellada se apoderara de tales datos”.

La confesión ya circulaba por las redacciones

El debate en torno al fiscal general y la filtración del correo con la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador gira en torno a dos ejes: si hay pruebas que demuestren que el fiscal general difundió ese email entre la prensa en la noche del 13 de marzo de 2024 y, además, si para cuando él lo recibió esa información ya estaba en poder de más gente, sobre todo medios de comunicación. En el Ministerio Público entienden que estos autos, dictados por la mayor parte del tribunal que va a juzgar a García Ortiz, sientan un precedente relevante.

El fiscal general, representado aquí por la Abogacía del Estado, siempre ha defendido que nunca envió ese correo a la prensa y que su trabajo esa noche era recopilar toda la información del caso para desmentir los bulos que difundían varios medios a instancias de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. La investigación no ha conseguido desvelar ningún contacto de García Ortiz esa noche con ningún periodista ni tampoco que diera ninguna orden para filtrar el documento.

También alega desde el principio que media docena de periodistas ya conocían esas negociaciones horas o incluso días antes de que él, a última hora de la noche del 13 de marzo, obtuviera todos los correos. Se trata de informadores de elDiario.es, El País o La Sexta que han declarado que conocieron esta información por sus propias fuentes y antes de que García Ortiz lo supiera.

Hasta ahora, el juez Ángel Hurtado ha dado por hecho que fue el fiscal general quien hizo llegar esa información a los medios que publicaron el contenido del correo. En su escrito de defensa, García Ortiz replica que es lógico que todo coincidiera en el tiempo: la investigación de los periodistas que buscaban publicar la verdadera sucesión de hechos, y en paralelo la dación de cuentas con la que García Ortiz buscaba recopilar la información y emitir un comunicado al día siguiente.

Ese comunicado fue el comienzo de la causa que ahora sienta en el banquillo a García Ortiz. En un primer momento, las diligencias abiertas en el Tribunal Superior de Madrid que después viajaron al Tribunal Supremo se centraron en ese texto y su elaboración, una línea de investigación que decidió seguir el juez Hurtado. Los cinco magistrados que admitieron a trámite el caso contra García Ortiz y que ahora dirigirán el juicio también dijeron entonces que ese comunicado no era delictivo porque para entonces, la mañana del 14 de marzo de 2024, todos los detalles de las negociaciones y confesiones de Alberto González Amador eran conocidas por todo el mundo.

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